Nueva humillación a Castilla: El Gobierno prepara una amnistía para cientos de regadíos ilegales en Murcia y Alicante.

Por Javier Martínez.

La prensa nacional pasa de puntillas sobre el tema (solo Vidal Coy, en El Confidencial 14/06/2013, se hace eco); la regional y la local ni lo recogen. Y alguien tiene que dar cera. “El borrador del nuevo Plan Hidrológico del Segura, elaborado por la Confederación Hidrográfica que actualmente preside Miguel Ángel Ródenas, se plantea expresamente una amnistía o ley de punto final para cientos de regadíos ilegales” de numerosas localidades de Murcia y Alicante principalmente, lo que supondrá premiar al tramposo y validar como método para conseguir objetivos políticos y económicos los conocidos como hechos consumados al margen de la ley. De hecho, el único requisito que se contempla en el borrador para legalizar lo ilegal, es precisamente haber estado en situación de ilegalidad un número elevado de años pues se aplicará la amnistía “a todos aquellos regadíos ilegales que puedan acreditar su existencia con anterioridad al anterior plan de 1998”. La ilegalidad veterana convertida en mérito.

"El borrador del nuevo Plan Hidrológico del Segura, se plantea expresamente una amnistía o ley de punto final para cientos de regadíos ilegales de numerosas localidades de Murcia y Alicante"

Quiero alertar que dicho documento, elaborado por el gobierno de Rajoy, plantea abiertamente la legalización como objetivo explícito, lo que elevaría las exigencias de trasvases de agua desde donde sea y limitaría, aún más, los usos futuros de la misma en tierras castellanas, donde los planes de nuevos regadíos (en La Manchuela conquense y albacetense básicamente), duermen el sueño de los justos en un cajón ministerial desde hace décadas gracias al que fuera ministro socialista de Agricultura en tiempos de Felipe González, el valenciano Vicente Albero, sin que nadie contemple su puesta en funcionamiento pese a que en su día fueron declarados de interés general por el Estado.

“El nuevo plan de cuenca del Segura está en fase de información pública desde principios de junio, situación que durará seis meses. En el artículo tercero de la Normativa del Plan (capítulo 1, página 10) se dice que esas zonas de cultivo ‘se constituyen como usos consolidados y en consecuencia no tendrán la consideración de nuevos regadíos’ si prueban que funcionan desde antes de la entrada en vigor del plan de 1998” (informa El Confidencial, 14/06/2013).

Recordemos que “las nuevas concesiones de agua para regadío quedaron prohibidas en la cuenca del Segura por el decreto ley 3/86 de 30 de diciembre que siguió a la Ley de Aguas que entró en vigor el 1 de enero de 1986. El motivo de cerrar el grifo era no sólo la oficialmente declarada escasez de agua en la cuenca del Segura, sino también para justificar la solución del trasvase desde la cabecera del Tajo, que funcionaba desde 1980”, y que desde entonces ha sido convertida en la práctica en el “Alto Segura”.

“Sin embargo, y aunque la normativa lo impedía, se siguieron ampliando regadíos y perforando pozos ilegales antes y después de la entrada en vigor del plan de cuenca [del Segura] de 1998, a pesar de que este mantuvo la prohibición de nuevos regadíos de aquel decreto”. Contrasta que mientras en Cuenca y Albacete (básicamente cuencas del Tajo y del Júcar) las multas por perforar nuevos pozos eran de órdago (hasta 5 millones de ptas. de la época por 500 litros extraídos en los años 80) y se perseguía con saña regadíos ilegales, en la periferia (cuencas del Júcar y del Segura) se cometían las mismas infracciones de forma masiva y tolerada. A mi juicio eso ahora tiene premio y constituye una auténtica humillación y un insulto hacia los castellanos que sí cumplieron e incluso creo que puede ser delictivo.

“En el año 2000, [fueron los sindicatos regionales murcianos], tanto CCOO como UGT, quienes plantearon al consejero de Agricultura de Murcia, el popular Antonio Cerdá (todavía en el cargo), la necesidad de una ley de punto final para los regadíos ilegales. En aquella época, el director general del Agua en la Consejería murciana era el actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, que pasó a este cargo tras la victoria electoral de Mariano Rajoy (PP)”. Como puede deducirse, mientras murcianos y valencianos mangonean continuamente a su favor las Confederaciones del Segura y del Júcar con total descaro, pese a que son administraciones no transferidas a las CCAA, los castellanos pasamos la mano por la pared una y otra vez sin que nadie, desde Castilla o desde la administración central, ponga remedio a esta lamentable e injusta situación cuyas consecuencias económicas son devastadoras para el interior.

“La petición de los sindicatos murcianos fue acogida con interés por el Gobierno murciano, según reflejó la prensa de la época, pero no se pudo llevar a cabo porque habría sido necesario cambiar injustificadamente el plan apenas dos años después de su entrada en vigor [lo que demuestra que fue premeditadamente tolerada] y cuando el foco ya estaba puesto sobre los caudales del trasvase Tajo-Segura por las dudas existentes sobre su correcta utilización”. Hoy, en cambio, sí se quiere llevar ya a cabo y con todos los parabienes de legalidad. 

Con el boom inmobiliario vivido en amplias zonas de la costa mediterránea durante una larga década, “los usos ilegales del agua de regadío aumentaron exponencialmente para favorecer y abastecer las nuevas construcciones de viviendas y campos de golf [muchas también ilegales], y aumentar la superficie agrícola productiva sin ningún control efectivo real. Consecuentemente, el fiscal estatal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, inició investigaciones y procedimientos judiciales en la cuenca del Segura contra una treintena de grandes empresas y comunidades de regantes por cambiar los usos del agua, comerciar ilícitamente con ella y abrir nuevos pozos sin autorización. Estas prácticas habían quedado expresamente prohibidas en real decreto-ley 3/86”.

“Los procedimientos iniciados por Valerio suscitaron una agria polémica nacional sobre los usos del agua en la cuenca del Segura porque eran los tiempos en que el Gobierno de Aznar (PP) estaba dispuesto a atender las peticiones de los presidentes regionales populares de Murcia (Valcárcel) y Comunidad Valenciana (Zaplana)”, dos de sus grandes graneros de votos precisamente por asuntos como el del agua, “y consagrar un nuevo trasvase esta vez desde el río Ebro al Segura en el Plan Hidrológico Nacional”, (lo que liberaría de presión a los exhaustos Tajo y Júcar, permitiendo así, quizá en un futuro próximo, regadíos en el interior castellano), que se elaboraba con la fuerte oposición de Aragón (donde el antitrasvasismo pone y quita gobiernos) y más tarde de Cataluña (inicialmente CiU si apoyó el PHN de Aznar, que les pagó con otras mercedes, pero al ver que otras formaciones nacionalistas catalanas competidoras le quitaban la merienda electoral, CiU decidió desautorizarse a sí misma y oponerse).

“Como la ley de punto final, los sumarios de Valerio quedaron en nada y duermen el sueño de los justos en los juzgados comarcales en los que recayeron”, lo que da idea de la politización y el deplorable estado de la justicia de este país, “mientras las grandes empresas agrícolas de la cuenca del Segura continúan con los usos del agua que les parecen para mantener en explotación miles de hectáreas de regadío ilegales”.

“La fiscalía estatal inició unos 130 expedientes derivados de denuncias de la Guardia Fluvial realizadas entre 1983 y 2002 y que afectaban, entre otros, a grandes grupos agro-industriales (Grupo Paloma, Lo Romero-Frocap, Hernández Zamora, Juan Jiménez, etc.) y a comunidades de regantes (Águilas, Fuente Álamo, Lorca, Mazarrón, Mula, etc.) que operan la mayoría en la zona de regadíos de la cuenca del Segura próximas a la costa. Todos ellos explotan decenas de miles de hectáreas de regadío del medio millón que tiene la cuenca segureña”, continúa el citado medio.

“El nuevo plan de cuenca del Segura legalizará los usos ilegales del agua que tantos ríos de tinta han hecho correr en los últimos veinte años. Una verdadera ley de punto final que beneficia a grandes empresarios agrícolas, a costa, como siempre, de la teta castellana"

Mientras, y esto es importante destacarlo, “las explotaciones de pozos del Segura de menos de 7.000 metros cúbicos al año para regadío siguen totalmente prohibidas en el proyecto que está en información pública”, no así de los grandes pozos, lo que da idea de otra de las intenciones del plan: beneficiar a los grandes grupos agro-industriales murcianos y alicantinos. Es decir, que la idea original de CCOO y UGT de Murcia, o bien se pensó para los grandes terratenientes o han servido de tontos útiles. “El nuevo plan de cuenca del Segura legalizará, si llega a ser definitivo en los términos descritos en el borrador, los usos ilegales del agua que tantos ríos de tinta han hecho correr en los últimos veinte años. Una verdadera ley de punto final que beneficia a grandes empresarios agrícolas”, a costa, como siempre, de la teta castellana a la que se puede exprimir sin límites y sin compensación económica alguna. Para un servidor, la conclusión es clara: el Estado no nos trató ni nos trata por igual, Castilla vuelve a perder y la periferia vuelve a ganar. Y Cospedal, como antaño Barreda y Bono, en el guindo.

Plan Hidrológico del Tajo: nueva tomadura de pelo .

Por Javier Martínez.

Tras analizar el borrador del Plan Hidrológico del Tajo desvelado por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y publicado en el BOE el pasado 20/03/2013, así como las distintas reacciones al mismo, no queda otra que rechazarlo de plano ya que no resuelve ni reconoce ninguno de los graves e históricos problemas que atenazan a Castilla ni corta de raíz con las salvajes políticas trasvasistas hacia la periferia.

"Stop trasvases. Regadíos en Castilla". Pintada junto al embalse de Alarcón (Cuenca, Castilla).

"No resuelve ni reconoce ninguno de los graves e históricos problemas que atenazan a Castilla ni corta de raíz con las salvajes políticas trasvasistas hacia la periferia"

Es una nueva tomadura de pelo. La enésima. En primer lugar mantiene y blinda a perpetuidad el acueducto Tajo-Segura lo que acentúa en la periferia peninsular un modelo de desarrollo económicamente insostenible basado en el expolio de agua al vecino (al que incluso se le niega su uso), en la rapiña pura y dura de un recurso que ni tienen ni están dispuestos a comprar (a un precio razonable), a su justo propietario, Castilla, impidiendo además a ésta su utilización y arrasando toda posibilidad de desarrollo en la misma. No solo eso, sino que la voracidad y la demanda infinita del agua ajena, provocan notables desastres medioambientales en Castilla sin que eso importe ni se corrija, solo se maquilla elevando caudales mínimamente en tres ciudades pero sin garantía real siquiera de su cumplimiento. A modo de ejemplo, basta utilizar Google Earth para comprobar cómo en la desembocadura del Jarama en el Tajo, el río afluente lleva cinco veces más agua que el río principal, que ya ha sido desangrado, o como los caudales a su paso por Aranjuez, Toledo o Talavera han hecho del Tajo una caricatura de lo que antaño fue y una inmunda cloaca a cielo abierto.

El borrador del Plan Hidrológico del Tajo presentado anticipa, además, por donde irá el del Júcar. Ambos son los más polémicos y los únicos sin aprobar. Y en ambos nos dejan claro que los castellanos seguiremos viendo trasvasar gratis nuestra agua, mientras aquí seguiremos siendo abastecidos en camiones cisternas en docenas de pueblos y sin poder transformar en regadío nuestros mejores valles, y todo ello pese a que el recurso es nuestro. Con este plan se confirma que el Estado quiere regadíos y desarrollo sin límites en la periferia y miseria e inmigración en la meseta hasta por lo menos 2027. Se confirma además, que eso se hace a nuestra costa, sacrificándonos, y ello no solo porque no contempla que también aquí podamos utilizar nuestra agua, así como la infraestructura del canal Tajo-Segura, en nuevos regadíos, etc., sino porque ni se plantean posibles compensaciones económicas, tan solo unos litros más para que podamos ver nadar los pececitos.

"El borrador del Plan Hidrológico del Tajo presentado anticipa, además, por donde irá el del Júcar".

Embalse de Alarcón, (Cuenca, Castilla).

A modo de ejemplo de lo que supone impedirnos la utilización del agua para nuestro desarrollo, comparemos con lo sucedido en la comarca de El Carracillo (Segovia). El milagro del Carracillo segoviano mantiene a 20.000 personas de la huerta. La comarca vende 120 mil toneladas de productos hortofrutícolas. Sus habitantes no conocen el paro, que es residual. Es una isla de prosperidad sin mar a la vista, pero con mucha agua. El Carracillo es ahora la comarca más rica de Segovia y de las más avanzadas de Castilla en cuanto a agricultura innovadora. No sufre la despoblación de otros pueblos de Castilla y sirven al mercado nacional y extranjero los mejores productos de la huerta. Ha pasado de ser la zona más pobre de Segovia a la comarca más próspera. Los regadíos obraron el milagro. Sus cifras de ventas, en crecimiento constante, despiertan las envidias de cualquier territorio. En 2010: 100 millones de euros, mitad y mitad entre venta directa y producto transformado. En todos sus pueblos cuentan ya con al menos una industria agroalimentaria transformadora. El Carracillo no deja de innovar y en los últimos 5 a 7 años se ha producido un empuje de transformación agraria importantísimo. La revolución consistió en hallar el cultivo apropiado para una tierra que fue nefasta siempre incluso para el cereal. Regadío se llama la fórmula con la que llegó la innovación agraria. De los primeros cultivos de regadío, consistentes en achicoria, se ha pasado a la huerta más selecta. Luego la innovación agraria de la huerta sumó a la zanahoria y la patata y la remolacha, el puerro, la remolacha roja y la endivia. Hace cinco años la lechuga y así hasta hoy. Y solo hablamos de 7.600 hectáreas, de las cuales se riegan regularmente 3.500. Cuando el nuevo plan de regadío se ponga en marcha, el agua alcanzará a regar otras 1.500 hectáreas más (Fuente: Ical). 

Frente a esos contundentes datos, tenemos el caso de Cuenca, donde el 47% de los conquenses han emigrado, no viven en la provincia, y sin embargo tenemos numerosos ríos. ¿Qué pasaría si utilizásemos aquí el canal Tajo-Segura para regar por donde pasa, qué sucedería si controlásemos el Júcar y si por fin se transformasen las 50.000 hectáreas que en su día se declararon de interés general en La Manchuela conquense y albacetense?, ¿desaparecería el paro y la inmigración? Si 7600 hectáreas mantienen a 20.000 personas (clima es similar), 50.000 (solo en La Manchuela) mantendrían a 131.000 (la mitad aproximadamente en Cuenca y la otra en Albacete). Hablamos solo del Júcar. Si se creasen otras 50.000 hectáreas en tierras atravesadas por el canal Tajo-Segura, serían otras 131.000 personas, esta vez todas en Cuenca. ¡Aunque fuesen la mitad!

Los castellanistas y demás conquenses debemos dejar constancia de nuestro frontal rechazo al borrador, que se antoja casi como definitivo pues parece pactado, y del hartazgo que supone ver durante décadas como los periféricos se llevan el agua con la aquiescencia del Estado consentidor y sin que nadie contemple compensaciones para el interior castellano. 

Debemos además denunciar la negociación del plan de espaldas a la sociedad y con sordina, ya que la orden a las partes implicadas ha sido la de guardar silencio, y cuya primera víctima también ha sido Castilla-La Mancha pues durante un año Cospedal (PP) ha dejado de recurrir en los tribunales los sistemáticos trasvases en lugar de usarlos para seguir presionando en la negociación. Señores del PP, ¿dónde ven ustedes el 'gran éxito'?

Pintada cerca de Motilla del Palancar (Cuenca, Castilla)

Quiero recordar que los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo hace años que tienen terminado el plan. Lamentablemente, este no contempla ningún cambio significativo, ninguna mejora sustancial en tierras castellanas, salvo un aumento de las reservas de la cabecera de 240 a 400 hectómetros cúbicos que se antoja un mero caramelo, fácil de incumplir, para calmar a los incautos. La experiencia demuestra que esas cifras son papel mojado. Muchos castellanistas pensamos que eso es un simple anzuelo del PP para tapar bocas a ingenuos y que nada sustancial cambia. A Castilla se le sigue asignando un papel económica y políticamente irrelevante y secundario en el conjunto español. 

La prueba fehaciente de que el plan estaba concluido hace años, de que su aprobación perjudica a los intereses de Castilla y de que no se podrán cumplir las reservas ecológicas ahora publicitadas (que de todas maneras se dan un plazo de cinco años para alcanzarlas), la tenemos en que fue colgado en la web de la Confederación en 2011 por la anterior presidenta de la misma, la socialista Mercedes Gómez (el Gobierno del PSOE le obligó a retirarlo inmediatamente e hizo que Gómez pagara por ello), y en él se decían cosas como que el trasvase es inviable por la caída de las aportaciones de agua (en el período 1980-2006 se han reducido a la mitad de las previstas en el anteproyecto del trasvase Tajo-Segura de 1967), por el imparable aumento del consumo en la cuenca del Tajo debido a la explosión demográfica de Madrid y su desbordamiento hacia Guadalajara y Toledo y la inevitable presión de la Directiva Marco europea por la mejora ecológica de los ríos. Resulta evidente que para hacerlo ahora ‘viable’, para mantenerlo, el interior será sacrificado. Esta es la razón por la que en su día el gobierno de Aznar planeó el trasvase Ebro-Segura, para dotar de nuevo grifo a la costa ante la incapacidad del Tajo de poder abastecer a su cuenca (Gran Madrid) y al Mediterráneo al mismo tiempo. Con la llegada de Zapatero en 2004 y la ausencia de mayoría absoluta, ERC impuso eliminar el trasvase del Ebro (cuyo punto de toma estaría justo antes de tirarla al mar) y Zapatero lo aceptó (lo que prueba que los socialistas, si realmente hubiesen tenido voluntad de acabar con el trasvase del Tajo también lo hubiesen hecho). Ahora, perdidas las ayudas europeas para construir el trasvase del Ebro, sin dinero por la situación económica precaria del país, con un PP que gobierna en minoría con el antitrasvasista PAR en Aragón y sin agallas para exigirles a los catalanes su cuota de solidaridad hídrica con el Mediterráneo (¡y eso que están siendo rescatados financieramente por todos los españoles!), los paganinis de esta situación seremos, como siempre, los castellanos de las cuencas del Tajo y Júcar. Porque una cosa es cierta, Murcia y Valencia, tendrán agua ajena sí o sí. Castilla, eso ya es otro cantar, ni la propia. Antes permitir tirar el agua del Ebro al mar que dejar de sangrar al interior castellano y permitirle un futuro. Eso es España hoy. Antes fue Zapatero (PSOE), ahora es Rajoy (PP). ¡Y pensar que si no se tirase al mar la del Ebro habría agua y futuro para todos! No ser castellanista en esta España se paga caro, se paga haciendo las maletas (en Cuenca el 47%). Castellanismo o emigración.