23 razones para rechazar el ‘Pacto del Tajo’, incluido el fraude de ley.

Por Javier Martínez.

Gravemente perjudicial para los intereses de Castilla es el llamado ‘Pacto del Tajo’ firmado por el Ministerio y cinco CCAA, entre ellas Castilla-La Mancha, cuya presidenta, Cospedal, parece actuar más como secretaria general del PP nacional que como presidenta de esta tierra. Las razones son las siguientes:

1.- El acuerdo garantiza la continuidad del acueducto Tajo-Segura para uso exclusivo de la periferia. Los pueblos conquenses atravesados por el mismo, seguiremos sin poder utilizar esta colosal infraestructura.

2.- Los trasvases de agua se blindan jurídicamente por primera vez, ya que a partir de ahora tendrán rango de ley. Al adquirir rango de ley, los futuros envíos de agua pasan a ser un derecho reconocido (solo a los periféricos), mientras que anteriormente se autorizaban de forma discrecional, lo que favorece el envío sin discusión posible. El acuerdo no contempla ningún precio justo real por el agua, a pagar directamente a los territorios cedentes castellanos, por lo que se mantiene la situación de expolio (despojar con iniquidad, es decir, con injusticia grande). A partir de ahora, lo ilegal será no dejarse saquear, expoliar. Y todo porque sigue considerándose al agua como una materia prima de coste cero, o próximo a cero, con el objetivo de hacer artificialmente hiperrentable la agricultura-industria periférica a nuestra costa (buena parte de su riqueza es a costa de sacrificar a Castilla).

3.- El agua a trasvasar, junto con el acueducto y las normas que lo regulan, quedan fuera del control de la Confederación del Tajo por primera vez, y a partir de ahora se alojará su gestión en el Plan Hidrológico Nacional. Los habitantes de la Cuenca del Tajo serán los únicos de toda España y Europa sin poder de decisión sobre la gestión completa de su río, lo que también afecta a los técnicos y funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Los derechos de prioridad de los habitantes de la cuenca cedente (Tajo) dejan de serlos sobre los de la cuenca receptora (Segura), lo que viene a satisfacer la vergonzosa petición de la Mesa del Agua de Alicante de “unir las cuencas y la gestión del Tajo y del Segura”, lo que convierte, legal y administrativamente, al Alto Tajo en el Alto Segura. Todo ello se hace por el método de trasladar a ley un pacto que se enfrenta, o contraviene, otras leyes básicas. No tener representantes valencianos y murcianos en la Confederación del Tajo, ya no es un problema para estos. Que el Tajo sea un río castellano-extremeño-portugués exclusivamente, ya no es una ventaja jurídica para Castilla. Se consuma el principio de que lo nuestro es de todos y lo suyo es solo de ellos, lo que resulta un claro agravio.

4.- Los regantes del Segura ya han declarado públicamente que “el refuerzo normativo” pro-periferia “es una compensación a cambio de la nueva reserva no trasvasable de 400 hectómetros”. ¿Nos quitan agua y se les compensa a ellos? Los levantinos y murcianos ya mandan en el Tajo tanto como un castellano con la nueva ley en la mano, cosa que no ocurre en ningún otro río de Europa (salvo el Júcar, donde se han incluido territorios ajenos al río). Los castellanos tenemos un poco más de agua para los peces, cierto, pero a cambio no tenemos ya ni el río ni su control político ni prioridad en su uso económico.

"Hasta la fecha, la media a trasvasar era de 350 hm3 anuales, pero con este pacto y en función de las lluvias, la cantidad oscilará entre los 350 hm3 y los 600 hm3" (Texto y foto de ABC, 17/10/2013, a partir de datos ofrecidos por los seis firmantes en rueda de prensa). La señora Cospedal, y cuantos nos han bombardeado con la consigna de "no hay vencedores ni vencidos", nos han tomado el pelo.

5.- Comunidad Valenciana y Murcia ganan. Ambos gobiernos, así como el periférico Sindicato de Regantes del Tajo-Segura, se felicitan y califican de “día histórico” al quedar recogido el Memorándum de Entendimiento (sic), firmado a espaldas de Castilla-La Mancha sin que esta diga ni pío, en la ley de Evaluación Ambiental que se tramita en el Congreso y que será aprobada con toda probabilidad en diciembre.

6.- El documento no concreta, intencionadamente, qué volúmenes se podrán enviar a la cuenca del Segura cuando los embalses de cabecera estén en situación hidrológica excepcional, lo que suele ser habitual. Se trata del nivel 3 de las reglas de explotación del acueducto, y dichos caudales se fijarán en un real decreto posterior que no se ha hecho público, pese a estar negociado y pactado ya, tal y como reconoce José Manuel Claver desde el sindicato de regantes murcianos en la prensa murciana. ¿Por qué será?

7.- El Consejo de Ministros ya no decidirá los desembalses en situaciones excepcionales, sino que quedará bajo el criterio y decisión del ministro de Agricultura. En estos casos, y a expensas del decreto sobre el nivel 3, los desembalses no serán automáticos cuando se superen los 400 hm3, sino que quedarán bajo la discrecionalidad del ministro. Conviene advertir que la mayoría de ministros del ramo, tanto en gobiernos del PSOE como del PP, han sido levantinos y murcianos por razones electorales, y siempre han dado prioridad a los intereses de sus circunscripciones electorales. Recordamos, a modo de ejemplo, el más escandaloso de todos, el señor Vicente Albero, a la sazón ministro socialista valenciano de Agricultura en tiempos de Felipe González, a quien cupo el deshonor de tumbar las 50.000 hectáreas de regadío declaradas de interés general por el Estado en La Manchuela conquense y albacetense, que nunca se construyeron, “para dejar correr toda el agua del Júcar hacia Valencia”. Dicha prioridad de riego de regadíos valencianos sobre los de La Mancha oriental, figuran incluso en el borrador del Plan del Júcar (el próximo en ser aprobado).

8.- El Pacto del Tajo garantiza los trasvases a la periferia pese a que se reconoce que no se saben las necesidades reales de la cuenca del Tajo (la más poblada de España). Será en un segundo decreto, denominado por los castellanistas “el de los segundones castellanos”, donde se decidirá también cómo se controla la salida de agua para los usos propios de la cuenca del Tajo, para lo cual determinará unos valores mensuales de referencia.

9.- Se mantiene el máximo trasvasable de 600 hectómetros cúbicos anuales para el Segura (uso agrícola e industrial) y otros 50 (uso humano) para el Guadiana. Lamentar que el señor Claver ha defendido públicamente la prioridad de riego de los murcianos, no solo sobre los propios castellanos del Tajo, sino incluso sobre otros castellanos (los del Guadiana), que la necesitan para beber, al afirmar que “la cuenca del Segura debe tener prioridad frente a la del Guadiana cuando haya que repartir los recursos en caso de sequía”, siendo esta su postura en la negociación del segundo decreto, cuyo contenido es secreto y podría estar decidido ya.

10.- El acuerdo contiene la liberalización de los bancos de agua y se deroga la denominada "disposición Narbona" del Plan Hidrológico Nacional, que establecía que los aportes del Tajo a la provincia de Alicante y Murcia se irían recortando a medida que entraran en servicio las desaladoras, por lo que se trasvasará agua castellana incluso aunque en la costa puedan proveérsela de otros sitios, y en una cantidad superior a la estrictamente necesaria, dejando claro que los intereses económicos (precio del agua) de la periferia están por encima de los del interior castellano (desarrollo rural). Es la gratuidad de nuestra agua (los regantes solo pagan parcialmente el coste del trasporte y el mantenimiento de la infraestructura), lo que siempre la hace más atractiva que el proveérsela ellos mismos (mediante desalación y compra).

Alicante, Murcia y Almería han conseguido gestionar el Tajo con este vergonzoso pacto que pronto será ley (CLM24h 24/10/2013)

11.- La venta de aguas ligada al trasvase Tajo-Segura está fuera del proceso de planificación y participación pública que fija como obligatorio la DMA europea. Se permite la venta entre particulares, pero no entre territorios.

12.- Que se tramite por ley denota que el acueducto, y los intereses económicos de la periferia, son de interés general para el Estado, no así el pago de una compensación económica justa a las tierras castellanas de interior para su desarrollo, que seguiremos siendo un territorio dominado y administrado en función de intereses foráneos. Los castellanos reclamamos participar en el negocio así como que el Estado reconozca una deuda histórica millonaria retroactiva con nuestra tierra, calculada a partir de las series históricas oficiales de trasvases desde la puesta en marcha del acueducto, a un precio razonable y actualizado, y que dicho dinero sea empleado en el desarrollo de cuantas comarcas integran la cuenca del Tajo, que en el caso de Cuenca representa un 25%, aproximadamente, de la provincia.

13.- Resulta un engañabobos asegurar que en Castilla se ganan 160 hectómetros cúbicos anuales al aumentar de 240 a 400 hm3 la reserva en la cabecera, ya que solo se ganan una vez, y a lo largo de cinco años, y a partir de ahí la línea de reserva, y trasvases por ello, ya queda establecida.

14.- El propio vicepresidente valenciano, José Císcar, ha vendido como un éxito que “no se han incrementado los caudales ecológicos” en el Tajo (Efe, 18/10/2013, reproducido por Las Provincias).

15.- Sigue sin haber una valoración ambiental del trasvase Tajo-Segura, precisamente porque desde el punto de vista ambiental es imposible defenderlo.

16.- Se automatizan las reglas de explotación del acueducto de forma que ya no se tiene que debatir cada vez la cantidad de agua a trasvasar, sino que hay cuatro niveles fijados. Esto no sería del todo malo de no ser porque se introduce un control y unos niveles máximos de desembalses exageradamente altos, lo que en la práctica equivale a que casi cualquier cantidad es trasvasable.

17.- No hay aguas excedentarias. El consenso de los grupos conservacionistas estiman en 900 Hm3 (y no en 400), la  reserva mínima para garantizar la sostenibilidad ambiental del Tajo Medio (el río más contaminado de Europa), por lo que consideran que no hay aguas excedentarias reales para trasvasar.

18.- La caducidad de las trasferencias del trasvase pasan de trimestrales a anuales, es decir, que abarcarán ahora un ciclo hídrico completo, y la compra venta de agua deja de estar restringida a situación de sequía, luego no solo se trasvasará agua por estricta necesidad, sino también por estricto negocio.

19.- Este pacto trasvasista anti-geografía y anti-naturaleza se instrumentará, irónicamente, mediante enmiendas adicionales a la Ley de Evaluación Ambiental.

20.- Con el presente Pacto/Ley, Castilla no gana absolutamente nada, pasamos de una situación en la cual el acueducto Tajo-Segura no nos sirve para nuestro desarrollo, a otra en la que nos sirve para no desarrollarnos. Solo ganan los periféricos, que adquieren derechos sobre nuestras aguas al darle rango de ley. Y todo ello sin ningún tipo de contraprestación.

21.- Para ejecutar la tropelía de los trasvases, se proyectan actuaciones en el Tajo Medio para favorecer los trasvases en el Alto Tajo, y cuyos beneficiarios únicos serán los usuarios de las aguas trasvasadas, siendo éstos quienes deben correr con su coste, y no el Estado, vulnerando el artículo 9 de la DMA. Es decir, que se está escondiendo una segunda subvención encubierta al sector hortofrutícola periférico (la primera sería el coste del agua en sí), siendo los castellanos paganos injustos de ambas (en el segundo caso junto a otros españoles).

22.- El Pacto del Tajo torea al Plan Hidrológico del Tajo porque contiene el verdadero plan del río, habiéndose presentado fuera del mismo, y tras éste, para evitar el período obligatorio de información pública y el derecho de alegaciones al mismo por lo que entiendo es un fraude de ley.

23.- Mantener los salvajes vaciados del Tajo (trasvases) limita la capacidad de generación eléctrica de los saltos de agua del río, única energía renovable, la hidráulica, cuya producción (desembalses) puede hacerse coincidir con las puntas de consumo, lo que evita tener que acudir a la energía nuclear más allá de lo estrictamente necesario. El problema es importante porque la cuenca del Tajo (la más poblada de España, y de Portugal, ya que concentra el 20% de toda la población urbana española y la que presenta una mayor tasa de crecimiento demográfico), solo representa el 15% de la capacidad hidroeléctrica española, provocando la necesidad de albergar los grandes grupos nucleares (en Guadalajara y Cáceres). Es decir, los trasvases contribuyen directamente a la nuclearización de la cuenca del Tajo cuya basura atómica también acabará en suelo castellano no muy lejano de allí, en el ATC de Villar de Cañas (Cuenca).

Como se deduce, la batalla aún no ha terminado porque faltan los dos decretos que presumo serán también perjudiciales, y por parte castellana seguirá habiendo guerra del agua sin cuartel. Y si no, al tiempo.

Españolizar España

Por su interés, reproduzco íntegro un gran artículo firmado por Javier Orrico (reproducido por Periodista Digital, 24/09/2013), a propósito de las últimas declaraciones de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre sobre que "hay que catalanizar España":

Por Javier Orrico

"Hasta ahora habíamos creído que lo que defendía Esperanza Aguirre era españolizar España. Frente al marianismo mudo, el centrismo desleído y los potitos ideológicos, se trataba de reconstruir el Estado para volver a ser iguales, para tener una sanidad de todos, con hospitales abiertos a cualquier español, y una educación en la que se estudiara esencialmente lo mismo en La Coruña, Gerona o Valencia. Más que nada para poder viajar o vivir donde nos diera la gana. Y lo mismo con la Justicia, la Policía o los impuestos. Un país grande para respirar frente a estas patrias jibarizadas de hoy. Un país donde escapar del campanario de la aldea, que es lo que se consideró progresista hasta que los autoprogresistas se convirtieron en mamporreros de los jíbaros nacionalistas. Salvando aCorcuera, bronco, sincero y español, de cuando los socialistas creían en la igualdad y en que el progreso era unir.

Pero ha ido Aguirre a Cataluña a halagar a “una burguesía”, esa de “la pérgola y el tenis” que inmortalizó el gran Jaime Gil de Biedma, su tío; esa de las “Últimas tardes con Teresa”, de Marsé; esa que consiguió colarnos el mito de su civilidad y su europeísmo, cuando en verdad lo único que habían hecho era explotar la cobardía del Régimen de la Restauración (y de todos los que vinieron después), imponiendo un proteccionismo que hemos pagado los demás, no sólo como mercados cautivos, sino como factorías de mano de obra barata. La misma que hoy les molesta tanto si pide que a sus hijos les enseñen también en español.

“Hay que catalanizar España”, ha dicho Aguirre. Puede que haya querido ofrecer puentes, dulcificar el conflicto. Pero con eso, y alguna otra afirmación poco meditada, se anula a sí misma como alternativa y pervierte el conjunto de un discurso que su partido habría debido pronunciar hace mucho tiempo. A los políticos madrileños siempre se los acaba comiendo el hijo pródigo catalán, hasta que un día a los hijos leales se nos hinchen los mismísimos. Sobre todo cuando además ha añadido que hay que acabar con el “café para todos”, recurrente demanda catalanista para aparecer como los únicos que merecen distinción. Sólo ellos son singulares, sólo ellos son necesarios, como el señor alcalde de “Amanece que no es poco”. Los demás, al parecer, somos contingentes y hemos “surgido de la nada”, qué milagro histórico-genético. Si se lo hubieran dicho al general Martínez Campos se habría ahorrado marchar en 1874 con medio ejército español hasta Cartagena, o sea, la nada, y bombardearla para acabar con la revolución cantonal. Tendremos que montar una Diada conmemorativa a ver si nos traen el tren, que seguimos con las mismas vías del siglo XIX. Parece que es el único lenguaje que entiende eso que se conoce por Madrit.

Si lo que quieren es ofrecerles a los catalanes un estatuto de desigualdad, que no se esfuercen, que ya lo tienen. Pero si lo que pretende el triángulo Madrit-Barcelona-Bilbo-ao, que malgobierna y esquilma España desde hace ciento cincuenta años, es proclamar nuestra natural inferioridad, no sólo de hecho, sino legal, que directamente nos declaren siervos de la gleba o casta de intocables a todos los españoles de las regiones “inexistentes”, de la regiones-limbo. Esto es, bien leído, lo que proponen el PSOE-PSC bajo el nombre de reforma federal de la Constitución, una estafa absoluta para consolidar los privilegios catalanes y la supremacía de los territorios sobre los individuos. La envoltura de un racismo que envilece a la izquierda española y va camino de acabar también con la derecha, que así volvería de pleno a su vieja naturaleza caciquil y foralista.

Hace casi veinte años que ya se intentó la catalanización de España. Que al fin no es más que un secular proyecto del nacionalismo catalán de cuando aún no era mayoritariamente separatista, y pensaba, henchido de orgullo industrial, sustituir a una Castilla desaparecida en el combate de darse a España. Pero para fecundar una nación hay que estar dispuesto a diluirse en ella, lo que una Cataluña siempre ensimismada nunca quiso hacer. Por eso, ni siquiera ha conseguido ser aceptada en los territorios que repobló, porque siempre le han visto la patita colonial. Castilla, en efecto, hoy no existe, pero ha dejado tras de sí una civilización universal y quinientos millones de personas.

"Hace casi veinte años que ya se intentó la catalanización de España. Que al fin no es más que un secular proyecto del nacionalismo catalán de cuando aún no era mayoritariamente separatista, y pensaba, henchido de orgullo industrial, sustituir a una Castilla desaparecida en el combate de darse a España. Pero para fecundar una nación hay que estar dispuesto a diluirse en ella, lo que una Cataluña siempre ensimismada nunca quiso hacer. Por eso, ni siquiera ha conseguido ser aceptada en los territorios que repobló, porque siempre le han visto la patita colonial. Castilla, en efecto, hoy no existe, pero ha dejado tras de sí una civilización universal y quinientos millones de personas".

Aquello, lo de 1986, se llamó “Operación Roca”, y fue una alianza de los pocos liberales españoles, con Garrigues a la cabeza, y un pujolismo que enviaba a su mejor hombre, Roca(y de paso lo desactivaba en Cataluña), para lograr el viejo sueño de la total hegemonía catalana en España. Ya no sólo económica, como aún lo era entonces, sino política, cultural y simbólica.

Pero eso ya pasó. Los españoles, taurinos, intuyeron el engaño. Ya no hay mito. Sólo queda su mentira. Ni culta, ni civilizada, ni universal. Lo que ha quedado al descubierto es la hegemonía de una Cataluña cateta, en su peor sentido, cerrada, de pequeñoburgueses venidos a más, nostálgicos del proteccionismo y las fronteras. Donde llaman curiosamente españoles, a modo de insulto, a los los mejores catalanes, los que se resisten a ser así, los millones que no merecen que los olvidemos y que han sido excluidos de la vida oficial. Bendito insulto. Desde que se autogobiernan, su declive ha sido imparable. Cataluña es hoy la región más corrupta de España, según la Comisión Europea. O sea, que ya estamos bastante catalanizados. Más no, por favor".

Crónica del Homenaje al pendón de Castilla (Cuenca, 21 de septiembre de 2013)

El Pendón Real de Alfonso VIII, Pendón de la Conquista o Pendón de Castilla, siempre enfundado para que no se deshilache, en los arcos del Ayuntamiento de Cuenca momentos antes del inicio de la procesión cívica del Traslado o Devolución del Pendón del Ayuntamiento a la Catedral. (Foto: Voces de Cuenca, 21/09/2013)

Inicio de la procesión (Foto: Voces de Cuenca)

La procesión del Traslado del Pendón de Castilla cruzando la Plaza Mayor de Cuenca. El pendón lo porta el concejal más joven de la corporación municipal (Foto: Las Noticias de Cuenca).

Recreación histórica (a cargo del grupo medievalista Conca), de los reyes de Castilla, Alfonso y Leonor, durante el acto. Los ropajes son reproducciones exactas de los reyes hallados en el Monasterio de Las Huelgas de Burgos, donde están enterrados. (Foto: Voces de Cuenca)

Detalle del Traslado (Foto: Voces de Cuenca).

Acto de devolución del pendón a la catedral en el Altar Mayor de la misma, junto a la estatua de San Mateo, momentos antes de iniciarse la Santa Misa en honor a San Mateo y al propio Pendón de Castilla, que presidirá la misa. El pendón será custodiado en la catedral durante el año (364 días). Esta es la razón por la cual, en realidad, hay dos traslados, el primero desde la Catedral hasta el Ayuntamiento el día 20 (por la tarde), donde pasará una sola noche, y el de la devolución del día 21, día de la conquista (por la mañana) donde pasará el resto del año. (Foto: CuencaNews).

Concentración castellanista en la Plaza Mayor de Cuenca (Foto John Elmer)

Tras salir de la Catedral en dirección a la estatua de Alfonso VIII a la ofrenda floral. (Foto Voces de Cuenca).

Frente a la estatua de Alfonso VIII, momentos antes de la ofrenda floral (Foto Voces de Cuenca).

Frente a la estatua de Alfonso VIII, momentos antes de la ofrenda floral (Foto Voces de Cuenca).

Fin de la procesión para las autoridades... (Foto Voces de Cuenca).

... no así para los castellanistas que harán su particular ofrenda y reunión de hermandad castellanista.

Numerosos castellanistas se van acercando.

Animosas conversaciones entre neo-comuneros del siglo XXI.

Docenas de espectadores se interesaron por primera vez por el castellanismo, quisieron hacerse fotos con nuestros pendones, etc. Se les invitó a sumarse el año que viene.

Pendones rojo de gules y su evolucionado cuartelado, los grandes protagonistas de la jornada.

Tras la jornada, el éxito de la convocatoria, convertida por primera vez en un acto reivindicativo por los castellanistas conquenses, se palpaba.

El lema de este año fue "Stop trasvases: regadíos y futuro en Castilla" como muestra de rechazo a los planes hidrológicos del Tajo y Júcar por no contemplar en nuestra tierra más que el abastecimiento urbano, negándonos el aprovechamiento agrícola, industrial y turístico que si se les concede a los vecinos, cuya prioridad vergonzosamente aparece en el borrador y que seguirán llevándosela gratis.

También se solicitó a las autoridades municipales que construya de manera urgente un mástil gigante con los pendones de Cuenca y Castilla, en un lugar emblemático de la ciudad tal como la Plaza Mayor o la Torre Albarrana del Castillo, donde ondeen permanentemente, y donde puedan ser izados, como un acto central más de cada San Mateo (21 de septiembre), jornada que conmemora la toma de Cuenca por las tropas castellanas y su vuelta a Occidente.

Pese a las numerosas bajas, éxito rotundo. El año que viene más y mejor.

El autonomismo uniprovincial hunde el puerto de Santander

Por Javier Martínez

Los recientes datos de tráfico de mercancías en los puertos españoles entre 2011 y 2012 confirman el desastre, el fracaso del puerto de Santander y de la uniprovincial autonomía al margen del resto de Castilla. A las ya de por si raquíticas cifras del puerto de Santander de los últimos años, se le une ahora una espectacular caída del 46’92%, la segunda más alta de España, lo que contrasta con el recobrado empuje de Bilbao (+6,52%), Ferrol (+68,82%) y Gijón (+35,55%), sus principales competidores. Y ello en un momento de claro auge del sector portuario español. No solo eso, el puerto castellano se sitúa en el puesto 25 de un total de 27, cuando en 2006 era el 16, y en el siglo XIX el 6º. Así lo recordaba el “castellanista” Fco. Ignacio de Cáceres y Blanco, ex consejero de Obras Públicas cántabro, en 1983 (Diario Montañés, 14/10/2007).

La desconexión político-administrativa de La Montaña de su hinterland, o área terrestre de influencia natural, que no es otra que el resto de Castilla, la meseta, se paga cara. Asturianos y vizcaínos, más hábiles, han situado ya, o proyectan hacerlo, puertos secos en la meseta, mientras Santander, que podría tener cuasi en exclusiva, y ventaja en ese mercado de haber seguido unida a Castilla la Vieja, pierde la carrera. Y todo para conseguir poltronas autonómicas de la uni-provincial neo-región cántabra cuatro espabilados, que además, reniegan interesadamente de todo lo castellano, de sus raíces castellanas. El resultado de esa ideología local neo-indigenista, consistente en saltarse y borrar varios siglos de la historia castellana de Santander (cuna de la primera Marina de Guerra de Castilla), y basada en el verde-paisajismo irrelevante para crear una nueva identidad regional, es ya un hecho constatable: la economía y la autonomía de Cantabria es un fracaso, se mire por donde se mire. Santander, pudiendo ser la perla del Cantábrico, es la nada.

"La desconexión político-administrativa de La Montaña de su hinterland, o área terrestre de influencia natural, que no es otra que el resto de Castilla, la meseta, se paga cara" 

Evolución 2011-2012 del número de contenedores TEU movidos en los puertos españoles (Fuente: Puertos del Estado).

Por otra parte, del análisis de la tabla expuesta, pueden concluirse varias cosas. Valencia (+3,29%) sigue líder y arrasa cada día más a Barcelona (-13,11%), que suma su sexto año consecutivo de caída aunque mantiene la tercera plaza. Valencia se sitúa como destacado primer puerto español (cuota espectacular del 31,9%), primer puerto del Mediterráneo, quinto puerto europeo y 30º del mundo (el primero es el chino Shanghái). Algeciras (+12,99%), se mantiene como segundo puerto español (cuota no menos impresionante del 29,1%) y del Mediterráneo, muy cerca de Valencia. Entre ambos copan el 61% del tráfico nacional, ahí es nada. Tarragona (-16,34%), también pierde terreno en favor de Castellón (+22,89%), que ya le pisa los talones.

Si a esto le añadimos que Francia acaba de retrasar (hasta 2030 o 2050), inversiones en todos los corredores ferroviarios de mercancías transfronterizos que enlazan con España “porque están lejos de la saturación”, habría que preguntarse si no se debería cambiar la prioridad de ejes ferroviarios a la hora de invertir en España.

A “espaldas” de Valencia se encuentran dos grandes urbes industriales sin puerto, Madrid y Zaragoza. Dos grandes ciudades que además son complementarias con aquella, no compiten, crean sinergias; ambas están unidas al puerto levantino directamente por dos líneas férreas, a través de Cuenca y Teruel respectivamente, casi del siglo XIX (líneas sencillas y sin electrificar). ¿No deberían ser éstos dos ejes prioritarios? Por otro loado, a “espaldas” de Algeciras, también está el gran Madrid. Para que ese eje sea realidad, falta un corto tramo ferroviario entre dicho puerto y Bobadilla (en el interior malagueño) que por otra parte, es común a los corredores central y mediterráneo. ¿No debería de ser este el tercer tramo prioritario para el Gobierno de España?

¿Y Barcelona, qué hacemos con Barcelona? Mientras se mantenga el órdago secesionista y/o la deslealtad permanente, nada. No interesa. Y nada indica que eso vaya a cambiar. Su actual suave decadencia será inexorable y acelerada en favor de Valencia si tal secesión de España, y no lo olvidemos, de la UE, se culmina. A nuevas fronteras, nuevos aranceles y huída de la industria y el comercio. Valencia es ya la ciudad clave del Mediterráneo, como Santander (y no Bilbao), debería serlo en el Cantábrico.

"Valencia es ya la ciudad clave del Mediterráneo, como Santander (y no Bilbao), debería serlo en el Cantábrico"

Ahora imaginemos por un momento que estuviese construida la Travesía Central del Pirineo (TCP), un túnel de baja cota de unos 40km, del Corredor Central ferroviario de mercancías que llegase hasta Tolouse (Francia). Esa será, o debería ser, la nueva España.

Nuevo Plan del Júcar: más de lo mismo. Castilla vuelve a perder, Valencia a ganar.

Por Javier Martínez 

Tras analizar la propuesta del Ministerio para el nuevo Plan Hidrológico del Júcar (PHJ), publicado el 08/08/2013, es evidente que el mismo es un claro heredero del pactado en 1998 por los ex presidentes Zaplana, Bono y el ministro Matas (si bien ahora cuantifica y reconoce explícitamente en su articulado las cantidades teóricas que todos los afectados necesitan), por lo que no resuelve ni ataca de raíz los problemas históricos que padecemos en Castilla, simplemente los obvia.

"No resuelve ni ataca de raíz los problemas históricos que padecemos en Castilla, simplemente los obvia"

El plan contempla unos recursos disponibles en la red fluvial de 3.056 hm3 y unas demandas reales de 3.113 hm3, es decir, se admite el desequilibrio entre lo que se exige al río y lo que éste es capaz de aportar por lo que se mantiene la ficción de que hay agua en el Júcar para todos. El conflicto del Júcar seguirá abierto.

"Se mantiene la ficción de que hay agua en el Júcar para todos. El conflicto del Júcar seguirá abierto"

El déficit hídrico es tan evidente que el nuevo plan, a diferencia del de 1998, incluye un apartado específico (artículo 33) para hablar de las "demandas no atendidas con recursos propios" de donde se deduce que habrá trasvases al Levante, bien desde el Tajo, bien desde el Ebro.

Así, alertar que el PHJ "reconoce que en los sistemas Júcar y Vinalopó-Alacantí no es posible atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua existentes, las re-dotaciones y los posibles futuros crecimientos de demanda con las adecuadas garantías y cumplir con el régimen de caudales ecológicos" establecido en el documento. "Se requiere por tanto el aporte de recursos cuyas características y procedencia serán determinados por el Plan Hidrológico Nacional", añade el documento. Aportación que descansará, huelga decirlo, en la posibilidad de trasvases y dada la situación política en el Ebro (Cataluña), me temo que el punto de mira se sitúe en la anestesiada Castilla, en el Tajo Medio, o incluso en el mismísimo Duero, tal y como ya apuntó un ministro valenciano de Agricultura de Felipe González, Vicente Albero, hace unas décadas.

El nuevo plan, apoyado incomprensiblemente por Cospedal y su Gobierno regional,  sigue otorgando "la máxima prioridad" a los riegos valencianos tradicionales del Júcar y alude al carácter histórico (sic) en una impactante frase redactada de la misma manera que en el plan anterior, reconoce la prensa valenciana. Dicho de otra forma, como no hay agua para todos los regadíos presentes (en Valencia) y proyectados hace décadas (en La Manchuela conquense y albacetense), se acepta el status quo actual según el cual los castellanos seguimos poniendo gratis el agua (dejándola correr), nos quedamos sin regadíos en La Manchuela de nuevo, y los levantinos se llevan los beneficios y el empleo. Y todavía hay quien se creerá eso de que el agua, nuestra agua, es de todos. Falso. Con este plan, nuestra agua (y digo bien, nuestra agua), sigue siendo de ellos por mor de unos infumables “derechos históricos" al expolio de recursos del vecino, que puede beber, faltaría más, pero no regar ni crear agroindustria como consecuencia de ello. Esto último solo pueden hacerlo los valencianos, que para eso son españoles de primera, con derechos "históricos" (sic), es decir, con privilegios a nuestra costa, reconocidos en un plan que pronto será ley. El agro castellano continuará como segundo plato. Y a callar, ayer como hoy, que manda el PPSOE.

Solo la ciudad de Albacete, que hasta hace poco tomaba agua de pozos y no se le permitía utilizar la del Júcar, puede presumir de mejorar algo, ya que recibe una asignación de 24 hm3 más 7 hm3 de reserva de agua superficial del Júcar. Como se ve, más que una mejora es un cambio de suministro. Faltaría más que ni para beber se pudiera usar el agua en la meseta. No entendemos a qué viene tanta alegría, tanta autocomplacencia, tanto peloteo en el PP conquense a Cospedal y Rajoy. Beber es lo mínimo. El problema de fondo no es si tendremos unos hm3 más arriba o abajo, o si unas docenas de pueblos conquenses van a tener, por fin, grifos en sus casas. El problema es que no controlamos nuestros recursos, otros hacen el mega negocio. 

A los regadíos de la Mancha Oriental se le asignan 320 hm3 de recursos subterráneos más 80 hm3 de aguas superficiales para sustituir los bombeos actuales, y en teoría, permitir la recuperación ecológica del Júcar en su tramo medio. No caerá esa breva. Después de otorgar 400 hm3 al regadío de Albacete (320+80) el documento admite que los derechos de agua concedidos por el Gobierno a los regantes de esta zona superan en 60 hm3/año el agua disponible real. Sin embargo, amplia la posibilidad de legalizar algunos, pocos, regadíos puestos en marcha irregularmente en la zona en los últimos años y para dotarlos establece una nueva reserva sobre aguas del Júcar de 65 hm3. Una minucia comparada con los miles de hectáreas ilegales que se regularizarán en Valencia, Alicante y Murcia (Segura), y que exigirán enormes cantidades de agua dejando aún más exhausta a Castilla, al Alto Tajo y al Júcar.

Destacar que pese a que el plan habla de sustitución paulatina de las extracciones de agua subterránea que afectan al caudal del río, el objetivo del cumplimiento medioambiental se aplaza hasta el año 2027; largo me lo fiáis, dejando claro la prioridad de los intereses levantinos de toda índole sobre los castellanos (medioambientales o del tipo que sean). Y es que a Valencia, nada le importan los caudales ecológicos, no hay más que ver como el río Turia es desecado al 100% desde hace décadas, justo al entrar al término municipal de dicha ciudad, y por ninguna parte se contempla en el plan regenerarlo. Bueno, “si le importa” que se mantengan los caudales pero en el interior castellano, por aquello de que así más agua corre hacia sus huertas.

El PHJ, que debe superar la actual fase de exposición pública de seis meses y ser aprobado por el Consejo Nacional del Agua antes de convertirse en un Real Decreto, presenta además, clamorosos “olvidos” y reivindicaciones históricas castellanas que lamentablemente nadie en Cuenca, ni desde el PP ni desde el PSOE, reclaman.

Entre los temas relevantes históricos que nos afectan y que no contempla o no resuelve el plan elaborado por el ministerio que dirige Arias Cañete, destaco los siguientes (adjunto mapa publicado en Levante el 27/06/2013 para entenderlo mejor):

El conflicto del Júcar (Levante, 27/06/2013)

1º.- No se resuelve el espinoso asunto de los límites verdaderos de la cuenca del Júcar, manteniendo “provisionalmente”, y contra sentencias judiciales, la delimitación actual. Es decir, se siguen considerando como territorio Júcar amplísimas zonas de ríos completos e independientes (no afluentes) del Júcar, como el Turia, el Palancia y el Mijares, así como hasta doce cuencas intracomunitarias valencianas (territorios independientes que vierten directamente al mar) sobre todo de Castellón y Alicante. La CCAA que tenga más territorio dentro de la futura y real demarcación del Júcar tiene derecho a un mayor número de representantes en los órganos de gestión y planificación. Castilla-La Mancha, si consiguiese ese objetivo que la geografía le otorga, podría sacar adelante los regadíos de La Manchuela que ahora se le niegan y cuantos quisiera. No es baladí el asunto, 50.000 hectáreas en riego pueden sostener una población nueva de unas 130.000 personas. No solo eso, podríamos incluso trasladar la Confederación del Júcar a Cuenca o Albacete. Nos falta un solo vocal para lograrlo, y si se cumpliesen las sentencias y se respetase la geografía, nos sobraría uno. 

2º.- Para “compensar” esa pérdida de influencia política en el Júcar, desde Valencia se han inventado el concepto “cuenca endorreica” (sin salida al mar) de Albacete y Pozohondo y que “suponen” casi la mitad de la provincia de Albacete. Es evidente el engaño, todas las cuencas interiores, sean de aguas superficiales o subterráneas, vierten más pronto que tarde al río Júcar, no son agujeros negros. Es hora de que se contemple y adapte escrupulosamente el concepto administrativo de confederación al concepto hidrológico o geográfico, es decir, que solo el sur de la provincia de Valencia, y en ningún caso Castellón o Alicante, se incluyan en la Confederación del Júcar, dejando fuera a todo el Turia, etc., y no solo La Albufera y el barranco del Carraixet como defiende con escasa ambición la Junta de Comunidades. En el caso de que los valencianos no acepten la geografía, y en previsión de que es imposible entenderse con los periféricos, nuestro discurso deberá ser aún más contundente si cabe: que cada cual gestione su tramo de río en su territorio y adiós muy buenas, se acabó lo de ser una colonia económica interior sin derecho al uso o venta de su principal y casi único recurso natural, el agua. Que emigren ellos.

3º.- La exclusión de las cuencas intracomunitarias de Alicante del Júcar, conllevaría que el Júcar-Vinalopó, actual y eufemísticamente “una transferencia interna”, pase a ser lo que realmente es, un trasvase más, por lo que los territorios reales del Júcar (donde ya tendríamos mayoría) serían reconocidos como cuenca cedente, teniendo la prioridad legal que ahora se les niega.

4º.- No permite segregar hidrológicamente a la perjudicada meseta de Utiel-Requena. Dado que la comarca de Utiel-Requena es geográfica e históricamente parte de la meseta, de Cuenca, y por tanto de Castilla, y sufre por parte de la Confederación del Júcar y de la Generalidad el mismo y tradicional ninguneo a su agricultura, a la que condena a ser de secano y escasamente rentable, y dado que si pertenece a la cuenca real del Júcar, los castellanistas conquenses reclamamos su reincorporación a Cuenca, lo que aumentaría aún más el peso de todos nosotros en los órganos de gestión de la Confederación, haciendo disminuir el de los valencianos, además, en la misma proporción. Jaque mate.

¿Pactan PP y PSOE entorpecer las investigaciones judiciales por la ruina y saqueo de las cajas castellanas?

Por Javier Martínez

Mientras se confirma la destrucción masiva de empleo en las antiguas cajas de ahorro castellanas, y muy particularmente en la antigua Caja de Castilla-La Mancha (CCM), cuya sede estaba en Cuenca, los responsables del desastre de esta y de todas las entidades se están yendo de rositas gracias a un ¿presunto? pacto de silencio PP-PSOE. 

Hasta ahora habíamos visto como todas las cajas de ahorro castellanas eran utilizadas por PP y PSOE en las fusiones para cambalaches, nunca hubo la más mínima intención de fusionarlas entre si, pese a que eran complementarias, y crear un grupo fuerte propio, tan solo unir entidades sanas con quebradas de distintas regiones no castellanas para taparse escándalos. Favor por favor. El resultado es la pérdida de todas ellas (una manzana podrida pudre al resto del cesto y no al revés), cuyas sedes ya no están en nuestras ciudades, y eso implica ahora que los mayores ajustes de empleo se ceben precisamente aquí. El caso de Cuenca es paradigmático. El resultado es que Castilla ha perdido sedes, entidades, poder económico y ahora empleo masivo gracias a PSOE y PP, que tanto montan. Pero ahora lo que vemos es un presunto pero evidente pacto de no agresión, de silencio y protección mutua frente a investigaciones judiciales.

"Hasta ahora habíamos visto como todas las cajas de ahorro castellanas eran utilizadas por PP y PSOE en las fusiones para cambalaches, nunca hubo la más mínima intención de fusionarlas entre si, pese a que eran complementarias, y crear un grupo fuerte propio, tan solo unir entidades sanas con quebradas de distintas regiones no castellanas para taparse escándalos. Favor por favor. Pero ahora lo que vemos es un presunto pero evidente pacto de no agresión, de silencio y protección mutua frente a investigaciones judiciales"

Así los ex banqueros, ex consejeros y ex directivos de las antiguas cajas quebradas que se enfrentan a la justicia alcanzan ya los 124 en toda España y los presuntos delitos cometidos afectan a todos los partidos políticos y sindicatos, pero sobre todo a PP, PSOE, UGT y CCOO, que también tienen representación en los consejos de administración, de ahí que se protejan y se dediquen a taparse las vergüenzas comunes. Es sospechoso que Cospedal no abra las puertas y ventanas de la CCM, y ventile responsabilidades ahora que puede, tal y como prometió cuando estaba en la oposición. ¿Ha olvidado las presuntas tropelías de Moltó y compañía o también está protegiendo a los suyos como en su día hizo el PSOE?, ¿porqué no promueve ahora una investigación parlamentaria como prometió?

Me pregunto, ¿qué ha pasado en las cajas de ahorros?, ¿por qué han caído?, ¿cómo se han gestionado?, ¿sus directivos han cometido delitos?, ¿por qué fallaron sistemáticamente los controles, las inspecciones y las auditorías?, ¿quiénes son los responsables?, ¿quién autorizó la concentración de riesgos en tan pocos clientes amigos del poder?, ¿dónde están los estudios e informes bancarios, si es que existen, que avalaban inversiones tan ruinosas como la del aeropuerto de Ciudad Real? Entiendo que muchos ciudadanos también se hacen estas preguntas y sospechan que tanto el anterior Gobierno del PSOE como el actual del PP han pactado silencio para mantener ocultas las respuestas porque ambos son conscientes que el verdadero origen del problema está en la politización y desprofesionalización, así como en el reparto de cajas y cuotas de poder que hace varios lustros ejecutaron por toda la geografía nacional. Estas cajas para mí, estas para ti. Solo así se entiende que un asunto tan grave y turbio, que ha llevado al coma irreversible al país y a millones de familias, esté prácticamente fuera de la agenda y el debate político, no así del económico y laboral, y que no sea utilizado políticamente en ninguna región, sea del color político que sea.

Con la excusa de que no quieren remover aguas que enturbien aún más el panorama económico, político y social, se están cubriendo, siempre presuntamente, ante sus responsabilidades judiciales, sospechamos no pocos ciudadanos.

No hay más que ver cómo ni el pasado ni el actual Gobierno, tampoco la Junta de Comunidades, pretende buscar culpables ni responsables de la caída de unas entidades que han costado ya 100.000 millones de euros al erario público (casi el 10% del PIB del país), cifra aún no definitiva. Hay temor a lo que se pueda destapar y todo apunta a que han pactado darle carpetazo al asunto.

Aunque de vez en cuando algunos ministros se muestran públicamente a favor de esclarecer todo lo sucedido en el sector financiero, sus movimientos ponen de manifiesto lo contrario. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía, tan sólo ha actuado de oficio y ha presentado querellas por los casos de las escandalosas prejubilaciones e indemnizaciones recibidas por las cúpulas cuando ya era palmaria la ruina. Y no en todos los casos.

Existen causas, incluso en las que la Fiscalía es contraria a la investigación y las decisiones judiciales. Dos ejemplos son recientes. El primero es la orden de prisión incondicional para Miguel Blesa (ex presidente de Caja Madrid, la caja castellana más importante y con unos 300 años de antigüedad) por la compra del City National de Florida por parte de Caja Madrid, en la que hasta el ministro de Justicia y amigo del ex banquero, Ruiz-Gallardón, ha cuestionado públicamente la medida adoptada por el magistrado Elpidio José Silva. El segundo es la imputación de la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, también del PP, por un presunto delito de cohecho en Caja Navarra, cobro de dietas irregulares, medida que tendrá que ser ratificada por el Supremo por su condición de aforada y donde el tradicional nombramiento a dedo de los magistrados por los partidos mayoritarios garantiza que todo quedará en agua de borrajas.

El Gobierno no sólo cuenta con la Fiscalía para poder actuar y ser proactivo en la investigación de eventuales delitos en la gestión de las cajas de ahorros. También dispone del Fondo de Rescate Ordenado Bancario (FROB), fondo que controla toda la banca nacionalizada (Bankia, NovaGalicia, CataluñaBanco y BMN), así como en su día el Banco de Valencia (regalado por 1€ a Caixabank tras sanearlo con 5.000 millones de euros de todos los españoles, y taparle agujeros, y sin exigencia de devolución)

Es chocante que únicamente en esta última entidad se ha promovido la vía judicial para esclarecer lo sucedido antes de la intervención. Tiene abiertas ocho denuncias contra sus ex directivos y empresarios de la región levantina, de las cuales doce ya están imputados, tras las recientes decisiones de la Audiencia Nacional. ¿Por qué no se hace algo similar en la CCM? Quizás la explicación estribe en que allí los afectados no son políticos ni sindicalistas, sino directivos y empresarios que presuntamente se auto concedían préstamos sin garantías, y sin pasar por el comité de riesgos, que acabaron con el banco y pusieron en peligro los ahorros de los depositantes. No deja de ser sintomático que solo en este caso, donde no hay políticos, las causas abiertas en los tribunales hayan sido iniciadas por la acusación de partidos políticos (entre otras organizaciones). En las cajas, como sucede en la CCM, plagadas de políticos regionales de PP y PSOE, éstos no acusan.

No queda ahí la cosa, en el caso del Banco de Valencia, la personación del FROB es interesada y en ningún caso va en calidad de acusación (según informa la prensa especializada económica), sino para comprobar de primera mano las declaraciones que realizan los encausados y los testigos citados por los jueces. ¿Está el FROB protegiendo a los anteriores gestores políticos? Todo ello apunta, a mi juicio, a que PP y PSOE están protegiéndose y tapándose las numerosas vergüenzas y presuntas corruptelas que les ahogan, no colaborando con la Justicia y prostituyendo el sistema mismo al que no han dudado en poner a los pies de los caballos. Anteponer, como parece, sus propios intereses al de ciudadanos, clientes y contribuyentes es de una deslealtad democrática repugnante.

La lista de imputados y acusados sigue aumentando muy a pesar de PP y PSOE, principalmente, pero también de IU, CiU, etc. En el último mes se ha imputado a parte de la cúpula de Caja Navarra, de Banco de Valencia y de Bankia (entidad que agrupa a siete antiguas cajas de ahorros, cuatro de ellas castellanas: Caja Madrid, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja).

Pese a que está en marcha una investigación por parte de la Audiencia Nacional para poner en marcha un procedimiento para esclarecer posibles delitos por la comercialización de las polémicas y ruinosas participaciones preferentes, a petición de cuatro colectivos de afectados, y cuyo hedor a estafa generalizada y consentida por el poder político es insoportable, la Fiscalía (que depende jerárquicamente del Gobierno), como en otros casos, se opone a que sea la Audiencia Nacional la que instruya estos procesos y sostiene que no hay indicios penales en la venta de estos productos, por los que los clientes de las entidades que han recibido ayudas acumulan pérdidas de, al menos, el 39% de media. Recordemos que la mayoría de clientes presuntamente estafados con las preferentes son ancianos sin cultura financiera alguna cuyo dinero pensaban iba a un depósito y acabó como fondos propios de las cajas, convertidas por los políticos en auténticas cuevas de alí-Babá. Hay incluso casos de menores de 1 a 4 años pillados en las preferentes, ¿seguro que no hay indicios penales por estafa?, ¿por qué entonces algunas entidades están devolviendo el dinero a cambio de no litigar?, ¿qué temen?

Igualmente, es sintomático que estos procesos están siendo extremadamente ralentizados pese a la alarma social, y que cuentan con dilatados períodos en los que los magistrados están realizando su trabajo sin necesidad siquiera de tomar declaraciones hasta encontrar nuevas pruebas o indicios.

Solo Miguel Blesa, que fue aupado a la presidencia de la caja madrileña con el apoyo de PP y los sindicatos, también presentes en el consejo de administración y por ello con responsabilidad, ha pisado la prisión unos días. Ya está fuera.

En el resto de decisiones, todas tienen el mismo objetivo y se producen por los mismos motivos: el cobro de prejubilaciones e indemnizaciones millonarias auto concedidas, es decir, por el saqueo puro y duro, pero no por la lamentable, temeraria y ruinosa gestión de amiguetes, más política que económica. Destacar que los magistrados han impuesto a los directivos de NovaCaixaGalicia, Caja Penedés y CAM el pago de altas fianzas para mantener su libertad pero éstas han sido fácilmente abonadas precisamente con el dinero saqueado a las propias entidades.

En la lista de imputados y acusados hay ex banqueros, políticos y ex políticos, sindicalistas y empresarios. Todos ellos colectivos que durante décadas controlaron las cajas de ahorros merced a cambios legislativos autonómicos similares hechos por todas las CCAA de todos los colores políticos, lo que pringa ahora a todos ellos, y que al calor de la burbuja inmobiliaria las gestionaron, en algunos casos, para su propio beneficio, como demuestran los informes periciales realizados en varios procesos de instrucción. Huelga recordar que esos cambios legislativos auspiciados por las regiones tenían por finalidad transformar las cajas en bancos reales (¿dónde quedaron los Montes de Piedad?), es decir, que los políticos-cajeros regionales jugaron a ser banqueros pero sin arriesgar el dinero propio y sin el control de una inexistente junta de accionistas. Esta es la madre del cordero, existe una conexión autonomías-cajas-desastre económico, el chapucero diseño político autonómico nacido en la Transición ha acabado en colapso económico generalizado. Por mucho que se esfuercen ahora PP y PSOE en mantener y retocar el modelo (y salvarse ellos), en parchearlo, hay que refundar políticamente España, reduciendo el número de autonomías (acabando con la injusta dispersión castellana) y repensando entre todos las funciones de éstas.

"Existe una conexión autonomías-cajas-desastre económico. El chapucero diseño político autonómico nacido en la Transición ha acabado en colapso económico generalizado. Por mucho que se esfuercen ahora PP y PSOE en mantener y retocar el modelo (y salvarse ellos), en parchearlo, hay que refundar políticamente España, reduciendo el número de autonomías (acabando con la injusta dispersión castellana) y repensando entre todos las funciones de éstas"

De todos los políticos imputados destaca la figura de un ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato (PP), por su etapa como presidente de Bankia. Se encuentra como el resto de imputados en la causa que instruye el juez Fernando Andreu por cinco delitos relacionados con la salida a bolsa del grupo a mediados de 2011. Pero, entre los afectados, están también presidentes de CCAA, como la citada Barcina o Miguel Sanz, ambos de Navarra, no así Barreda (y sus manos derechas Aráujo y ¿Moltó?), de momento, que podrían acabar imputados junto a otro ex vicepresidente del Gobierno si finalmente la justicia admite a trámite la querella presentada contra varios consejeros y directivos de la antigua CataluñaCaixa, el socialista Narcís Serra. La ausencia aún de numerosos políticos por imputar, pese a clamorosos escándalos, es cuando menos sospechosa, ¿no les parece?.

El corolario final a todo este cúmulo de despropósitos lo estamos viendo las últimas semanas: Cuenca, y numerosas ciudades castellanas, se quedan sin sedes bancarias, sin entidades que financien la economía local, los despidos laborales en las antiguas cajas (y sus filiales) se ceban sobre todo en nuestras ciudades (y no en Oviedo o Málaga), los responsables políticos de aquí no pagan por ello y aún tienen tiempo de dar lecciones de democracia y de preocuparles el futuro de esta tierra y sus gentes.