Nueva humillación a Castilla: El Gobierno prepara una amnistía para cientos de regadíos ilegales en Murcia y Alicante.

Por Javier Martínez.

La prensa nacional pasa de puntillas sobre el tema (solo Vidal Coy, en El Confidencial 14/06/2013, se hace eco); la regional y la local ni lo recogen. Y alguien tiene que dar cera. “El borrador del nuevo Plan Hidrológico del Segura, elaborado por la Confederación Hidrográfica que actualmente preside Miguel Ángel Ródenas, se plantea expresamente una amnistía o ley de punto final para cientos de regadíos ilegales” de numerosas localidades de Murcia y Alicante principalmente, lo que supondrá premiar al tramposo y validar como método para conseguir objetivos políticos y económicos los conocidos como hechos consumados al margen de la ley. De hecho, el único requisito que se contempla en el borrador para legalizar lo ilegal, es precisamente haber estado en situación de ilegalidad un número elevado de años pues se aplicará la amnistía “a todos aquellos regadíos ilegales que puedan acreditar su existencia con anterioridad al anterior plan de 1998”. La ilegalidad veterana convertida en mérito.

"El borrador del nuevo Plan Hidrológico del Segura, se plantea expresamente una amnistía o ley de punto final para cientos de regadíos ilegales de numerosas localidades de Murcia y Alicante"

Quiero alertar que dicho documento, elaborado por el gobierno de Rajoy, plantea abiertamente la legalización como objetivo explícito, lo que elevaría las exigencias de trasvases de agua desde donde sea y limitaría, aún más, los usos futuros de la misma en tierras castellanas, donde los planes de nuevos regadíos (en La Manchuela conquense y albacetense básicamente), duermen el sueño de los justos en un cajón ministerial desde hace décadas gracias al que fuera ministro socialista de Agricultura en tiempos de Felipe González, el valenciano Vicente Albero, sin que nadie contemple su puesta en funcionamiento pese a que en su día fueron declarados de interés general por el Estado.

“El nuevo plan de cuenca del Segura está en fase de información pública desde principios de junio, situación que durará seis meses. En el artículo tercero de la Normativa del Plan (capítulo 1, página 10) se dice que esas zonas de cultivo ‘se constituyen como usos consolidados y en consecuencia no tendrán la consideración de nuevos regadíos’ si prueban que funcionan desde antes de la entrada en vigor del plan de 1998” (informa El Confidencial, 14/06/2013).

Recordemos que “las nuevas concesiones de agua para regadío quedaron prohibidas en la cuenca del Segura por el decreto ley 3/86 de 30 de diciembre que siguió a la Ley de Aguas que entró en vigor el 1 de enero de 1986. El motivo de cerrar el grifo era no sólo la oficialmente declarada escasez de agua en la cuenca del Segura, sino también para justificar la solución del trasvase desde la cabecera del Tajo, que funcionaba desde 1980”, y que desde entonces ha sido convertida en la práctica en el “Alto Segura”.

“Sin embargo, y aunque la normativa lo impedía, se siguieron ampliando regadíos y perforando pozos ilegales antes y después de la entrada en vigor del plan de cuenca [del Segura] de 1998, a pesar de que este mantuvo la prohibición de nuevos regadíos de aquel decreto”. Contrasta que mientras en Cuenca y Albacete (básicamente cuencas del Tajo y del Júcar) las multas por perforar nuevos pozos eran de órdago (hasta 5 millones de ptas. de la época por 500 litros extraídos en los años 80) y se perseguía con saña regadíos ilegales, en la periferia (cuencas del Júcar y del Segura) se cometían las mismas infracciones de forma masiva y tolerada. A mi juicio eso ahora tiene premio y constituye una auténtica humillación y un insulto hacia los castellanos que sí cumplieron e incluso creo que puede ser delictivo.

“En el año 2000, [fueron los sindicatos regionales murcianos], tanto CCOO como UGT, quienes plantearon al consejero de Agricultura de Murcia, el popular Antonio Cerdá (todavía en el cargo), la necesidad de una ley de punto final para los regadíos ilegales. En aquella época, el director general del Agua en la Consejería murciana era el actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, que pasó a este cargo tras la victoria electoral de Mariano Rajoy (PP)”. Como puede deducirse, mientras murcianos y valencianos mangonean continuamente a su favor las Confederaciones del Segura y del Júcar con total descaro, pese a que son administraciones no transferidas a las CCAA, los castellanos pasamos la mano por la pared una y otra vez sin que nadie, desde Castilla o desde la administración central, ponga remedio a esta lamentable e injusta situación cuyas consecuencias económicas son devastadoras para el interior.

“La petición de los sindicatos murcianos fue acogida con interés por el Gobierno murciano, según reflejó la prensa de la época, pero no se pudo llevar a cabo porque habría sido necesario cambiar injustificadamente el plan apenas dos años después de su entrada en vigor [lo que demuestra que fue premeditadamente tolerada] y cuando el foco ya estaba puesto sobre los caudales del trasvase Tajo-Segura por las dudas existentes sobre su correcta utilización”. Hoy, en cambio, sí se quiere llevar ya a cabo y con todos los parabienes de legalidad. 

Con el boom inmobiliario vivido en amplias zonas de la costa mediterránea durante una larga década, “los usos ilegales del agua de regadío aumentaron exponencialmente para favorecer y abastecer las nuevas construcciones de viviendas y campos de golf [muchas también ilegales], y aumentar la superficie agrícola productiva sin ningún control efectivo real. Consecuentemente, el fiscal estatal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, inició investigaciones y procedimientos judiciales en la cuenca del Segura contra una treintena de grandes empresas y comunidades de regantes por cambiar los usos del agua, comerciar ilícitamente con ella y abrir nuevos pozos sin autorización. Estas prácticas habían quedado expresamente prohibidas en real decreto-ley 3/86”.

“Los procedimientos iniciados por Valerio suscitaron una agria polémica nacional sobre los usos del agua en la cuenca del Segura porque eran los tiempos en que el Gobierno de Aznar (PP) estaba dispuesto a atender las peticiones de los presidentes regionales populares de Murcia (Valcárcel) y Comunidad Valenciana (Zaplana)”, dos de sus grandes graneros de votos precisamente por asuntos como el del agua, “y consagrar un nuevo trasvase esta vez desde el río Ebro al Segura en el Plan Hidrológico Nacional”, (lo que liberaría de presión a los exhaustos Tajo y Júcar, permitiendo así, quizá en un futuro próximo, regadíos en el interior castellano), que se elaboraba con la fuerte oposición de Aragón (donde el antitrasvasismo pone y quita gobiernos) y más tarde de Cataluña (inicialmente CiU si apoyó el PHN de Aznar, que les pagó con otras mercedes, pero al ver que otras formaciones nacionalistas catalanas competidoras le quitaban la merienda electoral, CiU decidió desautorizarse a sí misma y oponerse).

“Como la ley de punto final, los sumarios de Valerio quedaron en nada y duermen el sueño de los justos en los juzgados comarcales en los que recayeron”, lo que da idea de la politización y el deplorable estado de la justicia de este país, “mientras las grandes empresas agrícolas de la cuenca del Segura continúan con los usos del agua que les parecen para mantener en explotación miles de hectáreas de regadío ilegales”.

“La fiscalía estatal inició unos 130 expedientes derivados de denuncias de la Guardia Fluvial realizadas entre 1983 y 2002 y que afectaban, entre otros, a grandes grupos agro-industriales (Grupo Paloma, Lo Romero-Frocap, Hernández Zamora, Juan Jiménez, etc.) y a comunidades de regantes (Águilas, Fuente Álamo, Lorca, Mazarrón, Mula, etc.) que operan la mayoría en la zona de regadíos de la cuenca del Segura próximas a la costa. Todos ellos explotan decenas de miles de hectáreas de regadío del medio millón que tiene la cuenca segureña”, continúa el citado medio.

“El nuevo plan de cuenca del Segura legalizará los usos ilegales del agua que tantos ríos de tinta han hecho correr en los últimos veinte años. Una verdadera ley de punto final que beneficia a grandes empresarios agrícolas, a costa, como siempre, de la teta castellana"

Mientras, y esto es importante destacarlo, “las explotaciones de pozos del Segura de menos de 7.000 metros cúbicos al año para regadío siguen totalmente prohibidas en el proyecto que está en información pública”, no así de los grandes pozos, lo que da idea de otra de las intenciones del plan: beneficiar a los grandes grupos agro-industriales murcianos y alicantinos. Es decir, que la idea original de CCOO y UGT de Murcia, o bien se pensó para los grandes terratenientes o han servido de tontos útiles. “El nuevo plan de cuenca del Segura legalizará, si llega a ser definitivo en los términos descritos en el borrador, los usos ilegales del agua que tantos ríos de tinta han hecho correr en los últimos veinte años. Una verdadera ley de punto final que beneficia a grandes empresarios agrícolas”, a costa, como siempre, de la teta castellana a la que se puede exprimir sin límites y sin compensación económica alguna. Para un servidor, la conclusión es clara: el Estado no nos trató ni nos trata por igual, Castilla vuelve a perder y la periferia vuelve a ganar. Y Cospedal, como antaño Barreda y Bono, en el guindo.

El Ministerio sigue concediendo ilegalmente el control del Júcar a Valencia

Por Javier Martínez.

El Ministerio de Medio Ambiente que dirige Arias Cañete (PP) aprobó el pasado 13 de abril un real decreto que permite mantener a la Generalidad valenciana el control en la gestión del río Júcar frente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Así se desprende del texto que establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo de Agua de la Demarcación (sic) Hidrográfica del Júcar publicado el pasado día 13 de abril en el Boletín Oficial del Estado, y así lo celebra la prensa valenciana que asegura que ‘el Consell aún controla la gestión del Júcar’, gracias a ese decreto, si bien de forma provisional pero esencial, y que ‘el Gobierno prorroga la influencia de la Generalidad sobre el río Júcar’.

"El real decreto permite mantener a la Generalidad valenciana el control en la gestión del río Júcar frente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha"

Ese decreto del Gobierno es manifiestamente perjudicial para los intereses de las dos provincias castellanas afectadas, Cuenca y Albacete, pues supone prorrogar el incumplimiento de sentencias judiciales emitidas hace lustros, y darle un nuevo respiro a la Comunidad Valenciana, que afrontará el nuevo Plan Hidrológico del Júcar con el mismo e injustificado peso político que ahora, lo que será demoledor para Castilla, pues en el mismo se contemplará el reparto de agua para regadíos así como la sepultura definitiva de las 60.000 hectáreas de regadío que se declararon de interés general hace décadas en La Manchuela conquense y albacetense y que siguen sin desarrollarse por presiones valencianas.

"El decreto del Gobierno es manifiestamente perjudicial para los intereses de Cuenca y Albacete, pues supone prorrogar el incumplimiento de sentencias judiciales emitidas hace lustros, y darle un nuevo respiro a la Comunidad Valenciana, que afrontará el nuevo Plan Hidrológico del Júcar con el mismo e injustificado peso político que ahora, lo que será demoledor para Castilla"

El documento mantiene el statu quo político actual (ignorando nuevamente las sentencias), que permite mayoría valenciana por un solo vocal, si bien consagra la provisionalidad que dura ya años y que consideramos es una nueva afrenta y desprecio hacia el interior castellano y a las propias resoluciones de los tribunales.

Valencia quiere seguir mandando en solitario en el Júcar, incluso a costa de incumplir su propio Estatuto de autonomía, que le obliga a recibir, y a segregar por tanto, sus cuencas intracomunitarias (aquellas que nacen y mueren en una misma región porque desembocan directamente al mar) del Júcar. El Gobierno del Estado le ayuda a ello. El titular  (Levante, 14/04/2013) no deja lugar a dudas, en la Confederación manda el Gobierno valenciano, no el Estado, pese a no estar transferida, pese a la geografía, pese a las sentencias y pese al propio Estatuto valenciano. A estos, naturalmente, no les importa. Castilla pierde.

Para entender cuál es el problema, recordemos que en Valencia se acuñó el término ‘demarcación del Júcar’ en lugar del habitual en todas partes de ‘confederación o cuenca del Júcar’, pues se pretende mantener en la cuenca del Júcar a multitud de ríos independientes y no afluentes del Júcar, así como territorios que nada tienen que ver con el mismo. La cuenca hidrográfica del Júcar incluye, tan solo, tierras de Cuenca y Albacete, así como el sur de la provincia de Valencia. No incluye ni la Albufera, ni Valencia capital (por donde transcurre el Turia) ni el norte de la provincia valenciana ni mucho menos Castellón o el sur de Tarragona, como tampoco la provincia de Alicante. El objetivo de añadir territorios a la ‘demarcación’ Júcar que no son de la cuenca hidrográfica del Júcar es político, dado que añadiendo población se consigue el control del río, de una importancia económica extraordinaria para ambas regiones, y que de otra forma no sería posible pues correspondería a los castellanos la mayoría en la Confederación. Esta es la razón por la cual en la Comunidad Valenciana se niegan a cumplir su propio Estatuto de autonomía, e incluso se levantan voces para que se modifique renunciando a competencias (la experiencia dice que el Estado favorece a la periferia), y no asumen la gestión de las cuencas intracomunitarias (las que nacen y mueren en territorio valenciano, como el Palancia), una competencia que se niega a desarrollar. De hacerlo, esas cuencas saldrían de la Confederación del Júcar, por lo que el Consell valenciano perdería representación y, por tanto, el control de la entidad que gestiona el río.

Con todo, el decreto incorpora una disposición transitoria que fija la hoja de ruta para poner fin a esa provisionalidad que mantiene los inaceptables privilegios de los valencianos, pero cuidado porque ese pretendido fin es posterior a la elaboración del Plan Hidrológico del Júcar (donde quedará ya todo decidido), por lo que las consecuencias para Castilla serán irreversibles ya que nuestros intereses serán decididos y subyugados por los valencianos.

"Se fija la hoja de ruta para poner fin a esa provisionalidad que mantiene los inaceptables privilegios de los valencianos, pero cuidado porque ese pretendido fin es posterior a la elaboración del Plan Hidrológico del Júcar"

Frente a todo ello, a los castellanos no nos basta con que se gestionen por separado los ríos que como el Júcar, el Turia o el Palancia son independientes, o con que se transfieran a las autonomías las cuencas intracomunitarias, sino que cada región debe gestionar su tramo de los ríos comunes y adaptarse a lo que tiene. Si Portugal y España gestionan admirablemente cada uno sus tramos de los ríos comunes, si el Danubio es gestionado por catorce Estados, no vemos la razón por la cual el Júcar no puede ser gestionado en régimen de igualdad territorial (sin el criterio demográfico). Eso es más compatible con el modelo de Estado Federal que la situación actual. Hay que tener en cuenta que todos los ríos castellanos antes o después van a parar al mar, por lo que todos nuestros ríos (y nuestros intereses económicos asociados), si no se gestionan como si de un Estado Federal verdadero se tratase, acaban siendo también de ellos, mientras los suyos solo serán de ellos, es decir, nuestros intereses quedan condicionados a los suyos sin que exista reciprocidad y eso es colonialismo.

"Una vez elaborado el Plan Hidrológico del Júcar, junto con el resto de planes, se elaborará el Plan Hidrológico Nacional, por lo que en éste quedarán viciados de origen los intereses castellanos, y una vez más, se ignorarán los regadíos que en su día fueron declarados de interés general por el Estado en La Manchuela"

Alertar que una vez elaborado el Plan Hidrológico del Júcar, junto con el resto de planes, se elaborará el Plan Hidrológico Nacional, por lo que en éste quedarán viciados de origen los intereses castellanos, y me temo que una vez más, se ignorarán los regadíos que en su día fueron declarados de interés general por el Estado en La Manchuela y que los castellanistas reclamamos se construyan de una vez por todas. El asunto no es baladí, extrapolando experiencias similares en climatología y producción vegetal, estamos hablando de unos 130 mil empleos entre directos, indirectos e inducidos a repartir entre las provincias de Cuenca y Albacete. Como ejemplo de que no se tiene en cuenta los intereses de Castilla, de que se nos niega transformar en regadío nuestras tierras con nuestra propia agua mientras otros regadíos levantinos sí están siendo tenidos en cuenta pese a que no son de las tierras de la cuenca del Júcar, el real decreto reconoce nada menos que en su preámbulo la unidad (sic) de gestión del sistema Vinalopó-Alacantí, con lo que, mientras se mantenga el status actual, el Júcar-Vinalopó será considerado como un canal entre territorios del Júcar sin serlo, dándoles además a las tierras de Alicante derechos, reservas hídricas y preferencia en el riego, por 'derecho de antigüedad', sobre las de Cuenca y Albacete (que si son territorio Júcar).