Por Javier Martínez
Mientras se confirma la destrucción masiva de empleo
en las antiguas cajas de ahorro castellanas, y muy particularmente en la
antigua Caja de Castilla-La Mancha (CCM), cuya sede estaba en Cuenca, los
responsables del desastre de esta y de todas las entidades se están yendo de
rositas gracias a un ¿presunto? pacto de silencio PP-PSOE.
Hasta ahora habíamos visto como todas las cajas de
ahorro castellanas eran utilizadas por PP y PSOE en las fusiones para
cambalaches, nunca hubo la más mínima intención de fusionarlas entre si, pese a
que eran complementarias, y crear un grupo fuerte propio, tan solo unir
entidades sanas con quebradas de distintas regiones no castellanas para taparse
escándalos. Favor por favor. El resultado es la pérdida de todas ellas (una manzana
podrida pudre al resto del cesto y no al revés), cuyas sedes ya no están en
nuestras ciudades, y eso implica ahora que los mayores ajustes de empleo se
ceben precisamente aquí. El caso de Cuenca es paradigmático. El resultado es
que Castilla ha perdido sedes, entidades, poder económico y ahora empleo masivo
gracias a PSOE y PP, que tanto montan. Pero ahora lo que vemos es un presunto
pero evidente pacto de no agresión, de silencio y protección mutua frente a
investigaciones judiciales.
"Hasta ahora habíamos visto como todas las cajas de ahorro castellanas eran utilizadas por PP y PSOE en las fusiones para cambalaches, nunca hubo la más mínima intención de fusionarlas entre si, pese a que eran complementarias, y crear un grupo fuerte propio, tan solo unir entidades sanas con quebradas de distintas regiones no castellanas para taparse escándalos. Favor por favor. Pero ahora lo que vemos es un presunto pero evidente pacto de no agresión, de silencio y protección mutua frente a investigaciones judiciales"
Así los ex banqueros, ex consejeros y ex directivos de
las antiguas cajas quebradas que se enfrentan a la justicia alcanzan ya los 124
en toda España y los presuntos delitos cometidos afectan a todos los partidos
políticos y sindicatos, pero sobre todo a PP, PSOE, UGT y CCOO, que también
tienen representación en los consejos de administración, de ahí que se protejan
y se dediquen a taparse las vergüenzas comunes. Es sospechoso que Cospedal no
abra las puertas y ventanas de la CCM, y ventile responsabilidades ahora que
puede, tal y como prometió cuando estaba en la oposición. ¿Ha olvidado las
presuntas tropelías de Moltó y compañía o también está protegiendo a los suyos
como en su día hizo el PSOE?, ¿porqué no promueve ahora una investigación
parlamentaria como prometió?
Me pregunto, ¿qué ha pasado en las cajas de ahorros?,
¿por qué han caído?, ¿cómo se han gestionado?, ¿sus directivos han cometido
delitos?, ¿por qué fallaron sistemáticamente los controles, las inspecciones y
las auditorías?, ¿quiénes son los responsables?, ¿quién autorizó la
concentración de riesgos en tan pocos clientes amigos del poder?, ¿dónde están
los estudios e informes bancarios, si es que existen, que avalaban inversiones
tan ruinosas como la del aeropuerto de Ciudad Real? Entiendo que muchos
ciudadanos también se hacen estas preguntas y sospechan que tanto el anterior
Gobierno del PSOE como el actual del PP han pactado silencio para mantener
ocultas las respuestas porque ambos son conscientes que el verdadero origen del
problema está en la politización y desprofesionalización, así como en el
reparto de cajas y cuotas de poder que hace varios lustros ejecutaron por toda
la geografía nacional. Estas cajas para mí, estas para ti. Solo así se entiende
que un asunto tan grave y turbio, que ha llevado al coma irreversible al país y
a millones de familias, esté prácticamente fuera de la agenda y el debate
político, no así del económico y laboral, y que no sea utilizado políticamente
en ninguna región, sea del color político que sea.
Con la excusa de que no quieren remover aguas que
enturbien aún más el panorama económico, político y social, se están cubriendo,
siempre presuntamente, ante sus responsabilidades judiciales, sospechamos no
pocos ciudadanos.
No hay más que ver cómo ni el pasado ni el actual
Gobierno, tampoco la Junta de Comunidades, pretende buscar culpables ni
responsables de la caída de unas entidades que han costado ya 100.000 millones
de euros al erario público (casi el 10% del PIB del país), cifra aún no
definitiva. Hay temor a lo que se pueda destapar y todo apunta a que han
pactado darle carpetazo al asunto.
Aunque de vez en cuando algunos ministros se muestran
públicamente a favor de esclarecer todo lo sucedido en el sector financiero,
sus movimientos ponen de manifiesto lo contrario. El Ministerio Público, a
través de la Fiscalía, tan sólo ha actuado de oficio y ha presentado querellas
por los casos de las escandalosas prejubilaciones e indemnizaciones recibidas
por las cúpulas cuando ya era palmaria la ruina. Y no en todos los casos.
Existen causas, incluso en las que la Fiscalía es
contraria a la investigación y las decisiones judiciales. Dos ejemplos son
recientes. El primero es la orden de prisión incondicional para Miguel Blesa
(ex presidente de Caja Madrid, la caja castellana más importante y con unos 300
años de antigüedad) por la compra del City National de Florida por parte de
Caja Madrid, en la que hasta el ministro de Justicia y amigo del ex banquero,
Ruiz-Gallardón, ha cuestionado públicamente la medida adoptada por el
magistrado Elpidio José Silva. El segundo es la imputación de la presidenta de
Navarra, Yolanda Barcina, también del PP, por un presunto delito de cohecho en
Caja Navarra, cobro de dietas irregulares, medida que tendrá que ser ratificada
por el Supremo por su condición de aforada y donde el tradicional nombramiento
a dedo de los magistrados por los partidos mayoritarios garantiza que todo
quedará en agua de borrajas.
El Gobierno no sólo cuenta con la Fiscalía para poder
actuar y ser proactivo en la investigación de eventuales delitos en la gestión
de las cajas de ahorros. También dispone del Fondo de Rescate Ordenado Bancario
(FROB), fondo que controla toda la banca nacionalizada (Bankia, NovaGalicia,
CataluñaBanco y BMN), así como en su día el Banco de Valencia (regalado por 1€
a Caixabank tras sanearlo con 5.000 millones de euros de todos los españoles, y
taparle agujeros, y sin exigencia de devolución)
Es chocante que únicamente en esta última entidad se
ha promovido la vía judicial para esclarecer lo sucedido antes de la
intervención. Tiene abiertas ocho denuncias contra sus ex directivos y
empresarios de la región levantina, de las cuales doce ya están imputados, tras
las recientes decisiones de la Audiencia Nacional. ¿Por qué no se hace algo
similar en la CCM? Quizás la explicación estribe en que allí los afectados no
son políticos ni sindicalistas, sino directivos y empresarios que presuntamente
se auto concedían préstamos sin garantías, y sin pasar por el comité de
riesgos, que acabaron con el banco y pusieron en peligro los ahorros de los
depositantes. No deja de ser sintomático que solo en este caso, donde no hay
políticos, las causas abiertas en los tribunales hayan sido iniciadas por la
acusación de partidos políticos (entre otras organizaciones). En las cajas,
como sucede en la CCM, plagadas de políticos regionales de PP y PSOE, éstos no
acusan.
No queda ahí la cosa, en el caso del Banco de
Valencia, la personación del FROB es interesada y en ningún caso va en calidad
de acusación (según informa la prensa especializada económica), sino para
comprobar de primera mano las declaraciones que realizan los encausados y los
testigos citados por los jueces. ¿Está el FROB protegiendo a los anteriores
gestores políticos? Todo ello apunta, a mi juicio, a que PP y PSOE están
protegiéndose y tapándose las numerosas vergüenzas y presuntas corruptelas que
les ahogan, no colaborando con la Justicia y prostituyendo el sistema mismo al
que no han dudado en poner a los pies de los caballos. Anteponer, como parece,
sus propios intereses al de ciudadanos, clientes y contribuyentes es de una
deslealtad democrática repugnante.
La lista de imputados y acusados sigue aumentando muy
a pesar de PP y PSOE, principalmente, pero también de IU, CiU, etc. En el
último mes se ha imputado a parte de la cúpula de Caja Navarra, de Banco de
Valencia y de Bankia (entidad que agrupa a siete antiguas cajas de ahorros,
cuatro de ellas castellanas: Caja Madrid, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja
Rioja).
Pese a que está en marcha una investigación por parte
de la Audiencia Nacional para poner en marcha un procedimiento para esclarecer
posibles delitos por la comercialización de las polémicas y ruinosas
participaciones preferentes, a petición de cuatro colectivos de afectados, y
cuyo hedor a estafa generalizada y consentida por el poder político es
insoportable, la Fiscalía (que depende jerárquicamente del Gobierno), como en
otros casos, se opone a que sea la Audiencia Nacional la que instruya estos
procesos y sostiene que no hay indicios penales en la venta de estos productos,
por los que los clientes de las entidades que han recibido ayudas acumulan
pérdidas de, al menos, el 39% de media. Recordemos que la mayoría de clientes
presuntamente estafados con las preferentes son ancianos sin cultura financiera
alguna cuyo dinero pensaban iba a un depósito y acabó como fondos propios de
las cajas, convertidas por los políticos en auténticas cuevas de alí-Babá. Hay
incluso casos de menores de 1 a 4 años pillados en las preferentes, ¿seguro que
no hay indicios penales por estafa?, ¿por qué entonces algunas entidades están
devolviendo el dinero a cambio de no litigar?, ¿qué temen?
Igualmente, es sintomático que estos procesos están
siendo extremadamente ralentizados pese a la alarma social, y que cuentan con
dilatados períodos en los que los magistrados están realizando su trabajo sin
necesidad siquiera de tomar declaraciones hasta encontrar nuevas pruebas o
indicios.
Solo Miguel Blesa, que fue aupado a la presidencia de
la caja madrileña con el apoyo de PP y los sindicatos, también presentes en el
consejo de administración y por ello con responsabilidad, ha pisado la prisión unos
días. Ya está fuera.
En el resto de decisiones, todas tienen el mismo
objetivo y se producen por los mismos motivos: el cobro de prejubilaciones e
indemnizaciones millonarias auto concedidas, es decir, por el saqueo puro y
duro, pero no por la lamentable, temeraria y ruinosa gestión de amiguetes, más
política que económica. Destacar que los magistrados han impuesto a los
directivos de NovaCaixaGalicia, Caja Penedés y CAM el pago de altas fianzas
para mantener su libertad pero éstas han sido fácilmente abonadas precisamente
con el dinero saqueado a las propias entidades.
En la lista de imputados y acusados hay ex banqueros,
políticos y ex políticos, sindicalistas y empresarios. Todos ellos colectivos
que durante décadas controlaron las cajas de ahorros merced a cambios
legislativos autonómicos similares hechos por todas las CCAA de todos los
colores políticos, lo que pringa ahora a todos ellos, y que al calor de la
burbuja inmobiliaria las gestionaron, en algunos casos, para su propio
beneficio, como demuestran los informes periciales realizados en varios
procesos de instrucción. Huelga recordar que esos cambios legislativos
auspiciados por las regiones tenían por finalidad transformar las cajas en
bancos reales (¿dónde quedaron los Montes de Piedad?), es decir, que los
políticos-cajeros regionales jugaron a ser banqueros pero sin arriesgar el
dinero propio y sin el control de una inexistente junta de accionistas. Esta es
la madre del cordero, existe una conexión autonomías-cajas-desastre económico,
el chapucero diseño político autonómico nacido en la Transición ha acabado en
colapso económico generalizado. Por mucho que se esfuercen ahora PP y PSOE en
mantener y retocar el modelo (y salvarse ellos), en parchearlo, hay que
refundar políticamente España, reduciendo el número de autonomías (acabando con
la injusta dispersión castellana) y repensando entre todos las funciones de
éstas.
"Existe una conexión autonomías-cajas-desastre económico. El chapucero diseño político autonómico nacido en la Transición ha acabado en colapso económico generalizado. Por mucho que se esfuercen ahora PP y PSOE en mantener y retocar el modelo (y salvarse ellos), en parchearlo, hay que refundar políticamente España, reduciendo el número de autonomías (acabando con la injusta dispersión castellana) y repensando entre todos las funciones de éstas"
De todos los políticos imputados destaca la figura de
un ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato (PP), por su etapa como
presidente de Bankia. Se encuentra como el resto de imputados en la causa que
instruye el juez Fernando Andreu por cinco delitos relacionados con la salida a
bolsa del grupo a mediados de 2011. Pero, entre los afectados, están también
presidentes de CCAA, como la citada Barcina o Miguel Sanz, ambos de Navarra, no
así Barreda (y sus manos derechas Aráujo y ¿Moltó?), de momento, que podrían
acabar imputados junto a otro ex vicepresidente del Gobierno si finalmente la
justicia admite a trámite la querella presentada contra varios consejeros y
directivos de la antigua CataluñaCaixa, el socialista Narcís Serra. La ausencia
aún de numerosos políticos por imputar, pese a clamorosos escándalos, es cuando
menos sospechosa, ¿no les parece?.
El corolario final a todo este cúmulo de despropósitos lo estamos viendo las últimas semanas: Cuenca, y numerosas ciudades castellanas, se quedan sin sedes bancarias, sin entidades que financien la economía local, los despidos laborales en las antiguas cajas (y sus filiales) se ceban sobre todo en nuestras ciudades (y no en Oviedo o Málaga), los responsables políticos de aquí no pagan por ello y aún tienen tiempo de dar lecciones de democracia y de preocuparles el futuro de esta tierra y sus gentes.
El corolario final a todo este cúmulo de despropósitos lo estamos viendo las últimas semanas: Cuenca, y numerosas ciudades castellanas, se quedan sin sedes bancarias, sin entidades que financien la economía local, los despidos laborales en las antiguas cajas (y sus filiales) se ceban sobre todo en nuestras ciudades (y no en Oviedo o Málaga), los responsables políticos de aquí no pagan por ello y aún tienen tiempo de dar lecciones de democracia y de preocuparles el futuro de esta tierra y sus gentes.
