Gravemente perjudicial para los intereses de Castilla es el llamado ‘Pacto del Tajo’ firmado por el Ministerio y cinco CCAA, entre ellas Castilla-La Mancha, cuya presidenta, Cospedal, parece actuar más como secretaria general del PP nacional que como presidenta de esta tierra. Las razones son las siguientes:
1.- El acuerdo garantiza la continuidad del acueducto Tajo-Segura para uso exclusivo de la periferia. Los pueblos conquenses atravesados por el mismo, seguiremos sin poder utilizar esta colosal infraestructura.
2.- Los trasvases de agua se blindan jurídicamente por primera vez, ya que a partir de ahora tendrán rango de ley. Al adquirir rango de ley, los futuros envíos de agua pasan a ser un derecho reconocido (solo a los periféricos), mientras que anteriormente se autorizaban de forma discrecional, lo que favorece el envío sin discusión posible. El acuerdo no contempla ningún precio justo real por el agua, a pagar directamente a los territorios cedentes castellanos, por lo que se mantiene la situación de expolio (despojar con iniquidad, es decir, con injusticia grande). A partir de ahora, lo ilegal será no dejarse saquear, expoliar. Y todo porque sigue considerándose al agua como una materia prima de coste cero, o próximo a cero, con el objetivo de hacer artificialmente hiperrentable la agricultura-industria periférica a nuestra costa (buena parte de su riqueza es a costa de sacrificar a Castilla).
3.- El agua a trasvasar, junto con el acueducto y las normas que lo regulan, quedan fuera del control de la Confederación del Tajo por primera vez, y a partir de ahora se alojará su gestión en el Plan Hidrológico Nacional. Los habitantes de la Cuenca del Tajo serán los únicos de toda España y Europa sin poder de decisión sobre la gestión completa de su río, lo que también afecta a los técnicos y funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Los derechos de prioridad de los habitantes de la cuenca cedente (Tajo) dejan de serlos sobre los de la cuenca receptora (Segura), lo que viene a satisfacer la vergonzosa petición de la Mesa del Agua de Alicante de “unir las cuencas y la gestión del Tajo y del Segura”, lo que convierte, legal y administrativamente, al Alto Tajo en el Alto Segura. Todo ello se hace por el método de trasladar a ley un pacto que se enfrenta, o contraviene, otras leyes básicas. No tener representantes valencianos y murcianos en la Confederación del Tajo, ya no es un problema para estos. Que el Tajo sea un río castellano-extremeño-portugués exclusivamente, ya no es una ventaja jurídica para Castilla. Se consuma el principio de que lo nuestro es de todos y lo suyo es solo de ellos, lo que resulta un claro agravio.
4.- Los regantes del Segura ya han declarado públicamente que “el refuerzo normativo” pro-periferia “es una compensación a cambio de la nueva reserva no trasvasable de 400 hectómetros”. ¿Nos quitan agua y se les compensa a ellos? Los levantinos y murcianos ya mandan en el Tajo tanto como un castellano con la nueva ley en la mano, cosa que no ocurre en ningún otro río de Europa (salvo el Júcar, donde se han incluido territorios ajenos al río). Los castellanos tenemos un poco más de agua para los peces, cierto, pero a cambio no tenemos ya ni el río ni su control político ni prioridad en su uso económico.
5.- Comunidad Valenciana y Murcia ganan. Ambos gobiernos, así como el periférico Sindicato de Regantes del Tajo-Segura, se felicitan y califican de “día histórico” al quedar recogido el Memorándum de Entendimiento (sic), firmado a espaldas de Castilla-La Mancha sin que esta diga ni pío, en la ley de Evaluación Ambiental que se tramita en el Congreso y que será aprobada con toda probabilidad en diciembre.
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| "Hasta la fecha, la media a trasvasar era de 350 hm3 anuales, pero con este pacto y en función de las lluvias, la cantidad oscilará entre los 350 hm3 y los 600 hm3" (Texto y foto de ABC, 17/10/2013, a partir de datos ofrecidos por los seis firmantes en rueda de prensa). La señora Cospedal, y cuantos nos han bombardeado con la consigna de "no hay vencedores ni vencidos", nos han tomado el pelo. |
6.- El documento no concreta, intencionadamente, qué volúmenes se podrán enviar a la cuenca del Segura cuando los embalses de cabecera estén en situación hidrológica excepcional, lo que suele ser habitual. Se trata del nivel 3 de las reglas de explotación del acueducto, y dichos caudales se fijarán en un real decreto posterior que no se ha hecho público, pese a estar negociado y pactado ya, tal y como reconoce José Manuel Claver desde el sindicato de regantes murcianos en la prensa murciana. ¿Por qué será?
7.- El Consejo de Ministros ya no decidirá los desembalses en situaciones excepcionales, sino que quedará bajo el criterio y decisión del ministro de Agricultura. En estos casos, y a expensas del decreto sobre el nivel 3, los desembalses no serán automáticos cuando se superen los 400 hm3, sino que quedarán bajo la discrecionalidad del ministro. Conviene advertir que la mayoría de ministros del ramo, tanto en gobiernos del PSOE como del PP, han sido levantinos y murcianos por razones electorales, y siempre han dado prioridad a los intereses de sus circunscripciones electorales. Recordamos, a modo de ejemplo, el más escandaloso de todos, el señor Vicente Albero, a la sazón ministro socialista valenciano de Agricultura en tiempos de Felipe González, a quien cupo el deshonor de tumbar las 50.000 hectáreas de regadío declaradas de interés general por el Estado en La Manchuela conquense y albacetense, que nunca se construyeron, “para dejar correr toda el agua del Júcar hacia Valencia”. Dicha prioridad de riego de regadíos valencianos sobre los de La Mancha oriental, figuran incluso en el borrador del Plan del Júcar (el próximo en ser aprobado).
8.- El Pacto del Tajo garantiza los trasvases a la periferia pese a que se reconoce que no se saben las necesidades reales de la cuenca del Tajo (la más poblada de España). Será en un segundo decreto, denominado por los castellanistas “el de los segundones castellanos”, donde se decidirá también cómo se controla la salida de agua para los usos propios de la cuenca del Tajo, para lo cual determinará unos valores mensuales de referencia.
9.- Se mantiene el máximo trasvasable de 600 hectómetros cúbicos anuales para el Segura (uso agrícola e industrial) y otros 50 (uso humano) para el Guadiana. Lamentar que el señor Claver ha defendido públicamente la prioridad de riego de los murcianos, no solo sobre los propios castellanos del Tajo, sino incluso sobre otros castellanos (los del Guadiana), que la necesitan para beber, al afirmar que “la cuenca del Segura debe tener prioridad frente a la del Guadiana cuando haya que repartir los recursos en caso de sequía”, siendo esta su postura en la negociación del segundo decreto, cuyo contenido es secreto y podría estar decidido ya.
10.- El acuerdo contiene la liberalización de los bancos de agua y se deroga la denominada "disposición Narbona" del Plan Hidrológico Nacional, que establecía que los aportes del Tajo a la provincia de Alicante y Murcia se irían recortando a medida que entraran en servicio las desaladoras, por lo que se trasvasará agua castellana incluso aunque en la costa puedan proveérsela de otros sitios, y en una cantidad superior a la estrictamente necesaria, dejando claro que los intereses económicos (precio del agua) de la periferia están por encima de los del interior castellano (desarrollo rural). Es la gratuidad de nuestra agua (los regantes solo pagan parcialmente el coste del trasporte y el mantenimiento de la infraestructura), lo que siempre la hace más atractiva que el proveérsela ellos mismos (mediante desalación y compra).
11.- La venta de aguas ligada al trasvase Tajo-Segura está fuera del proceso de planificación y participación pública que fija como obligatorio la DMA europea. Se permite la venta entre particulares, pero no entre territorios.
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| Alicante, Murcia y Almería han conseguido gestionar el Tajo con este vergonzoso pacto que pronto será ley (CLM24h 24/10/2013) |
12.- Que se tramite por ley denota que el acueducto, y los intereses económicos de la periferia, son de interés general para el Estado, no así el pago de una compensación económica justa a las tierras castellanas de interior para su desarrollo, que seguiremos siendo un territorio dominado y administrado en función de intereses foráneos. Los castellanos reclamamos participar en el negocio así como que el Estado reconozca una deuda histórica millonaria retroactiva con nuestra tierra, calculada a partir de las series históricas oficiales de trasvases desde la puesta en marcha del acueducto, a un precio razonable y actualizado, y que dicho dinero sea empleado en el desarrollo de cuantas comarcas integran la cuenca del Tajo, que en el caso de Cuenca representa un 25%, aproximadamente, de la provincia.
13.- Resulta un engañabobos asegurar que en Castilla se ganan 160 hectómetros cúbicos anuales al aumentar de 240 a 400 hm3 la reserva en la cabecera, ya que solo se ganan una vez, y a lo largo de cinco años, y a partir de ahí la línea de reserva, y trasvases por ello, ya queda establecida.
14.- El propio vicepresidente valenciano, José Císcar, ha vendido como un éxito que “no se han incrementado los caudales ecológicos” en el Tajo (Efe, 18/10/2013, reproducido por Las Provincias).
15.- Sigue sin haber una valoración ambiental del trasvase Tajo-Segura, precisamente porque desde el punto de vista ambiental es imposible defenderlo.
16.- Se automatizan las reglas de explotación del acueducto de forma que ya no se tiene que debatir cada vez la cantidad de agua a trasvasar, sino que hay cuatro niveles fijados. Esto no sería del todo malo de no ser porque se introduce un control y unos niveles máximos de desembalses exageradamente altos, lo que en la práctica equivale a que casi cualquier cantidad es trasvasable.
17.- No hay aguas excedentarias. El consenso de los grupos conservacionistas estiman en 900 Hm3 (y no en 400), la reserva mínima para garantizar la sostenibilidad ambiental del Tajo Medio (el río más contaminado de Europa), por lo que consideran que no hay aguas excedentarias reales para trasvasar.
18.- La caducidad de las trasferencias del trasvase pasan de trimestrales a anuales, es decir, que abarcarán ahora un ciclo hídrico completo, y la compra venta de agua deja de estar restringida a situación de sequía, luego no solo se trasvasará agua por estricta necesidad, sino también por estricto negocio.
19.- Este pacto trasvasista anti-geografía y anti-naturaleza se instrumentará, irónicamente, mediante enmiendas adicionales a la Ley de Evaluación Ambiental.
20.- Con el presente Pacto/Ley, Castilla no gana absolutamente nada, pasamos de una situación en la cual el acueducto Tajo-Segura no nos sirve para nuestro desarrollo, a otra en la que nos sirve para no desarrollarnos. Solo ganan los periféricos, que adquieren derechos sobre nuestras aguas al darle rango de ley. Y todo ello sin ningún tipo de contraprestación.
21.- Para ejecutar la tropelía de los trasvases, se proyectan actuaciones en el Tajo Medio para favorecer los trasvases en el Alto Tajo, y cuyos beneficiarios únicos serán los usuarios de las aguas trasvasadas, siendo éstos quienes deben correr con su coste, y no el Estado, vulnerando el artículo 9 de la DMA. Es decir, que se está escondiendo una segunda subvención encubierta al sector hortofrutícola periférico (la primera sería el coste del agua en sí), siendo los castellanos paganos injustos de ambas (en el segundo caso junto a otros españoles).
22.- El Pacto del Tajo torea al Plan Hidrológico del Tajo porque contiene el verdadero plan del río, habiéndose presentado fuera del mismo, y tras éste, para evitar el período obligatorio de información pública y el derecho de alegaciones al mismo por lo que entiendo es un fraude de ley.
23.- Mantener los salvajes vaciados del Tajo (trasvases) limita la capacidad de generación eléctrica de los saltos de agua del río, única energía renovable, la hidráulica, cuya producción (desembalses) puede hacerse coincidir con las puntas de consumo, lo que evita tener que acudir a la energía nuclear más allá de lo estrictamente necesario. El problema es importante porque la cuenca del Tajo (la más poblada de España, y de Portugal, ya que concentra el 20% de toda la población urbana española y la que presenta una mayor tasa de crecimiento demográfico), solo representa el 15% de la capacidad hidroeléctrica española, provocando la necesidad de albergar los grandes grupos nucleares (en Guadalajara y Cáceres). Es decir, los trasvases contribuyen directamente a la nuclearización de la cuenca del Tajo cuya basura atómica también acabará en suelo castellano no muy lejano de allí, en el ATC de Villar de Cañas (Cuenca).
Como se deduce, la batalla aún no ha terminado porque faltan los dos decretos que presumo serán también perjudiciales, y por parte castellana seguirá habiendo guerra del agua sin cuartel. Y si no, al tiempo.
