Se abre el debate territorial. Sobran muchas CCAA.

Por su interés, reproducimos íntegro el artículo de ElConfidencial.com (04/03/2012) acerca del modelo de Estado, la posible reducción del número de autonomías y administraciones y la necesaria redistribución de competencias. Los textos entre corchetes son opiniones mías añadidas:

Los constitucionalistas reflexionan sobre el modelo de Estado.

“Hay que racionalizar el Estado de las autonomías y acabar con sus dispendios”

Por Ana I. Gracia (ElConfidencial.com, 04/03/2012)

“Ya no hay café para todos y cada vez son más los presidentes autonómicos que, por miedo al colapso financiero, están dispuestos a prescindir de competencias para salvar los muebles. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, fue la primera en anunciar su intención de devolver Justicia, y dejó claro que tampoco le importaría devolver otras, como Cultura o Economía. Cualquier cosa con tal de asegurar la Educación y la Sanidad, que se comen el 70% de la financiación de todas las autonomías. Murcia, Valencia y Castilla la Mancha también han mostrado su irritación al encontrarse la caja vacía. El último en subirse al carro de la indignación ha sido el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, que en catorce palabras resumió los reproches de todos sus homólogos: “Vamos desnudos, no hay un euro, gestionar la miseria es bastante duro, es complicado”.  

El Confidencial ha consultado a catedráticos en derecho constitucional sobre si una gestión centralizada sería más económica y eficaz y si, como parece entenderse, el Estado de las  autonomías se ha convertido en un dispendio que España ya no puede permitirse. Tomando como ejemplo a Alemania, que se divide en 16 länder para una población de más de noventa millones, España y sus diecisiete autonomías con la mitad de habitantes deja al descubierto la crisis del sistema. [Pues yo les doy ideas, reduzcan a una sola CCAA las cinco en que en su día se dividió a Castilla de forma injustificada como el tiempo se ha encargado de demostrar. Eso sí es ahorrar y ganar en eficiencia] Todos coinciden en que ha llegado el momento de abrir una reflexión tranquila y replantearse el modelo, pero se echan las manos a la cabeza cuando escuchan el vocablo ‘recentralizar’, ya que ni los estatutos ni la Constitución permiten esta posibilidad”

[No estaría yo tan seguro. Si la Constitución tiene un defecto es precisamente su ambigüedad a la hora de atribuir competencias y la velocidad de transferirlas, ambigüedad que ha sido empleada para podar el Estado cuando convenía y que ahora puede ser utilizada para rearmarlo. Igualmente la Constitución habla del derecho a la autonomía pero no cita el nombre ni el territorio de ninguna de ellas]

“La crisis ha obligado a que se reconsidere el tamaño [¡por fin!] de todas las unidades: Estado, regiones y ayuntamientos [Estos últimos deberían de agruparse y ser gestionados directamente por las Diputaciones, bastante más profesionales que los ayuntamientos]; que se pongan límites de gasto, que se analice la viabilidad de las autonomías uniprovinciales y que se estudien alianzas para firmar futuros acuerdos de servicios. Los catedráticos coinciden que, a pesar de los desajustes, las duplicidades y las ineficiencias que ‘evidentemente’ existen, la descentralización ha sido un invento más beneficioso que perjudicial para España. ‘Hay que afinar competencias y crear una relación de colaboración entre Estado y autonomías para evitar disfunciones’, explica Manuel Carrasco, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

Para empezar a reordenar el sistema, este experto empezaría por suprimir duplicidades entre Estado, Comunidades Autónomas y municipios. ‘En algunos casos será más eficaz que actúe el Ejecutivo central, y en otros casos el autonómico. Que se sienten y se dividan el trabajo’. Carrasco también habla de los lujos que los dirigentes autonómicos se permitieron en épocas de bonanza y ahora no saben cómo pagarlos, como aeropuertos sin aviones y televisiones autonómicas que se comen más de lo que les toca en la tarta presupuestaria a costa de retrasar los pagos a los proveedores, que en algunos casos no ven ni un duro en año y medio.

Manuel Pulido, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, apuesta por una cooperación horizontal entre regiones. [Esto, en el fondo, es admitir que hay competencias que les vienen grandes a las CCAA, que exceden el ámbito de su territorio, que deben volver al Estado, ¿o alguien cree viable que cada CCAA 'coopere' y establezca acuerdos con las restantes?] ‘Hay que reestructurar las administraciones regionales, evitar duplicidades y excesos y mejorar los servicios compartiéndolos. No hace falta que cada región tenga un aeropuerto ni cada pueblo un hospital, podemos compartir nuestros servicios con nuestros vecinos, y ellos los suyos con nosotros’. Puestos a racionalizar el gasto, Pulido abre la puerta a un tema muy espinoso: “¿Tiene sentido que las comunidades uniprovinciales continúen solas, con el consiguiente gasto que supone mantener su independencia?”. Incluso se atreve a dar un paso más allá: ¿Sobran las diputaciones provinciales? Si no es así, que nos digan cuál es su función y si es rentable o no mantenerlas abiertas” [Resulta un tanto vergonzoso que haya profesores universitarios y políticos que desconocen el papel que éstas juegan en el mundo rural y provincial. Sobre este tema ver el enlace: No a la 'comarcalización' de Castilla. Diputaciones y CCAA de Castilla unida]

“En el plan de adelgazamiento del sector público, el profesor considera que es un disparate que los entes locales financien a 60.000 concejales cuyos sueldos se aprueban en un pleno con total autonomía. ‘El mundo local no tiene nada que ver con el modelo parlamentario. En España lo hemos hecho al revés’ [También es un disparate que gente sin formación ni cualificación pueda ser concejal, alcalde, etc. y gestionar el dinero público]. Tampoco tiene sentido que haya 'cientos' de defensores del Pueblo repartidos por todo el territorio español.'¿Por qué no se destina todo el dinero para un único Defensor del Pueblo, fuerte y centralizado? ¿Son necesarios tantos?’. 

La corrupción y el despilfarro reavivan el desencanto

El desencanto autonómico se ha reavivado por los escándalos de corrupción como la trama Gürtel o con el despilfarro de las elites políticas locales, que ahora se ven incapaces de mantener los servicios más básicos para el ciudadano. Son muchos los que critican ahora que los políticos autonómicos sigan manteniendo sus oficinas de representación en el extranjero mientras no tienen dinero para pagar. En el pódium se sitúa Cataluña, que tiene a los estudiantes en pie de guerra mientras mantiene 48 ‘embajadas’ catalanas repartidas por todo el mundo y que solo en 2012 destinará casi 27 millones de euros para su mantenimiento.

Ningún experto ni ningún estudio son capaces de corroborar que una gestión estatal fuera más eficiente y económica. [Eso es rotundamente falso. Así, el catedrático en Economía Aplicada de la Universidad Complutense, Mikel Buesa Blanco, citando a otro catedrático, escribía el pasado 23/02/2012 en LibertadDigital.com: ‘Llego al final, pues en el extremo de todo esto no está sino la idea de que, para que el progreso de la sociedad y de la economía hermosee los hogares y haga más apacible la vida de los catalanes, es necesario profundizar en el autogobierno como si existiera un «dividendo económico de la descentralización». Andrés Rodríguez-Pose, catedrático en la London School of Economics, ha dedicado un extenso programa de investigación a este asunto, con análisis empíricos de países como Alemania, Italia, Estados Unidos, Brasil, China, India, México y, naturalmente, España. Es posible que, algún día, con más espacio disponible, dedique un artículo a explicar a mis lectores los pormenores de estos interesantísimos trabajos. Pero, por ahora, baste con señalar que las ventajas económicas de la descentralización no aparecen por ninguna parte y que el desarrollo económico de las regiones, aunque no se ve impedido por la progresión en la autonomía de sus gobiernos locales, tampoco se ve impulsado por ella. El autogobierno no es, por ello, la panacea del bienestar’. De todo ello se deduce que las CCAA deben o pueden coexistir con el Estado, no son antagónicas, pero tienen razón de ser más política que económica, y que no cualquier tipo de descentralización ni asunción de cualquier competencia es deseable. Trocear competencias puede provocar pérdida de sinergias económicas incluso. En muchos casos, como en sanidad, es más que recomendable una central de compras común que abarate compra de medicamentos, etc.] Todos coinciden en que, con más coordinación entre regiones, todos ganarían [¿y no es eso admitir que hay un papel supraregional necesario, el del Estado, que hay que potenciar?] Dicen que no hace falta recentralizar, que basta con mantener un diálogo [¿?] y que haya voluntad de entendimiento [Dificil lo poneis, nada menos que entenderse a diecisiete bandas, algunas de las cuales incluso niegan al Estado. Fracaso seguro]. El sistema autonómico ha entrado en punto muerto cuando se estrenan los estatutos de segunda generación, abanderados por Cataluña, que persigue los privilegios fiscales vascos y navarros. “Como llegue a concederse este concierto económico, el mismo día Andalucía pedirá el suyo”, explica Antonio Torres del Moral, profesor de Derecho Constitucional de la UNED.

Diversos estudios avalan la teoría de que gracias a las autonomías se ha logrado reducir las diferencias de renta entre las comunidades y todas han aumentado su desarrollo económico. El catedrático Luis Aguiar agradece que, gracias a la España de las autonomías, ‘se ha generado ese consenso de autogobierno y se han identificado las tradiciones propias de cada región’. Sin embargo, critica que se impusiera un ‘sistema de partidos que ha favorecido unos mayores niveles de autogobierno sin límites y ahora no puede mantener esos excesos’”.

Un estado, una competencia

“Para Torres del Moral, el Estado autonómico ha sido el que ha conseguido acercar la administración a la ciudadanía, ‘ya que se han preocupado de cosas que al Estado le quedaban muy lejos’, pero considera que el error más grande es que el Ejecutivo central tuviera dos tipos de conversaciones con las regiones, divididas entre las amigas y las enemigas. Bajo esta premisa, a las autonomías del mismo color político ‘se les abrían las puertas y se les tendía una alfombra de favores’, mientras que a las del color contrario “se les sometía a controles mucho más exhaustivos”. Por eso este experto aboga porque las regiones “no tengan tanto peso económico y político”, sino que fuera el Estado quien “coordinase toda la política nacional”.  

Todos los expertos coinciden en que con más entendimiento entre comunidades se racionalizaría enormemente el gasto. No comparten las ansias de los dirigentes autonómicos de devolver competencias al Estado precisamente ahora, cuando no les llega el dinero. Dicen que no hace falta recentralizar, sino que puede bastar con una mayor coordinación entre Estado y regiones para organizarse de la manera más eficiente posible: un estado, una competencia. Nadie ha conseguido demostrar que la racionalidad económica esté vinculada al centralismo. Tampoco lo contrario”.