Vacaciones fiscales vascas, o cómo expoliar al vecino castellano (II)

Por Javier Martínez.

El pasado 28/07/2011, tras 17 años de pleitos, se conocía la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), con sede en Luxemburgo, que declaraba ilegales los incentivos fiscales vascos de los años noventa, más conocidos como ‘vacaciones fiscales vascas’ y cuya historia es un cúmulo de despropósitos y vergüenzas políticas y económicas, que nadie ha denunciado con toda la contundencia que merece por su gravedad, y por los daños y perjuicios causados a Castilla, principalmente.

La Corte de Luxemburgo, cuyo fallo es inapelable, declaró ilegales las llamadas vacaciones fiscales que las haciendas vascas ofrecieron a unas 300 empresas a través del impuesto de sociedades. La justicia europea cerró así, definitivamente, el largo litigio que desde 2000 mantenían la Comisión Europea de un lado y las tres Diputaciones forales del otro.

El Tribunal de Justicia de la UE calificó, a las vacaciones fiscales de 1993 a 1996, nada menos que de “ayudas estatales incompatibles con el mercado común” y, por lo tanto, deben devolverse, como solicita el Ejecutivo comunitario.

Dichas vacaciones fiscales consistían en una reducción gradual durante 10 años de la base imponible del impuesto sobre sociedades y el crédito fiscal del 45% a las nuevas inversiones superiores a los 15 millones de euros en activos fijos materiales nuevos a cualquier empresa que tuviese un capital social de 120 mil euros o un mínimo de 10 trabajadores (en la práctica, casi cualquier pyme), y cuyo objetivo era, como ha quedado demostrado, por un lado, dotar de ventajas competitivas ilegales a las empresas vascas (de ahí lo de ‘incompatibles con el mercado común’) y por otro succionar a los vecinos, directos o lejanos, el mayor número de empresas e iniciativas empresariales nacientes posibles, es decir, incentivar la deslocalización empresarial hacia territorio vasco de forma ilegal, ya que en la práctica suponía convertirse en un paraíso fiscal durante al menos 10 años.

Lógicamente esto es un expolio empresarial y fiscal para el resto de territorios europeos (las empresas españolas no vascas competidoras de esas 300, al tener unos costes impositivos mayores, venden menos, y la hacienda española, que recauda en el territorio de régimen común, donde están todas las CCAA en que se troceó a Castilla en la maldita Transición, recauda menos por ello), pero muy especialmente para la parte de Restospaña que linda con Vasconia, y que no es otra que Castilla, ya sea por su frontera santanderina, burgalesa o logroñesa (me niego a utilizar los términos ‘cántabro’, por ser un falso histórico resucitado en la Transición que obvia que La Montaña es la cuna de Castilla, y ‘riojano’, por  lo mismo, no todas las comarcas logroñesas son Rioja, por mucho que en esa misma época se decidiera renombrar a la provincia, y anular la personalidad de la Tierra de Cameros, la Sierra de la Demanda, etc.) ya que son quienes más descarnadamente han sufrido la deslocalización, la competencia desleal, y el consiguiente expolio empresarial y fiscal.

Político separatista vasco (no confundir con vascos) y/o político sucio-listo español, adoctrinando a su grey.

Ante el Tribunal de la UE, el Abogado del Estado español, que participó por primera vez de forma independiente y voluntaria en una vista ante la máxima instancia judicial europea, decidió actuar defendiendo a las diputaciones vascas que han expoliado fiscalmente la Hacienda española y empresarialmente a las regiones vecinas a Vasconia, dejando a éstas indefensas y alegando, para mayor caradura, que lo hacía 'por la indefensión de las diputaciones vascas' cuya defensa realizaron conjuntamente. El Estado defendió a su propio expoliador, dejando a Castilla sin defensa a sabiendas, y perjudicándose a sí mismo, simplemente porque al PSOE de Zapatero le convenía el apoyo del PNV.

Y lo peor es que esas ‘ayudas’ ilegales, no perdamos de vista el detalle, son “ayudas estatales”, esto es, con consentimiento del Estado. El Estado actuando como colaborador necesario, por omisión, por dejación de sus funciones, en el expolio de Castilla, y claro está, de todas las regiones del régimen común por alejadas de Vasconia que estén.

El Estado se dejó expoliar fiscalmente por una parte de su territorio, el vasco, y eso, sin explicación económica, si la tiene política. Zapatero necesitaba mantener el apoyo del PNV, y ese pacto lo pagamos, entre otros españoles, los castellanos, como siempre que no hay mayorías en Moncloa. Recordemos aquí, que Felipe González sí recurrió esa discriminación, y Aznar también. Fue Zapatero (y todos los socialistas castellanos incluidos por no rebelarse), natural de Castilla y León, quien por exigencias del siempre desleal, traidor y chupasangre PNV, nos malvendió, el muy malnacido, al retirar los recursos judiciales. Y ha sido por ello la Comisión europea, quien nos ha defendido, no España, nuestro propio país, como nos hubiese gustado. ¿Va a salirle gratis al PSOE? los culpables ni se ruborizan, nadie dimitió… y muchos de ellos incluso van a volverse a presentar a las próximas elecciones ‘para pedir la confianza’ de los castellanos, para erigirse en ‘representantes’ de éstos. Caraduras.

La reacción a esa traición, fue una cascada de denuncias (hasta once recursos aún siguen pendientes de sentencia) por los ejecutivos de dos de las tres regiones castellanas limítrofes con Vasconia, Castilla y León y La Rioja, ambas gobernadas por el PP, no así de Cantabria, cuyo presidente, el botarate Revilla, del PRC, al que frecuentemente se le llena la boca con la palabra ‘Cantabria’, gobierna con el apoyo del PSOE, y antepone su sillón, a su región.

¡Para que luego digan que no sirven las autonomías! Más servirían aún, si las tres provincias implicadas hubiesen formado parte de una misma CCAA, de nombre Castilla a secas, por una cuestión bien sencilla. La unión hace la fuerza, consigue que te respeten, te haces valer, no te ningunea nadie, en definitiva, sales de la irrelevancia y postración política y económica actual. Que nadie lo dude, una Castilla reunificada, del Cantábrico santanderino a Sierra Morena, no sería el erial decadente actual. Zapatero no se hubiese atrevido, cosa que sí ha hecho con las tres pequeñas autonomías. Y no olvidemos que esa unión castellana, tiene, además, lógica geográfica e histórica innegable.

Obsérvese que en la sentencia habla de “ayudas estatales”, es decir, que el Estado español lo ha consentido por negarse a recuperar el dinero incluso habiendo sentencias europeas que le obligaban, por lo que también es condenado… y de ahí la multa que nos pone, que habremos de pagar todos los españoles, y que más tarde  comentaremos.

La sentencia, difundida por la agencia Europa Press, desestima todos los recursos de las tres haciendas vascas y zanja el conflicto dando la razón a la Comisión Europea. Los representantes de las Diputaciones han explicado que acatan la sentencia, aunque discrepan de las consecuencias que acarrea. Dicho con otras palabras, acatan porque no les queda otra, pero siguen erre que erre, sin admitir que actuaron ilegalmente. Si los tribunales fuesen españoles, no les quepa la menor duda que se hubiesen pitorreado del fallo, y que incluso el gobierno español, como acostumbra, hubiese maniobrado con los jueces para darles la razón.

Polígonos industriales castellanos como los de Miranda de Ebro, Burgos, Logroño, Castro Urdiales, etc. fueron objetivo de la 'succión empresarial' vasca... y todo ello con el beneplácito del PSOE de Zapatero, no así de Felipe González (PSOE) y Aznar (PP) que recurrieron desde el inicio las 'vacaciones fiscales'.

Álava y Vizcaya, ahora en manos del PP y del PNV, respectivamente, han asegurado que el fallo judicial no tiene efectos prácticos, ¡chúpate esa!, puesto que las ayudas ilegales ya han sido devueltas por las empresas beneficiarias. Si hubiesen sido devueltas, digo yo, que es porque alguien se las ha pedido puesto que voluntariamente nadie devuelve un duro, cosa que no ha sucedido, lo que en la práctica significa que se reconoce que no se tenía razón en el juicio, por lo que ¿qué sentido tenía entonces seguir pleiteando?, ¿no será que no se han devuelto? Bildu, que controla la Diputación guipuzcoana desde hace escasos días, se ha desvinculado de este asunto, lavándose las manos, al recordar que se ha juzgado “la gestión de otro partido”, en alusión al PNV (pero también, suponemos, del PSE-PSOE), partido que gobernaba cuando se aprobaron. Implícitamente se reconoce que eran ilegales, o quizás aprovechen la ocasión  para lanzarle una puya al PNV, su rival por el mercado electoral más anti español. Cabe preguntarse, ¿si el pleito hubiese sido entre España y las tres diputaciones, habrían aceptado la sentencia, o habrían despotricado contra la ‘opresora Madrid’ al tiempo que desplegaban todo su arsenal más ultranacionalista? Pregunta idiota cuando la respuesta es obvia. Y ¿cómo se van a recuperar esos dineros si la agencia tributaria española ni tiene una oficina en Vascongadas, ni ejerce control directo sobre los impuestos?, ¿nos fiamos, por ejemplo, del PNV y Bildu?

La Comisión europea no. Según informa Efe, y reproduce ABC el 29/07/2011, “las Diputaciones de Álava y Vizcaya aseguraron ayer que ya han recuperado el dinero de las ayudas. De hecho, la segunda de ellas da cifras; 96,3 millones de euros, más 38,5 de intereses. Sin embargo, la Comisión no lo cree así y ha interpuesto una demanda que no se resolverá hasta la segunda mitad de 2012”.

O sea, más pleitos todavía, y todo ello, recordemos, con origen en un planificado expolio vasco a sus vecinos y una traición del gobierno de España a la parte más leal del país. La Comisión calcula entre 500 y 700 millones de euros la cantidad a devolver. Esa es la cifra de la broma zapateril.

Pedro Sanz, presidente de la diminuta y ninguneada regioncilla riojana, ya advertía el 24/11/2011 en El Mundo.es, con razón (ver noticia original aquí), cómo terminaría todo esto y el porqué sucedía: 'las vacaciones fiscales vascas las acabaremos pagando entre todos los españoles por no haber cumplido las sentencias legales [...] me siento más apoyado por Europa que por el propio gobierno [español] [...] Zapatero es el único que no ha puesto ningún recurso, discriminando a otras regiones [...] Zapatero se muestra reticente porque el PNV está por el medio' dijo tras lamentar el pacto PSOE-PNV. Pero estas cosas no solo ocurren porque cíclicamente tengamos en Moncloa un mindundi que nos malvende por unos votos a 'nuestros' insaciables peris. Ocurren también, porque los dirigentes castellanos de ciertas 'regiones', prefirieron en la Transición, ser cabeza de ratón a cola de león, pensaron en su interés personal, en cuantos más sillones mejor, y apostaron por trocear a Castilla y dejarla desvalida, sin fuerza ni pulso ni capacidad real de defensa. Y así nos luce el pelo ahora, señor Sanz. Una Castilla unida no sería tan fácilmente expoliada por los peris, ni abandonada a su suerte por el gobierno español de turno. ¡Menos mal que estábamos en Europa!

Por su parte, el ministro socialista de la Presidencia, el vasco Ramón Jáuregui, hizo, el 28/07/2011, un llamamiento para “cumplir con la sentencia de manera irrevocable” y “devolver” las cantidades que reclaman las instituciones europeas. Pero, ¿hay o no hay que devolver las cantidades expoliadas?,  ¿no decían las diputaciones que ya habían sido devueltas?, ¿quién miente?

Según publica El País.es, periódico no precisamente de derechas ni menos aún castellanista, el 28/07/2011 (ver aquí enlace a la noticia):

“Tras este fuerte varapalo a las instituciones vascas, inapelable en los tribunales, la controversia se centra ahora en la devolución de las ayudas irregulares, que se concedieron en Vasconia [nótese que, dado que escribo en castellano, no caigo en la estúpida concesión de escribir ‘Euscadi’, de intercalar palabras de otro idioma, sea vascuence o catalán, como si hace la acomplejada prensa de izquierdas española, a la que repele todo lo castellano porque lo creen carca, derechil, franquista incluso, y cosas peores].

“Bruselas ha abierto otro procedimiento para imponer una sanción [a España] que supera los 40 millones de euros por no haber recuperado las cantidades otorgadas a las empresas [tal y como le exigió en 2001,  lo que prueba que nunca hubo voluntad de recuperar el dinero por parte del Gobierno español ¿Ven cómo no se había devuelto la pasta?, ¿ven cómo no son de fiar las haciendas vascas?, ¿no es esto una prueba más de las trampas que hacen en otro tema como el cupo, que un servidor, en línea con Roberto Centeno, defendía en el siguiente artículo?].

Según Bruselas, las empresas han devuelto una parte ínfima de los más de 700 millones que se otorgaron en conjunto, entre vacaciones, mini vacaciones y el crédito del 45%, mientras que las Haciendas vascas insisten en que todo el montante está reembolsado. Las autoridades comunitarias tienen la sospecha de que las Diputaciones del País Vasco podrían no estar jugando limpio en este asunto [¿y en el del cupo vasco sí?], a la vista de la falta de transparencia con que han actuado hasta ahora y las trabas que han puesto en todo este proceso”.

Según informa Libre Mercado.com el 28/07/2011 (ver noticia original aquí) “además, la Comisión ya ha pedido una multa a España por no haber recuperado ya la totalidad de las ayudas pese a que ya existe una sentencia condenatoria del Tribunal de Primera Instancia. La sanción ascenderá al menos a 40 millones de euros y seguirá aumentando cada día que pase sin que se reembolsen las subvenciones”.

Obviamente, como los castellanos somos parte de España, nos corresponde pagar la parte proporcional de esa multa. Es decir, que nos expolian empresarial y fiscalmente y encima nos condenan a pagar una multa. Gestión socialista en estado puro.

Pregunta del millón, ¿por qué España no exigió a las tres Diputaciones el pago y no acató la sentencia previa? Pues por lo de siempre, no había intención de recuperar lo expoliado por un 'problema' político personal o de partido, porque el inquilino de turno de la Moncloa, cada vez que necesita apoyos parlamentarios de otros grupos por carecer de mayoría suficiente, echa mano de la cartera de los restospañoles y paga, gustosamente, a traidores, se llamen PNV o CiU. Y esto lo hacen, por igual, PP y PSOE, no lo olvidemos. Nos malvenden, somos moneda de cambio, dan nuestro dinero a cambio del apoyo político a unas siglas que no nos representan, que solo piensan en el interés personal y partidista.

La propia sentencia deja claro el colaboracionismo de las autoridades españolas en el expolio vasco, insisto, a Castilla y demás regiones españolas de régimen común, pero particularmente a las tres provincias de Castilla la Vieja limítrofes con Vasconia.

Así, durante la vista oral del juicio, celebrado en Luxemburgo el 10 de mayo de 2011, las nunca leales diputaciones vascas, prosigue la noticia “alegaron que la Comisión nunca comunicó a las autoridades vascas, antes de la adopción de los regímenes en cuestión, ‘ni una sola duda’ en el sentido de que pudieran ser ilegales. Al contrario, mostró una ‘actitud favorable’. El tribunal de Justicia desestima este argumento y señala que la ‘inacción’ de la Comisión durante el período comprendido entre 1996 y 2000 no podía interpretarse como una aprobación presunta de la ayuda, habida cuenta de la falta de notificación a la Comisión de los regímenes de ayudas y de la falta de colaboración de las autoridades españolas”.

Más claro agua, el gobierno español, a sabiendas de la ilegalidad de las subvenciones y del expolio empresarial y fiscal que sufría su propia hacienda en el territorio no foral, calló porque no quería molestar a sus ‘socios’ políticos, y no colaboró con la Comisión. Esto es a mi juicio muy grave, traición. Y como es habitual en este país, nadie se ruboriza, nadie dimite ¿Necesitamos o no urgentemente una ley de responsabilidades políticas?

“En segundo lugar, el TUE considera que el Tribunal de Primera Instancia no violó el derecho a un proceso justo ni las normas procesales en materia de práctica de la prueba. En tercer lugar, por lo que se refiere a los créditos fiscales del 45% del importe de las inversiones, la sentencia asegura que la Comisión no violó el principio de proporcionalidad al estimar que la obligación de las autoridades españolas de recuperar las ayudas debía aplicarse a la totalidad de las ayudas otorgadas, y no limitarse a los importes que sobrepasaran los límites máximos fijados para las ayudas de finalidad regional”.

Es decir, que las autoridades españolas cuando ya sabían que debían recuperar el dinero, actuaron intentando recuperar lo menos posible, defendiendo a sus propios expoliadores, presumiblemente para mantener el acuerdo político con el PNV.

“Sobre esta cuestión, el Tribunal de Justicia pone de relieve que las diputaciones no aportaron a la Comisión información que permitiera acreditar que, en ciertos casos individuales, algunas de las ayudas otorgadas eran compatibles con el mercado común, en particular por haber sido otorgadas respetando los límites máximos regionales aplicables en el País Vasco y por cumplir todos los requisitos exigidos para acogerse a la excepción a favor de las ayudas de finalidad regional. Finalmente, el Tribunal estima que la larga duración de los procedimientos no vulnera los principios de seguridad jurídica y de buena administración.”

En resumen, no aportan documentación porque simple y llanamente eran subvenciones ilegales a todo trapo.

“El Tribunal de Justicia de la UE ya dictaminó el pasado 9 de junio que las ‘vacaciones fiscales’ de 1993 son ilegales”.

Recordemos que esas ‘ayudas’ de 1993 consistieron en una exención del impuesto de sociedades durante diez años y que en el momento de su aprobación, esos beneficios fiscales ni se notificaron a Bruselas. Aunque según fuentes comunitarias, casi todas las ayudas públicas que se concedieron en el marco de este régimen, ya han sido recuperadas, salvo las de una compañía guipuzcoana, cabe preguntarse ¿y quién paga los daños y perjuicios causados en las economías de las provincias castellanas colindantes durante estos largos 17 años de pleitos?, ¿han vuelto a reinstalarse las empresas en su anterior emplazamiento castellano? Sin duda, el papel del Estado, el más miserable.

José Antonio Pastor, portavoz de la ejecutiva del PSE, da una de las claves de lo sucedido, probablemente sin quererlo, de este asunto al afirmar (ver ABC del 29/07/2011): “las reglas de la UE hay que aplicarlas con menos frivolidad”. Por lo que se ve, en Europa las reglas son ‘menos frívolas’ y funcionan, no como en España. Las instituciones son independientes, ni el PNV ni un Zapatero cualquiera pueden hacer y deshacer a su antojo pasteleando sentencias judiciales tal y como ocurre en España a diario con los sumisos tribunales y jueces de diseño político.

“De las declaraciones del secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo, también se desprende que las ayudas no han sido devueltas, pues ayer habló de la necesidad de iniciar un proceso de recuperación ‘arduo y laborioso’ […] El tiempo corre en contra de España, multada con 40 millones de euros por no haber recuperado aún todas las ayudas, cifra que se incrementará cada día hasta que no se reembolsen“. Así que señores, preparen la chequera que esto no ha terminado.

Para la consejera de Hacienda de La Rioja, Concepción Arruga, la lucha ‘culmina con el mayor de los éxitos’, algo que también celebró el portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, que criticó ‘la falta de un Gobierno serio en España’  quien avanzó que la Junta estudia pedir indemnizaciones ya que ha quedado demostrado que las exenciones suponen dar más beneficios a unos territorios que a otros. Argumentó que ‘las provincias más perjudicadas son aquellas que limitaban con el País Vasco, como es el caso de Burgos, ya que si una empresa estaba dudando entre instalar sus infraestructuras en la provincia burgalesa o en el territorio vasco, las ventajas fiscales hacían decantarse a la empresa por el segundo, siguiendo la lógica del planteamiento empresarial’ (ver El Norte de Castilla.es del 29/07/2011). Y no solo eso, añado yo, sino que las ya instaladas, han perdido competitividad, mercados y ventas por culpa de esas ayudas. En fin, que han servido para sembrar más desindustrialización y paro en Castilla. Que la sentencia nos haya dado la razón, no significa que el asunto esté zanjado ni que sea un éxito del todo, y eso es así porque el dinero no se ha recuperado, el daño causado durante esos largos 17 años no ha sido indemnizado y porque nos toca, para mayor repugnancia, pagar una multa que no merecemos. El 'éxito', señores Arruga y Santiago-Juárez, será efectivo cuando las tres diputaciones vascas nos paguen lo que nos expoliaron (esto sí es una verdadera 'deuda histórica')... y los responsables políticos del gobierno de España, con Zapatero a la cabeza, vayan a la cárcel, al modo islandés, por traición.

Recordemos ahora, que fueron las empresas riojanas quienes en 1994, presentaron la primera denuncia y destaparon las prácticas de competencia desleal contrarias al ordenamiento comunitario,  y que el Ejecutivo comunitario sólo lanzó  una investigación oficial en 2000, tras recibir la segunda denuncia, denuncias presentadas en los años 96 y 97 contra la aplicación de estas ventajas fiscales a las empresas Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) y Ramondín, que hicieron que la Comisión tuviera conocimiento de la existencia de estos dos regímenes fiscales en la provincia de Álava. Más tarde también supo, de manera informal, acerca de medidas similares en Vizcaya y Guipúzcoa. Y mientras tanto, el gobierno de España callando y tragando.


Sede de la empresa Ramondín, en Logroño, que sin embargo aprovechó el paraíso fiscal vasco creado para trasladarse a Álava y que hizo saltar todas las alarmas del expolio empresarial castellano denunciado por empresarios riojanos.

Por su parte, el Partido Castellano (PCAS-PCAL), fue el único que, a mi juicio, solicitó algo que es de cajón, que la multa a España por no cumplir con las sentencias de los tribunales para mantener el apoyo del PNV, sea pagada (ver enlace a la web del PCAS) por las diputaciones vascas. "La multa la debe pagar quién ha cometido la infracción, sería una burla que ahora paguemos entre todos -los españoles- lo que sólo benefició a las empresas vascas, y al tejido productivo de esa comunidad autónoma, que además perjudicó al desarrollo industrial de territorios limítrofes como la provincia de Burgos […] Los que han cometido la ilegalidad son quienes deben pagarla […] incluso los responsables gubernamentales que miraron para otro lado, y dejaron hacer, debieran tener responsabilidad económica."

Por otro lado el PCAL-BURGOS también solicita “la derogación del concierto vasco, con el fin de que todas las comunidades dispongamos de las mismas normas [ya que] estamos creando un Estado con grandes diferencias". E injusticias.

En resumen, tanto las ‘vacaciones fiscales’ como el ‘cupo’ vasco y la ‘aportación’ navarra (ver artículo sobre el expolio del cupo vasco al resto de España) son expolios directos a Castilla. ¿Cuándo nos daremos cuenta de ello, hasta cuándo lo vamos a seguir permitiendo?

El trato denigrante, injusto y humillante para con esta parte de Castilla, consentido por el gobierno español, no acaba con los expolios vascos causados tanto por las ya ilegales vacaciones fiscales como por el concierto (o cupo) vasco, sino que además, el gobierno zapateril enculado por el PNV, aceptó el blindaje del concierto económico vasco, que impide que personas físicas o jurídicas, cuyos derechos e intereses sean lesionados por las normas forales fiscales, pueden defenderlos ante los tribunales ordinarios. El blindaje tiene por misión, impedir que los riojanos, etc. y su débil y ninguneado gobierno, puedan recurrir una ilegalidad. Esto también es parte de la desgraciada herencia que los castellanos recibimos de los socialistas. Ver aquí noticia original del 10/06/2011 en Rioja2.com, en la cual Pedro Sanz (PP) reclama, con nulo éxito por culpa de su nulo peso político, económico y poblacional en el contexto español consecuencia de haber creado una 'región' en lo que a lo sumo era una pequeña provincia castellana, se ponga fin al blindaje del concierto vasco. Incapaces de reunificar todas las provincias castellanas en una sola CCAA, nos las dan por todas partes, como se ve, y en eso los culpables somos nosotros. Las ambiciones personales de los políticos castellanos pudieron más que el interés general de Castilla.



P.D.: 23/12/2011. La compañía aérea valenciana de vuelos regionales perteneciente a la familia Serratosa, Air Nostrum, pero que actúa como línea regional de Iberia, ha anunciado que estudia trasladar su sede desde Valencia a Bilbao. Aunque no se trate de una empresa castellana, sirve como ejemplo del expolio empresarial que los territorios del régimen común sufrimos a manos de los denominados forales (Vascongadas y Navarra) y que Cataluña aspira a tener (una hacienda propia y un pacto fiscal). Como se ve el expolio empresarial no afecta solo a territorios limítrofes a esas dos regiones. 'Cataluña envidia el sistema fiscal vasco, no solo por ventajoso, sino porque además está protegida esa ventaja en la Constitución, y porque cada vez que Bruselas cuestiona el modelo foral, el gobierno español sale en su defensa' (José Mª Brunet, periodista de La Vanguardia, en la tertulia Dando caña, de Intereconomía TV, 22/12/2011). Como siempre digo, el Estado es claramente pro periferia, periferista más que centralista.