Un error contable puede costar más de 2.000 millones a los ayuntamientos

*Antonio Escribano Mota *hereda un inmueble en *Cuenca*. Acude a la oficina de Hacienda a liquidar el impuesto de plusvalías. Se encuentra una cola para que el propio le calcule el importe. Como es matemático, decide calcularlo él mismo y liquida el impuesto. A la semana le llega una paralela de* 18.077,79 euros*. Acude a quejarse y recibe la respuesta de siempre: “Primero pague y luego reclame”. 

Así lo hace depositando el aval. Recurre en alzada ante el Tribunal Económico Administrativo de Cuenca y por supuesto, pierde. Así que recurre al Tribunal Contencioso-Administrativo de Cuenca y gana en sentencia del 21 de septiembre de 2005. El punto cuarto del fallo establece que efectivamente sobre un valor de suelo base 100, la plusvalía calculada por el ayuntamiento es de 54, mientras que la calculada por el demandante es de *35,06*. *“Lo que estaría calculando el ayuntamiento es el valor del suelo en años sucesivos y no en años pasados al aplicar el incremento sobre el valor final, el de devengo. Desde esta perspectiva, por tanto, habrá que declarar nula la liquidación complementaria practicada”*, señala la sentencia. Escribano no había hecho sino aplicar la fórmula basada en la ley que define la plusvalía el valor final x nº de años x coeficiente de incremento / 1 + (nº de años x coeficiente de incremento). “Es como si el programa Padre para el cálculo del IRPF tuviera un error en el cálculo de los rendimientos de capital”, explica a LA GACETA Carlos Tobías, director del departamento de Fiscal del despacho Álvarez Osorio Miller & Co, que ha llevado el caso. El ayuntamiento recurre y el Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Albacete) vuelve a dar la razón al demandante: la fórmula matemática del programa informático que utiliza el Ayuntamiento de Cuenca tiene un fallo técnico. En lugar de calcular la plusvalía hacia atrás, lo hace hacia adelante. El resultado es una sobre recaudación cercana al 35% que varía en función de los años de titularidad del bien y de la antigüedad del mismo. “No se ha aportado por parte del Ayuntamiento de Cuenca ningún principio de prueba técnico de fácil apoyatura probatoria”, reza la sentencia de 17 de abril de 2012. 

El Superior de Justicia de Castilla la Mancha no sólo condena al Ayuntamiento de Cuenca a devolver los 18.000 euros más los intereses de demora y las costas. Le conmina a dejar de utilizar el programa informático erróneo porque está sobre recaudando. El Consistorio reclama no ejecutar la sentencia basándose en el interés general. Petición denegada por el Superior de Justicia. Es decir, si el Ayuntamiento de Cuenca siguiera liquidando el Impuesto de Plusvalías con el mismo método, estaría prevaricando. 2.000 millones. El caso de Escribano es único, pero es extrapolable al conjunto de España, puesto que según ha podido comprobar LA GACETA todos los ayuntamientos utilizan el mismo programa informático para la liquidación del impuesto. La FEMP se lava las manos. Asegura a LA GACETA que no son los proveedores del sistema informático porque “no somos una institución de servicios sino de representación”. La FEMP de Castilla- La Mancha también se desmarca y el Ayuntamiento de Cuenca no sabe/no contesta. 

Cada año los ayuntamientos recaudan aproximadamente 1.200 millones de euros por el Impuesto de Plusvalías. Cerca de 400 millones de euros serían recaudación indebida. Si mutiplicamos por los cuatro años en los que no ha prescrito, la contingencia asciende a 1.600 millones. Si sumamos los intereses de demora, rondarían los 2.000 millones, nada menos que dos puntos del PIB. Todo un pellizco precisamente ahora que las arcas municipales se encuentran temblando. ¿Es posible que haya sentencias contradictorias de otros Superiores de Justicia? “Este no es un debate jurídico, sino matemático; el ayuntamiento afirma que dos más dos son cinco y eso es insostenible”, señala Tobías. El caso ya ha empezado a correr entre notarías y despachos de abogados. De momento se van a empezar a interponer denuncias en Madrid y Valencia. Incluso se plantea la posibilidad de presentar demandas colectivas. “Nuestro objetivo es presentar denuncias en toda España; el tema es claro y la sentencia del Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, concluyente”. Y es que para un piso medio cuyo valor del suelo en el 2012 sea de 100.000 euros, se haya tenido los últimos 20 años y se venda en este 2012, el ahorro medio se sitúa alrededor de los 6.000 euros. El ahorro para el ciudadano es elevado, pero el impacto para las arcas públicas también. El problema es heredado y lo sufren por igual ayuntamientos del PP y del PSOE. Si todos dieran marcha atrás, el impacto sería equivalente 2% del PIB. ¿Se aplicará la Justicia, se echará mano del interés general o se elevará el impuesto de plusvalías para compensar?