El claustro románico “de Palamós”, de Salamanca.

Por Javier Martínez.

Ironías de la vida, la ciudad castellana que fue humillada por el gobierno de Zapatero, y posteriormente por el de Rajoy, a cuenta de los famosos “papeles de Salamanca”, resulta ser el origen más probable del claustro románico redescubierto en una finca privada de Palamós (Gerona).

Muy felices se las prometía la Generalidad de Cataluña cuando en julio de 2012 emitió un informe, que solo puede ser calificado de político, a toda prisa, con el objeto de zanjar cuanto antes el asunto, cerrarlo y de paso, quedarse con el claustro. Había que evitar a toda costa que el claustro castellano acabara siendo la respuesta política al expolio-desmembramiento del Archivo Histórico Nacional de la Guerra Civil, que como todo el mundo sabe, acabó traspasando a Cataluña multitud de legajos que nada tienen que ver con esa tierra. Y no debe ser así; donde las dan, las toman.

"Había que evitar a toda costa que el claustro castellano acabara siendo la respuesta política al expolio-desmembramiento del Archivo Histórico Nacional de la Guerra Civil, que como todo el mundo sabe, acabó traspasando a Cataluña multitud de legajos que nada tienen que ver con esa tierra. Y no debe ser así; donde las dan, las toman".

Los “técnicos” reunidos por el gobierno catalán (todos excepto dos, justo es reconocerlo), no dudaron en seguir consignas políticas y arruinar su propio prestigio profesional, algo que no debe sorprender a nadie que conozca mínimamente como las gastan por aquellas tierras, y aseguraron entonces que las galerías de estilo románico de Mas del Vent, en Palamós, son un falso histórico, una recreación historicista del siglo XX, con elementos originales del siglo XII, sin determinar cuántos ni cuáles. Esto último ya hace dudar de la imparcialidad y el carácter científico del mismo. ¿No saben cuántos ni cuales pero saben de qué siglos son?, ¿qué clase de informe es ese?

Gerardo Boto, redescubridor del claustro, vuelve a sorprender a todo el mundo con una tesis expuesta en Lisboa situando en la Catedral Vieja de Salamanca la procedencia del conjunto románico (informa El País, 21/06/2013). Boto, profesor de Historia del Arte Medieval de la Universidad de Gerona, especializado en análisis románico e iconografía medieval, reabrió el caso cerrado en falso al asegurar, durante un congreso internacional sobre claustros en el Mediterráneo entre los siglos X al XVIII, que se celebra en el Museo Nacional de Arte Antiguo de Lisboa, que el claustro es una construcción auténtica del siglo XII que, además, no perteneció a cualquier edificio, sino a la catedral románica de Salamanca. ¿Qué opinan ahora PP y PSOE, lo van a reclamar?, ¿qué va a hacer la Junta de Castilla y León, el Gobierno central y la propia Generalidad? Clamoroso ridículo el de “los técnicos” de esta última; si entonces fue un informe sospechoso, ahora su profesionalidad queda definitivamente a la altura del betún.

"Es falso que sea falso. El informe [de la Generalidad] denigra la obra, minimiza su valor y bloquea su conocimiento. (Gerardo Boto, El País, 17/12/2012)"

La tesis de Boto, cuyo prestigio internacional sube como la espuma, echa por tierra los argumentos de falsedad que utilizó la comisión de “expertos” a dedo de la Generalidad, auténticos comisarios ideológico-políticos al servicio, no de la ciencia ni de la verdad histórica, sino de sus jefes políticos separatistas y sus intereses. Al declarar falso el claustro, el informe catalán acabó con la aspiración de proteger o permitir el estudio de esta construcción. Cualquier cosa hubiesen firmado con tal de no admitir lo que a todas luces apuntaba al origen castellano del claustro y su posible devolución o venta mediante derecho de tanteo, etc. Solo dos expertos son dignos de llamarse así, el geólogo Marius Vendrell y la restauradora Pilar Giráldez. Ambos hicieron públicos sus conclusiones contrarias a las de la comisión. Mis respetos a ambos.

Boto, además de argumentar su estudio con numerosos datos y la ayuda de un georradar, aportó documentación escrita de las actas capitulares del cabildo catedralicio de 1783 así como de su salida a principios del siglo XX. El claustro románico de Salamanca, una construcción de la que se tienen pocas noticias, y de la que no se ha conservado resto pétreo alguno, fue construido a partir de 1176 y sufrió el terrible terremoto de Lisboa (otra ironía de la vida) de 1755. Después de intentar reparar, “que no derribar", los pilares hacía 1770 para solucionar los problemas de estabilidad y humedad, el cabildo catedralicio acordó desmontarlo en 1783, y así lo anotó en sus actas capitulares. En las actas se puede leer, contó Boto e informa el citado periódico, "que la mayoría de las piezas realizadas en piedra de Villamayor 'estaban bien conservadas' y que el conjunto se desmontaba 'con el mayor cuidado y aprovechamiento' porque se quería volver a montar. Algo que denotaba 'un aprecio por el arte románico insólito en el horizonte cultural del siglo XVIII', puntualizó el profesor. Sin embargo, en 1785, se decidió construir unas nuevas galerías siguiendo el estilo neoclásico del momento. Aprovechando la nueva construcción, se decidió aumentar el ancho de los pasillos en al menos 'dos pies', por lo que las nuevas arcadas serían más pequeñas que las del siglo XII. Las piedras, desmontadas de forma ordenada y numeradas, se almacenaron 'pero no se tiraron en un vertedero', insistió Boto".

"A cualquier falsario se le desliza un anacronismo, y aquí no se han detectado. (Jaime Nuño, Fundación Santa María, El País, 17/12/2012)"

Probablemente muy a su pesar, llevaba razón Eduard Riu, el arqueólogo e historiador, juas, juas, del Servicio de Patrimonio Arquitectónico de la Generalidad que dirigió la vergonzosa comisión y realizó el informe, cuando al presentar sus resultados aseguró que "un claustro de estas dimensiones y esta espectacularidad solo podría estar en una catedral o en un gran monasterio" lo que a priori restaba credibilidad a la autenticidad del mismo pues es difícil que hubiese pasado desapercibido. Lo que nunca sospechó es la prontitud con que se demostraría de que catedral estamos hablando: Salamanca. Ni el mejor guión de política-ficción. Ni se imaginan el placer que he sentido al leer la noticia. Salamanca tenía que ser. 

Un año después, la piedra vuelve a estar sobre el tejado de la Generalidad, y mucho me temo que lo llovido este año, proceso secesionista en marcha iniciado incluido, determinará el futuro del claustro castellano como no movamos ficha rápido. Como dice un internauta anónimo (recaredo) en el foro al pie de la noticia: “Casi todos los argumentos que empleó la Generalidad de Cataluña para exigir la entrega de documentos del AHN en Salamanca, podrían emplearse ahora para la devolución de este claustro a Castilla y León. Ahora bien, los castellanos somos mesetarios, poco amigos de la fábula y de las ensoñaciones y mucho de las certidumbres. Los catalanes, como es sabido, son mediterráneos, relativistas y amigos de la ley del embudo. Hace muchos siglos ya que esa confrontación entre dos personalidades ha condicionado la vida de España, pero se puede decir que los catalanes, perdiendo todas las guerras, han salido ganando siempre. Y me temo, como salmantino, que este sea el caso”. Esperemos que no.

Nueva humillación a Castilla: El Gobierno prepara una amnistía para cientos de regadíos ilegales en Murcia y Alicante.

Por Javier Martínez.

La prensa nacional pasa de puntillas sobre el tema (solo Vidal Coy, en El Confidencial 14/06/2013, se hace eco); la regional y la local ni lo recogen. Y alguien tiene que dar cera. “El borrador del nuevo Plan Hidrológico del Segura, elaborado por la Confederación Hidrográfica que actualmente preside Miguel Ángel Ródenas, se plantea expresamente una amnistía o ley de punto final para cientos de regadíos ilegales” de numerosas localidades de Murcia y Alicante principalmente, lo que supondrá premiar al tramposo y validar como método para conseguir objetivos políticos y económicos los conocidos como hechos consumados al margen de la ley. De hecho, el único requisito que se contempla en el borrador para legalizar lo ilegal, es precisamente haber estado en situación de ilegalidad un número elevado de años pues se aplicará la amnistía “a todos aquellos regadíos ilegales que puedan acreditar su existencia con anterioridad al anterior plan de 1998”. La ilegalidad veterana convertida en mérito.

"El borrador del nuevo Plan Hidrológico del Segura, se plantea expresamente una amnistía o ley de punto final para cientos de regadíos ilegales de numerosas localidades de Murcia y Alicante"

Quiero alertar que dicho documento, elaborado por el gobierno de Rajoy, plantea abiertamente la legalización como objetivo explícito, lo que elevaría las exigencias de trasvases de agua desde donde sea y limitaría, aún más, los usos futuros de la misma en tierras castellanas, donde los planes de nuevos regadíos (en La Manchuela conquense y albacetense básicamente), duermen el sueño de los justos en un cajón ministerial desde hace décadas gracias al que fuera ministro socialista de Agricultura en tiempos de Felipe González, el valenciano Vicente Albero, sin que nadie contemple su puesta en funcionamiento pese a que en su día fueron declarados de interés general por el Estado.

“El nuevo plan de cuenca del Segura está en fase de información pública desde principios de junio, situación que durará seis meses. En el artículo tercero de la Normativa del Plan (capítulo 1, página 10) se dice que esas zonas de cultivo ‘se constituyen como usos consolidados y en consecuencia no tendrán la consideración de nuevos regadíos’ si prueban que funcionan desde antes de la entrada en vigor del plan de 1998” (informa El Confidencial, 14/06/2013).

Recordemos que “las nuevas concesiones de agua para regadío quedaron prohibidas en la cuenca del Segura por el decreto ley 3/86 de 30 de diciembre que siguió a la Ley de Aguas que entró en vigor el 1 de enero de 1986. El motivo de cerrar el grifo era no sólo la oficialmente declarada escasez de agua en la cuenca del Segura, sino también para justificar la solución del trasvase desde la cabecera del Tajo, que funcionaba desde 1980”, y que desde entonces ha sido convertida en la práctica en el “Alto Segura”.

“Sin embargo, y aunque la normativa lo impedía, se siguieron ampliando regadíos y perforando pozos ilegales antes y después de la entrada en vigor del plan de cuenca [del Segura] de 1998, a pesar de que este mantuvo la prohibición de nuevos regadíos de aquel decreto”. Contrasta que mientras en Cuenca y Albacete (básicamente cuencas del Tajo y del Júcar) las multas por perforar nuevos pozos eran de órdago (hasta 5 millones de ptas. de la época por 500 litros extraídos en los años 80) y se perseguía con saña regadíos ilegales, en la periferia (cuencas del Júcar y del Segura) se cometían las mismas infracciones de forma masiva y tolerada. A mi juicio eso ahora tiene premio y constituye una auténtica humillación y un insulto hacia los castellanos que sí cumplieron e incluso creo que puede ser delictivo.

“En el año 2000, [fueron los sindicatos regionales murcianos], tanto CCOO como UGT, quienes plantearon al consejero de Agricultura de Murcia, el popular Antonio Cerdá (todavía en el cargo), la necesidad de una ley de punto final para los regadíos ilegales. En aquella época, el director general del Agua en la Consejería murciana era el actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, que pasó a este cargo tras la victoria electoral de Mariano Rajoy (PP)”. Como puede deducirse, mientras murcianos y valencianos mangonean continuamente a su favor las Confederaciones del Segura y del Júcar con total descaro, pese a que son administraciones no transferidas a las CCAA, los castellanos pasamos la mano por la pared una y otra vez sin que nadie, desde Castilla o desde la administración central, ponga remedio a esta lamentable e injusta situación cuyas consecuencias económicas son devastadoras para el interior.

“La petición de los sindicatos murcianos fue acogida con interés por el Gobierno murciano, según reflejó la prensa de la época, pero no se pudo llevar a cabo porque habría sido necesario cambiar injustificadamente el plan apenas dos años después de su entrada en vigor [lo que demuestra que fue premeditadamente tolerada] y cuando el foco ya estaba puesto sobre los caudales del trasvase Tajo-Segura por las dudas existentes sobre su correcta utilización”. Hoy, en cambio, sí se quiere llevar ya a cabo y con todos los parabienes de legalidad. 

Con el boom inmobiliario vivido en amplias zonas de la costa mediterránea durante una larga década, “los usos ilegales del agua de regadío aumentaron exponencialmente para favorecer y abastecer las nuevas construcciones de viviendas y campos de golf [muchas también ilegales], y aumentar la superficie agrícola productiva sin ningún control efectivo real. Consecuentemente, el fiscal estatal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, inició investigaciones y procedimientos judiciales en la cuenca del Segura contra una treintena de grandes empresas y comunidades de regantes por cambiar los usos del agua, comerciar ilícitamente con ella y abrir nuevos pozos sin autorización. Estas prácticas habían quedado expresamente prohibidas en real decreto-ley 3/86”.

“Los procedimientos iniciados por Valerio suscitaron una agria polémica nacional sobre los usos del agua en la cuenca del Segura porque eran los tiempos en que el Gobierno de Aznar (PP) estaba dispuesto a atender las peticiones de los presidentes regionales populares de Murcia (Valcárcel) y Comunidad Valenciana (Zaplana)”, dos de sus grandes graneros de votos precisamente por asuntos como el del agua, “y consagrar un nuevo trasvase esta vez desde el río Ebro al Segura en el Plan Hidrológico Nacional”, (lo que liberaría de presión a los exhaustos Tajo y Júcar, permitiendo así, quizá en un futuro próximo, regadíos en el interior castellano), que se elaboraba con la fuerte oposición de Aragón (donde el antitrasvasismo pone y quita gobiernos) y más tarde de Cataluña (inicialmente CiU si apoyó el PHN de Aznar, que les pagó con otras mercedes, pero al ver que otras formaciones nacionalistas catalanas competidoras le quitaban la merienda electoral, CiU decidió desautorizarse a sí misma y oponerse).

“Como la ley de punto final, los sumarios de Valerio quedaron en nada y duermen el sueño de los justos en los juzgados comarcales en los que recayeron”, lo que da idea de la politización y el deplorable estado de la justicia de este país, “mientras las grandes empresas agrícolas de la cuenca del Segura continúan con los usos del agua que les parecen para mantener en explotación miles de hectáreas de regadío ilegales”.

“La fiscalía estatal inició unos 130 expedientes derivados de denuncias de la Guardia Fluvial realizadas entre 1983 y 2002 y que afectaban, entre otros, a grandes grupos agro-industriales (Grupo Paloma, Lo Romero-Frocap, Hernández Zamora, Juan Jiménez, etc.) y a comunidades de regantes (Águilas, Fuente Álamo, Lorca, Mazarrón, Mula, etc.) que operan la mayoría en la zona de regadíos de la cuenca del Segura próximas a la costa. Todos ellos explotan decenas de miles de hectáreas de regadío del medio millón que tiene la cuenca segureña”, continúa el citado medio.

“El nuevo plan de cuenca del Segura legalizará los usos ilegales del agua que tantos ríos de tinta han hecho correr en los últimos veinte años. Una verdadera ley de punto final que beneficia a grandes empresarios agrícolas, a costa, como siempre, de la teta castellana"

Mientras, y esto es importante destacarlo, “las explotaciones de pozos del Segura de menos de 7.000 metros cúbicos al año para regadío siguen totalmente prohibidas en el proyecto que está en información pública”, no así de los grandes pozos, lo que da idea de otra de las intenciones del plan: beneficiar a los grandes grupos agro-industriales murcianos y alicantinos. Es decir, que la idea original de CCOO y UGT de Murcia, o bien se pensó para los grandes terratenientes o han servido de tontos útiles. “El nuevo plan de cuenca del Segura legalizará, si llega a ser definitivo en los términos descritos en el borrador, los usos ilegales del agua que tantos ríos de tinta han hecho correr en los últimos veinte años. Una verdadera ley de punto final que beneficia a grandes empresarios agrícolas”, a costa, como siempre, de la teta castellana a la que se puede exprimir sin límites y sin compensación económica alguna. Para un servidor, la conclusión es clara: el Estado no nos trató ni nos trata por igual, Castilla vuelve a perder y la periferia vuelve a ganar. Y Cospedal, como antaño Barreda y Bono, en el guindo.

¿Jaque mate al Corredor Central ferroviario?

Por Javier Martínez.

La nueva ministra de Fomento, Ana Pastor (PP), no consigue recuperar el Corredor Central ferroviario de mercancías tumbado y mutilado por Zapatero a petición de los peris mediterráneos unos días antes de perder las elecciones. Por el contrario, los corredores ferroviarios Mediterráneo y Atlántico continúan su andadura y si figurarán en la lista final de proyectos prioritarios de la UE, lo que les permitirá acceder a financiación comunitaria extra, según el compromiso ratificado el 10/06/2013 por los ministros de Transporte de los Veintisiete y difundido un día después (Europa Press). La lista final de proyectos prioritarios no incorpora el corredor ferroviario central, que pretende conectar España y Francia a través de un túnel de baja cota por el centro de los Pirineos, y que había sido reclamado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, y por los eurodiputados del PP y del PSOE, éstos últimos solo tras perder las pasadas elecciones generales. No obstante, este proyecto si podrá beneficiarse en los próximos años de financiación para más y más estudios previos. Si se ha incluido el AVE a Galicia, que hasta ahora no había recibido financiación de la UE, excepto en el tramo Olmedo-Zamora, así como la interconexión del Ebro Castejón-Logroño-Miranda. Ese es el pobre resultado de lo conseguido para Castilla y el interior español. Por cierto, el puerto de Almería lo dejan fuera, así les pagan el haber pedido a Andalucía el apoyo al corredor Mediterráneo frente al Central. La abiertamente secesionista Cataluña sigue siendo la niña bonita del Estado. ¿Ustedes lo entienden? Si cuando yo digo que lo mejor es darles una patada en el culo y expulsarles de España…

Castilla-La Mancha: 30 años celebrando el fracaso

Por Javier Martínez.

Se cumplen 30 años de autonomía de Castilla-La Mancha. Momento de hacer balance. Este año toca ‘celebrar’ el 31 de mayo en Cuenca. No hay nada que celebrar, salvo el fracaso de la misma, pero se celebra. Para el pueblo que aún trabaja, políticamente ese día no significa nada, salvo un día más de vacaciones. Estampida general al pueblo y punto. Para el que no puede trabajar (camino del 30%), es un día más de agonía. Para la casta política, heredera de los caciques de toda la vida, es momento de colgarse medallas, darse premios, de solemnes discursos vacíos, de lucir palmito, de bla, bla, bla. Les propongo unas breves reflexiones.

El progreso según Castilla-La Mancha. TV digital por satélite domiciliario y pueblos abastecidos con camiones cisternas en el año trece del siglo XXI es perfectamente compatible. (Foto tomada en El Arrabal de Moya, localidad con un solo habitante en las faldas de la medieval Moya, Cuenca, hoy abandonada, orgullosa villa comunera en los confines de los reinos de Castilla, Aragón y Valencia.

¿Qué ha significado económicamente la creación de CLM? ¿Saben qué lugar ocupaba Castilla-La Mancha en el escalafón económico de las regiones de España hace 30 años y cual ocupa ahora? Hace 30 años nos situábamos en el sexto lugar por la cola, detrás de Extremadura, Andalucía, Canarias, Murcia y Galicia. Ahora ocupamos el tercer lugar, también por la cola, detrás de Extremadura y Andalucía. No es que no hayamos avanzado algo, faltaría más, es que avanzamos más despacio que el resto, perdemos posiciones relativas. Hemos pasado de ser una región agraria a ser una región no industrial. Porque aquí, si la industria pesa ahora porcentualmente más en el PIB no es porque suba, sino porque la agricultura baja. Me pregunto, ¿qué celebra la casta? Se nos dijo entonces que la autonomía serviría para acercar la administración al pueblo, para aumentar el bienestar del mismo, para dotar a las regiones de pulso político que las transforme económicamente. La milonga de ‘para acercar la administración al ciudadano’ se ha traducido en un simple cambio nominativo y en aumento de altos cargos.

"Hace 30 años CLM se situaba en el sexto lugar por la cola, detrás de Extremadura, Andalucía, Canarias, Murcia y Galicia. Ahora ocupamos el tercer lugar, también por la cola"

En los edificios capitalinos provinciales donde antes ponía Ministerio de tal, ahora pone Consejería de cual. La descentralización administrativa estaba hecha, faltaba la política. Así es como surgió una nueva élite política que pronto se transformaría en casta y en parásita.  A cambio, se crearon fronteras autonómicas administrativas en la meseta donde nunca las hubo, ya saben, para ‘acercarse al ciudadano’. Juas, juas. No se les ocurra ponerse enfermos de algo más que una gripe, porque la ‘solución’ que esta autonomía les ofrece se llama turismo sanitario por la neo-región resultante de trocear la antaño llamada Castilla la Nueva. Guadalajara y Cuenca, los patitos feos de esta invertebrada sub-meseta lo sabemos bien. Da igual que esté más cerca Madrid, o que Alcalá de Henares se encuentre a tiro de piedra de Guadalajara, te operan en las lejanas Albacete o Ciudad Real y listo. Si a Castilla La Nueva le restamos Madrid, lo que queda es un pollo sin cabeza rebautizado como Castilla-La Mancha. Y Madrid no es otra cosa que el pueblo más grande de Segovia. Tres décadas después, la vida de ambas sub-mesetas sigue pivotando sobre Madrid, la cabeza del pollo, pero con la dificultad añadida de unas fronteras administrativas infumables como única creación destacable de la casta política que nos parasita. Digo casta porque es endogámica, cerrada y la pertenencia a ella es un derecho adquirido por años de sumisión al jefe de la manada; y parásita porque viven a costa de otro de la misma especie, depauperándolo y alimentándose de él sin llegar a matarlo pero casi.

"Si a Castilla La Nueva le restamos Madrid, lo que queda es un pollo sin cabeza rebautizado como Castilla-La Mancha. Y Madrid no es otra cosa que el pueblo más grande de Segovia".

En estos 30 años hemos visto de todo. Más malo que bueno, para qué engañarnos. Un mega incendio en Guadalajara que se saldó con 11 muertos destapó que los bomberos de Soria y Madrid no podían ayudar en tiempo y forma con la rapidez que hubiese sido deseable. Ya saben, había una frontera administrativa que respetar. En una Castilla unida (toda la meseta es una unidad geográfica e histórica incuestionable no así política ni administrativa, lamentablemente), esas cosas no sucederían, pero claro, eso implica menos sillones, menos casta, menos fronteras y más ahorro y coherencia territorial. Menos fronteras, pese a lo cual todavía hay quien cree que el castellanismo es un nacionalismo más. Y no es cierto. 

Cuestionamos el modelo autonómico que troceó a Castilla en cinco regioncillas y nos hizo así irrelevantes e inviables por separado, no a España. Que quede bien claro. Los castellanistas somos unionistas castellanos, no rupturistas. No hay futuro sin unión, ni en Castilla ni en España. Lo que más hemos visto en estos años ha sido trasvases de agua, que es como decir trasvases de riqueza y población. Esos nunca faltan a su cita. El 47% de los conquenses viven fuera de la provincia, ya han sido trasvasados. Naturalmente gratis. Porque ofrecer gratis los recursos castellanos a la periferia es nuestro papel en España. Treinta años después, emigrar sigue siendo la única opción. Normal en una tierra donde el agua va y la basura viene.

El ATC es eso, basura atómica. Nos han vendido la moto de que un ATC es una instalación industrial cuando por definición un almacén carece de actividad manufacturera. Se nos prometió que con la autonomía llegarían los regadíos y la nueva agro-industria a La Manchuela conquense y albacetense, a razón de 50.000 hectáreas, para diversificar la agricultura, aumentar rentas del campo, crear miles de empleos, y para modernizarla "porque hay agua para todos". Para todos los periféricos, claro. Otro fracaso rotundo que demuestra que el pulso político de esta región-guión-comarca es cero patatero. In extremis nos libramos de un campo de tiro del ejército en Cabañeros, el Serengueti castellano, hoy Parque Nacional. Aún resuenan en mis oídos los ecos de un ministro catalán, Narcís Serra,  que nos soltó aquello de "un campo de tiro es compatible con la Naturaleza". Sobre todo si es la castellana, ¿verdad? Cuando echaba a andar esta autonosuya, treinta años ha, El Quijote era la obra cumbre de la literatura castellana. Hoy es cualquier cosa, un polideportivo municipal, un polígono industrial o la mancomunidad que recoge las basuras.

Hasta el nombre de esta autonomía es hortera y antihistórico. ¿Porqué no Castilla-La Alcarria o Castilla-Los Montes de Toledo? La Mancha, provoca sonrojo tener que recordarlo, es una comarca castellana más, no una región. Treinta años después, los políticos de esta tierra gestionan, tramitan, pero no transforman. Ese es el drama. Los reyes y los siglos pasan, los problemas se quedan. ¿Y qué gestionan? Todas las Consejerías se dedican a tramitar subvenciones, al fomento de la economía de la subvención. Los políticos gestionan sus propias carreras profesionales, nada más. Su única aspiración es saltar a otro puesto en Madrid y sumar años hasta la jubilación.

"Cuestionamos el modelo autonómico que troceó a Castilla y nos hizo así irrelevantes e inviables, no a España. Que quede bien claro"

Fuera de la política no hay nada, y dentro de ella no hay vida inteligente, solo trepas. Los partidos políticos son meras agencias de colocación. Se cuentan por docenas los padres que ‘apuntan’ al partido a sus retoños con 14 años, incluso antes. Tienen claro que la política ha dejado de ser una representación para ser una profesión, la única bien remunerada en esta tierra. CLM no pintaba nada hace 30 años y así seguimos, para que andar con rodeos. Las infraestructuras siguen siendo radiales (ahí está inconclusa ad eternum la A-40), lo que nos condena a ser simple lugar de paso, desbaratando así cualquier posibilidad de desarrollo endógeno. Hace treinta años pensábamos que con la autonomía se construiría el ferrocarril convencional Cuenca-Albacete, proyectado en 1948. No solo no existe aún sino que la línea convencional Madrid-Valencia por Cuenca está prácticamente desmantelada y la Aranjuez-Toledo ya ni existe. 

Es cierto que ahora tenemos una flamante Universidad, pero no es menos cierto que ésta ya no es el ascensor social que debía ser (el tapón social alcanza límites más que medievales). Ahora es un cementerio de ilusiones cuando no una fábrica de parados. Y no culpemos a la crisis, que la mayoría de facultades no han colocado a un titulado en su vida. Sus profesores tienen carnet de partido en un porcentaje escandaloso y se dedican a "investigar", en un 60% de los casos, cosas ya conocidas, o a hacer informes que apilar en una estantería; y sus alumnos no tienen más meta que acabar de repartidores de pizzas y gracias. Esta tierra sigue siendo el coto de caza con cortijo que siempre fue y la anunciada reforma de la ley electoral y de las Cortes tienen por misión garantizar precisamente eso, más bipartidismo (y menos pluralidad política), justo ahora que se derrumba. Hay que mantener el cortijo a toda costa. ¿Demoqué?, ¿dónde quedó, señora Cospedal, el liberalismo que se le suponía? Empiece por liberalizar la política. Entre pintoresco y patético fue el llamamiento del Defensor del Pueblo pidiéndole a éste públicamente en su web, que le defendiera del anunciado cierre "porque solo cuesta seiscientos mil euros al año" mantenerle en el chiringuito. Hace treinta primaveras las pensiones en CLM eran de las más bajas de España. Hoy seguimos igual, pero con el agravante de que ahora muchos hijos y nietos viven del abuelo. Y como aquí nadie transforma, dentro de otros treinta inviernos, más de lo mismo. Dentro de otros treinta, nadie recordará que 60 años atrás, cuando las autonomías eran embrionarias, teníamos 5 o 6 cajas de ahorros en cada sub-meseta, algunas tricentenarias, y que gracias al mangoneo legislativo de partidos y sindicatos que la autonomía chikilicuatre favoreció, acabaron en quiebra y todos se fueron de rositas. Una mano (la del PSOE), lava a la otra (la del PP), y las dos se lavan la cara.

Hace treinta años no supimos aprovechar la nueva etapa que con el Estado de las Autonomías se abría. Basta mirar el mapa español para darse cuenta que el castellano es el único pueblo hispánico que no vive agrupado en una sola administración autonómica. Castilla a secas, y por tanto los castellanos sin aditivos, no existimos... y eso que nadie ha hecho tanta historia como nosotros. A alguien le interesamos divididos, callados y vencidos. Con doce millones de castellanos aproximadamente, Castilla unida pudo ser la autonomía española más potente económica y políticamente, lo que sí se traduciría en capacidad transformadora, en futuro. Se acabaría eso de ir reptando cual ciudadanos restospañoles de segunda. Pero no fue. La cuestión hoy es, ¿porqué no serlo ahora?, ¿lo seremos algún día? No mientras prevalezca la casta del 31 de mayo en lugar del espíritu comunero del 23 de abril. Como dijera el escritor alcarreño Juan Pablo Mañueco, “Castilla, si quiere ser, tendrá que asumirse en lo que es. No hay otro camino” (Mañueco, J.P., en “Castilla, manifiesto para su supervivencia”, Editorial Riodelaire, 1984)

La derogación del marchamo 'Vinos de la Tierra de Castilla' y ¿la vuelta al granel en La Mancha?

Por Javier Martínez.

Ante la inminente derogación por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de la Ley por la que se creó hace lustros la indicación geográfica protegida Vinos de la Tierra de Castilla, deseo manifestar mi  rotundo rechazo a la misma y denunciar la errática y desnortada política vitivinícola de los distintos gestores de la Junta de Comunidades pasados y presentes que han llevado al agro vitivinícola castellano, con incidencia especial en La Mancha y La Manchuela, al caos más absoluto.

"La Junta de Comunidades pretende derogar la marca 'Vinos de la Tierra de Castilla' y arreando que es gerundio"

El marchamo Vinos de la Tierra de Castilla, que considero es una excelente marca comercial, fue creado para dotar de una marca reconocible común a vinos de baja calidad y escasa comercialización elaborados fuera de las denominaciones de origen o que no quieren o no pueden someterse a las normas de calidad y elaboración de éstas; si bien inicialmente tuvo cierto éxito y aceptación entre los viticultores, ha acabado en fracaso precisamente porque se concibió mal. A mi juicio, ese marchamo debe reformularse y debe emplearse no como marca de vinos de comercialización residual escasamente controlados sino como marca común global que identifique a todos los vinos de calidad que se producen en la meseta. No debe ser una submarca sino una supra marca geográfica que ayude a posicionarse a todos nuestros vinos, sobre todo en mercados internacionales que es donde se juega el futuro el sector. La Marca Castilla goza de un incuestionable prestigio entre las capas cultas y adineradas de toda Europa y de medio mundo; es lamentable que en este y en otros muchos ámbitos no seamos capaces de extraerle el valor económico que tiene. Es una marca fácilmente reconocible, lo que evita grandes inversiones previas en posicionamiento, y se asocia a un territorio peninsular concreto, lo que ayuda a diferenciarse de otros competidores españoles tanto dentro pero sobre todo fuera de España donde introducir y asentar docenas de denominaciones de origen por separado se antoja un disparate mercadotécnico.

Propongo que se rescate, se reformule y se relance dicho marchamo como sello comercial agrupado común a todos los vinos de Castilla. No debemos olvidar ni pasar por alto que no ha existido ni ha surgido jamás en toda la historia peninsular una entidad político-institucional con la poderosa personalidad y con un protagonismo histórico a escala regional, peninsular, continental y global como el de Castilla, y eso implica actualmente un valor económico inmenso en muchísimos ámbitos que nadie está sabiendo explorar ni explotar sobre todo en aquellas actividades económicas que se asocian al medio físico como es la agro ganadería y el turismo cultural, rural y de interior.

La política agraria de la Junta de Comunidades, un auténtico caos.

La política agraria de la Junta de Comunidades de las últimas décadas y la actual no hay quien la entienda y es un auténtico caos. Es como un partido de ping-pong, ahora hacía allá, ahora hacia acá. Ahora se subvenciona arrancar viñas al tiempo que también se paga por plantarla, ahora se permite regar las cepas, antes estaba prohibido, antes las variedades autóctonas no servían y han de ser francesas, ahora se vuelve a la variedad airén de peor calidad y mayor producción que devuelven a La Mancha a los tiempos del granel. Se ha perdido la perspectiva, si es que alguna vez se tuvo, y no solo con la viña (con el olivar pasa algo parecido), cuando con la viña hay que pensar en plazos de 20 años. La prueba es que también se deroga parcialmente la Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha dando la impresión de que no sabemos qué hacemos ni donde vamos. Solamente la eliminación del capítulo de infracciones y sanciones al agricultor, que al parecer eran diez veces mayores aquí que en otras regiones, parece razonable.

En los últimos meses hemos visto un nuevo giro en política agraria. Ahora resulta que la restructuración del viñedo, es decir, la replantación con riego por goteo y más alta densidad para aumentar producción, va a prolongarse un año más de lo previsto en Castilla-La Mancha según autorizó hace semanas la Junta de Comunidades que dirige Cospedal. Motivo alegado: los viveros no tienen cepas suficientes para atender el aluvión de pedidos de última hora del último año del plan. Pero sobre todo no las hay de la antaño denostada variedad airén, empleada esencialmente para hacer alcohol vínico (y brandy de Jerez), la misma que se ha venido arrancando inmisericordemente durante años, reduciendo su superficie de 400.000 a 200.000 hectáreas en pocos años. ¿Qué está pasando? Que en las bodegas no se le paga al agricultor la calidad sino la cantidad (posiblemente porque éstas no saben llegar después a un consumidor final que valore y reconozca en una marca común, prestigiosa, sólida y fácilmente reconocible la calidad y el origen del producto) y el agricultor se está desengañando y está volviendo a la viña de siempre, y que un año de buenos precios para los graneles ha relanzado el frenesí vitícola echando por tierra años de política vitivinícola orientada no a la cantidad sino a la calidad. ¿Qué puede pasar en un futuro próximo? La vuelta a la plantación masiva de airén, ahora con riego, puede alcanzar cosechas espectaculares de hasta 20 toneladas por hectárea y acabar en una burbuja cuyo pinchazo en el futuro acarreará consecuencias desastrosas, más aún en comarcas dedicadas al monocultivo de la vid casi en exclusiva. Los precios de la uva en estos últimos años han sido excepcionalmente buenos, con una rentabilidad como hacía años que no se veía y eso ha desatado el entusiasmo por plantar lo máximo posible antes de que se acabe el plazo de la reestructuración. Dado que la gran mayoría de las reestructuraciones consisten en sacar viñas viejas y de poca producción (aunque de mayor calidad) y sustituirlas por la airén (de baja calidad y alta producción), eso supondrá aumentar la cosecha de toda España, La Mancha es el mayor viñedo del país, hasta la sobreproducción dentro de tres a cinco años (que es cuando se alcanza el óptimo de producción) lo que desembocará en un hundimiento o estallido de la burbuja. Una vez más, el campo castellano se está lanzando al monocultivo sin límites de lo que últimamente parece haber sido rentable, relanzando (como también sucede con el olivar), ciclos de sobreproducción y de hundimiento, y todo ello por una obtusa planificación pública desde la Junta de Comunidades.

"La vuelta a la plantación masiva de airén, al granel y la no calidad, puede acabar en una burbuja cuyo pinchazo en el futuro acarreará consecuencias desastrosas"

Propongo, por enésima vez y precisamente ahora que se están redactando los nuevos planes hidrográficos con los que se aprobará el nuevo Plan Hidrológico Nacional (PHN) antes de fin de año, retomar los planes de regadío de La Manchuela conquense y albacetense declarados hace décadas como de interés general por el Estado, y aún sin desarrollar, así como la utilización del agua del canal Tajo-Segura para transformar en regadíos cientos de tierras castellanas por las que trascurre dicho canal. El regadío es la única forma de conjugar especialización y diversificación agrícola sin caer periódicamente en devastadores ciclos y burbujas que condenan a la ruina periódica al campo castellano, además de ser motor de desarrollo agroindustrial indirecto y de servicios inducido. Esto sí, señora Cospedal, haría de la agricultura la base de la pirámide económica regional y conllevaría empleo en cantidades notables y no sus buenas palabras.

El Ministerio sigue concediendo ilegalmente el control del Júcar a Valencia

Por Javier Martínez.

El Ministerio de Medio Ambiente que dirige Arias Cañete (PP) aprobó el pasado 13 de abril un real decreto que permite mantener a la Generalidad valenciana el control en la gestión del río Júcar frente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Así se desprende del texto que establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo de Agua de la Demarcación (sic) Hidrográfica del Júcar publicado el pasado día 13 de abril en el Boletín Oficial del Estado, y así lo celebra la prensa valenciana que asegura que ‘el Consell aún controla la gestión del Júcar’, gracias a ese decreto, si bien de forma provisional pero esencial, y que ‘el Gobierno prorroga la influencia de la Generalidad sobre el río Júcar’.

"El real decreto permite mantener a la Generalidad valenciana el control en la gestión del río Júcar frente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha"

Ese decreto del Gobierno es manifiestamente perjudicial para los intereses de las dos provincias castellanas afectadas, Cuenca y Albacete, pues supone prorrogar el incumplimiento de sentencias judiciales emitidas hace lustros, y darle un nuevo respiro a la Comunidad Valenciana, que afrontará el nuevo Plan Hidrológico del Júcar con el mismo e injustificado peso político que ahora, lo que será demoledor para Castilla, pues en el mismo se contemplará el reparto de agua para regadíos así como la sepultura definitiva de las 60.000 hectáreas de regadío que se declararon de interés general hace décadas en La Manchuela conquense y albacetense y que siguen sin desarrollarse por presiones valencianas.

"El decreto del Gobierno es manifiestamente perjudicial para los intereses de Cuenca y Albacete, pues supone prorrogar el incumplimiento de sentencias judiciales emitidas hace lustros, y darle un nuevo respiro a la Comunidad Valenciana, que afrontará el nuevo Plan Hidrológico del Júcar con el mismo e injustificado peso político que ahora, lo que será demoledor para Castilla"

El documento mantiene el statu quo político actual (ignorando nuevamente las sentencias), que permite mayoría valenciana por un solo vocal, si bien consagra la provisionalidad que dura ya años y que consideramos es una nueva afrenta y desprecio hacia el interior castellano y a las propias resoluciones de los tribunales.

Valencia quiere seguir mandando en solitario en el Júcar, incluso a costa de incumplir su propio Estatuto de autonomía, que le obliga a recibir, y a segregar por tanto, sus cuencas intracomunitarias (aquellas que nacen y mueren en una misma región porque desembocan directamente al mar) del Júcar. El Gobierno del Estado le ayuda a ello. El titular  (Levante, 14/04/2013) no deja lugar a dudas, en la Confederación manda el Gobierno valenciano, no el Estado, pese a no estar transferida, pese a la geografía, pese a las sentencias y pese al propio Estatuto valenciano. A estos, naturalmente, no les importa. Castilla pierde.

Para entender cuál es el problema, recordemos que en Valencia se acuñó el término ‘demarcación del Júcar’ en lugar del habitual en todas partes de ‘confederación o cuenca del Júcar’, pues se pretende mantener en la cuenca del Júcar a multitud de ríos independientes y no afluentes del Júcar, así como territorios que nada tienen que ver con el mismo. La cuenca hidrográfica del Júcar incluye, tan solo, tierras de Cuenca y Albacete, así como el sur de la provincia de Valencia. No incluye ni la Albufera, ni Valencia capital (por donde transcurre el Turia) ni el norte de la provincia valenciana ni mucho menos Castellón o el sur de Tarragona, como tampoco la provincia de Alicante. El objetivo de añadir territorios a la ‘demarcación’ Júcar que no son de la cuenca hidrográfica del Júcar es político, dado que añadiendo población se consigue el control del río, de una importancia económica extraordinaria para ambas regiones, y que de otra forma no sería posible pues correspondería a los castellanos la mayoría en la Confederación. Esta es la razón por la cual en la Comunidad Valenciana se niegan a cumplir su propio Estatuto de autonomía, e incluso se levantan voces para que se modifique renunciando a competencias (la experiencia dice que el Estado favorece a la periferia), y no asumen la gestión de las cuencas intracomunitarias (las que nacen y mueren en territorio valenciano, como el Palancia), una competencia que se niega a desarrollar. De hacerlo, esas cuencas saldrían de la Confederación del Júcar, por lo que el Consell valenciano perdería representación y, por tanto, el control de la entidad que gestiona el río.

Con todo, el decreto incorpora una disposición transitoria que fija la hoja de ruta para poner fin a esa provisionalidad que mantiene los inaceptables privilegios de los valencianos, pero cuidado porque ese pretendido fin es posterior a la elaboración del Plan Hidrológico del Júcar (donde quedará ya todo decidido), por lo que las consecuencias para Castilla serán irreversibles ya que nuestros intereses serán decididos y subyugados por los valencianos.

"Se fija la hoja de ruta para poner fin a esa provisionalidad que mantiene los inaceptables privilegios de los valencianos, pero cuidado porque ese pretendido fin es posterior a la elaboración del Plan Hidrológico del Júcar"

Frente a todo ello, a los castellanos no nos basta con que se gestionen por separado los ríos que como el Júcar, el Turia o el Palancia son independientes, o con que se transfieran a las autonomías las cuencas intracomunitarias, sino que cada región debe gestionar su tramo de los ríos comunes y adaptarse a lo que tiene. Si Portugal y España gestionan admirablemente cada uno sus tramos de los ríos comunes, si el Danubio es gestionado por catorce Estados, no vemos la razón por la cual el Júcar no puede ser gestionado en régimen de igualdad territorial (sin el criterio demográfico). Eso es más compatible con el modelo de Estado Federal que la situación actual. Hay que tener en cuenta que todos los ríos castellanos antes o después van a parar al mar, por lo que todos nuestros ríos (y nuestros intereses económicos asociados), si no se gestionan como si de un Estado Federal verdadero se tratase, acaban siendo también de ellos, mientras los suyos solo serán de ellos, es decir, nuestros intereses quedan condicionados a los suyos sin que exista reciprocidad y eso es colonialismo.

"Una vez elaborado el Plan Hidrológico del Júcar, junto con el resto de planes, se elaborará el Plan Hidrológico Nacional, por lo que en éste quedarán viciados de origen los intereses castellanos, y una vez más, se ignorarán los regadíos que en su día fueron declarados de interés general por el Estado en La Manchuela"

Alertar que una vez elaborado el Plan Hidrológico del Júcar, junto con el resto de planes, se elaborará el Plan Hidrológico Nacional, por lo que en éste quedarán viciados de origen los intereses castellanos, y me temo que una vez más, se ignorarán los regadíos que en su día fueron declarados de interés general por el Estado en La Manchuela y que los castellanistas reclamamos se construyan de una vez por todas. El asunto no es baladí, extrapolando experiencias similares en climatología y producción vegetal, estamos hablando de unos 130 mil empleos entre directos, indirectos e inducidos a repartir entre las provincias de Cuenca y Albacete. Como ejemplo de que no se tiene en cuenta los intereses de Castilla, de que se nos niega transformar en regadío nuestras tierras con nuestra propia agua mientras otros regadíos levantinos sí están siendo tenidos en cuenta pese a que no son de las tierras de la cuenca del Júcar, el real decreto reconoce nada menos que en su preámbulo la unidad (sic) de gestión del sistema Vinalopó-Alacantí, con lo que, mientras se mantenga el status actual, el Júcar-Vinalopó será considerado como un canal entre territorios del Júcar sin serlo, dándoles además a las tierras de Alicante derechos, reservas hídricas y preferencia en el riego, por 'derecho de antigüedad', sobre las de Cuenca y Albacete (que si son territorio Júcar).

Los comuneros requenenses toman la fortaleza

Por su interés reproducimos aquí integro el texto 'Documento del mes del Archivo Municipal de Requena':

Acta de 12 de octubre de 1520 en la que se da cuenta de la toma  de la fortaleza de Requena (Cuenca, Castilla) por el capitán comunero local Luis de la Cárcel. (Foto Archivo Municipal de Requena).

Por Archivo Municipal de Requena

El mes de abril, y concretamente el 23, se celebra en Villalar de los Comuneros (Valladolid) la derrota comunera que acabó con las Guerras de las Comunidades.

Este mes se expone un acta de 12 de octubre de 1520 en la cual el Corregidor de Requena informa de que la noche pasada la fortaleza había sido tomada por el capitán de la Comunidad de Requena Luis de la Cárcel.

De hecho, las actas del Concejo de Requena ya señalan un ambiente claro de “a punto de guerra” en octubre de 1520, en parte como contagio de la revuelta de los comuneros del Marquesado de Moya que estaban levantados en armas contra el Marqués. El 4 de octubre se ordenaba el reparo de muros, adarves y torres de Requena ante la revuelta de comarcanos con otras gentes de armas procedentes del Marquesado de Moya. El 6 de octubre se produce un enfrentamiento en el Ayuntamiento entre la Comunidad y una facción liderada por Pedro el Viejo y se realizaba unos ordenamientos de paz entre la Comunidad y los caballeros de la Nómina. El acta del 8 de octubre refleja los escándalos y alborotos que se estaban produciendo en la comarca y la toma de los oficios de justicia y regimiento por la Comunidad. La propia Comunidad establece capítulos de concordia con el Juez de Residencia Diego de Almodóvar. El 11 de octubre se regulaba la nueva dinámica del Ayuntamiento de Requena y se ordenaba la supervisión, adobo y reparo de los muros, torres y caminos que se encontraban en mal estado.

Finalmente, el 12 de octubre de 1520, el Juez de Residencia, Diego de Almodóvar, solicita a los miembros del Concejo información sobre si ellos se habían enterado y tomado parte en la toma de la fortaleza por Luis de la Cárcel, Capitán de la Comunidad, la noche pasada. Todo el Concejo se exculpa diciendo que no poseían noticia de ello y no habían participado. También declaran que 12 días antes Luis de la Cárcel ya había tomado la fortaleza con gran alboroto. El Concejo proclama su fidelidad a los reyes y su no incursión en delito, solicitando al Juez de Residencia que nombre a pacificadores que vayan hacia la fortaleza. 

Los incidentes proseguían y el 18 de octubre de 1520 el Concejo debate sobre la toma de dos barriles de pólvora y rodelas a los hombres del Marqués de Moya y de que ya estaban encima de Cardenete (donde expulsarían al Marqués el 31 de octubre) y amenazando Mira. Por el acta de 1 de noviembre sabemos que ante la falta de guardas del término porque la Comunidad poseía la Caballería de Sierra y mantenía diferencias con los Caballeros de la Nómina, se ordenaba a dos capitanes de la Comunidad realizaran la guarda de los términos. El 3 de enero de 1521, a petición de la Comunidad, se ordenaba que ningún vecino o morador de Requena saliera para la tierra de Moya en revuelta ya sea a favor del Marqués de Moya o de la Villa y Tierra de Moya.

Entre enero y febrero de 1521, fuerzas comuneras de Requena, Iniesta y Motilla del Palancar cercaban al Marqués de Moya en su castillo. En marzo, el Dr. Montalvo con tropas del marqués de Falces requería a los requenenses que retornaran a la obediencia real y se dictaba auto de destierro contra los comuneros requenenses. El 27 de abril de 1521 desde Burgos se promulgaba una cédula con el Real Perdón para los comuneros desterrados requenenses.