Las empresas beneficiadas por las ‘vacaciones fiscales’ vascas, empiezan a pasar por caja. El expolio empresarial castellano, sigue impune, sin indemnizaciones.

Por Javier Martínez.

Año 1993. La empresa vasca de la época, como toda la española, padecía la crisis que recorría la economía española. El lehendakari José Antonio Ardanza (PNV) acordaba con las diputaciones forales un plan de choque para succionar empresas al vecino y para dotar de ventajas, con dinero público, y alterando gravemente la libre competencia, a las empresas vascas frente a las allende del Ebro. Pomposamente se llamó plan para incentivar la creación de empresas.

La realidad es que bien pocas se crearon, siendo sin embrago tremendamente eficaz el plan para dotar de músculo a las debilitadas, cuando no raquíticas, empresas vascas de muy diversos sectores. Las ‘nuevas’ sociedades alumbradas en Vasconia quedaban exentas del impuesto de sociedades durante sus diez primeros años de vida. Casi nada, un auténtico paraíso fiscal. Nacían las llamadas vacaciones fiscales y una larga lista de agravios y denuncias por parte, sobretodo, de las tres provincias castellanas limítrofes con Vasconia, Logroño, Burgos y Santander (esta última en menor medida habida cuenta que su presidente Revilla ‘el anchoas’ estaba coaligado con el  PSOE). También una batalla de largo recorrido con Bruselas, que las consideró desde el principio incompatibles con el mercado común, y un profundo escándalo político por cuanto España consintió el fraude y hasta defendió en los tribunales europeos su propio expolio dejando indefensa su propia hacienda pública y a los territorios de régimen común (los tres citados fueron los más directamente afectados, pero no los únicos).

El Correo Español-El Pueblo Vasco, 25/06/2010.

Y todo, recordémoslo, por exigencias del PNV a un ZP sin mayoría suficiente para gobernar (ver en ésta bitácora la crónica del escándalo). Los acuerdos Estado-Periferia siempre nos cuestan dinero al resto, a Restospaña (donde estamos encuadrados los castellanos). El Tribunal de Justicia de la UE lo dejaba claro a mediados de 2011, tras casi dos décadas de pelea judicial: las ayudas eran ilegales y había que devolverlas. Pues bien, las empresas que en su día se beneficiaron de las vacaciones fiscales vascas, empiezan ahora a pasar por caja. Y de nuevo, estamos en crisis, esta mayor que aquella. Entre ellas, numerosas empresas bodegueras alavesas, grupos de comunicación, siderúrgicas y de todos los sectores. Entre 180 y 300 empresas.

“Según aseguran fuentes internas de la compañía, el entonces Grupo Correo se benefició de esta exención tributaria en los años noventa para levantar sus plantas de impresión de El Correo y El Diario Vasco en Zamudio (Vizcaya) y San Sebastián (Guipúzcoa), respectivamente. Ambas están a apenas 100 kilómetros de distancia. Unas rotativas de avanzada tecnología que, de acuerdo con fuentes conocedoras de la inversión, supusieron un gasto superior a los 2.000 millones de pesetas de la época. El Grupo Correo se fusionaba en 2001 con Prensa Española [editora del madrileño ABC] para crear la actual Vocento. Y le traspasaba sus cargas. Esta habría procedido ya a devolver las bonificaciones que percibió, desembolso que imputará a las cuentas de 2011” (ElConfidencial.com, 1/02/2012).

Esa fusión, no hace falta ser un lince de las finanzas para saberlo, no habría sido ‘entre iguales’ de no haber contado la parte vasca con dinero público extra. Esto es quedarse con más acciones de las que le correspondería a la parte vasca, frente a la castellana, en el grupo resultante. También gracias a esas ilegales ayudas públicas se ha podido captar cuota en otros mercados, incluso no españoles, de ahí que la sentencia las califique de incompatibles con el mercado común.

Así “el grupo de medios es dueño aún de ambas plantas de impresión a través de Corporación de Medios de Comunicación (Comeco), de la que atesora el 100%. Esta sociedad es la que a su vez posee el 100% de Bilbao Editorial Producciones, empresa que gestiona la actividad de las cinco rotativos de la imprenta ubicada en Zamudio. ‘Da servicio a los editores de prensa locales y nacionales, además de a los nuevos editores de prensa gratuita que han comenzado a distribuir en el ámbito del País Vasco’, rezaba uno de los últimos informes anuales de la firma. Ganó 1,27 millones de euros en 2010, tras facturar 13,37 millones. También controla la totalidad del capital de Sociedad Vascongada de Producciones, compañía que da cobijo a la rotativa ubicada en San Sebastián, pensada para ‘atender nuevos mercados como el francés’ (ibídem)

Como se ve, fueron aprovechadas no solo para crecer en el castellano mercado de Madrid, sino para localizar en territorio vasco empresas que de otra forma difícilmente hubiesen elegido ese territorio como sede natural.

Sectores como el vitivinícola alavés, directamente competidor de los afamados caldos castellanos de Ribera del Duero y Rioja, afrontan ahora un auténtico tour de force. Según DiarioVasco.com (3/10/2011), 'la Comisión Europea exige a doce bodegas alavesas devolver 100 millones en ayudas ilegales. Según las cifras que maneja el propio Ejecutivo comunitario, las arcas forales de los tres territorios históricos deberán reintegrar unos 750 millones de euros, recaudados de las entre 180 y 300 empresas que los recibieron y sobre cuya identidad pesa una total opacidad'... no por casualidad. Se pretende a toda costa ocultar el daño causado a otros competidores, la mayoría empresas castellanas de las zonas limítrofes, las grandes perjudicadas… que no serán indemnizadas. Tampoco las administraciones públicas castellanas, que como es lógico, a más competencia ilegal, menos actividad propia y menor recaudación de impuestos.

“Las diferentes diputaciones [vascas] saben que tienen que afrontar las devoluciones, pero han elegido ritmos diferentes. Por ejemplo, Vizcaya es la provincia que más prisa se está dando en recobrar los fondos, para ‘paralizar el contador de la multa’. Y es que mientras los tres territorios históricos [¿?] no cumplan con los requisitos impuestos por la Comisión, la sanción impuesta en su día por la UE sigue creciendo camino ya de los 50 millones de euros. Guipúzcoa, en manos ahora de Bildu, ha seguido la línea marcada por Vizcaya y se esfuerza en recaudar los fondos. Es sobre todo Álava, gobernada por el PP, la que considera incoherente reclamar ahora esos beneficios fiscales y quiere esperar a que el Tribunal de Luxemburgo confirme las sanciones” (ibídem).

No es solo un problema ideológico ‘de nacionalistas periféricos’ (el PP vasco también lo practica) sino de expolio económico al vecino puro y duro, posible gracias a una Constitución que permite dos regímenes fiscales diferentes, uno de los cuales no duda en utilizar sus atribuciones para succionar al otro, aprovechándose de las debilidades políticas cíclicas que todo inquilino en la Moncloa sufre de vez en cuando. Falla el sistema. Los antiespañoles contra los restospañoles. Las dos nuevas Españas.

El mayor emblema y exponente internacional de la economía de la provincia de Álava, las bodegas de la Rioja alavesa, salpicado de lleno, reconoce el propio Diariovasco.com (3/10/2011). Las cifras en juego a devolver se ciernen como una seria amenaza para el sector.

"La Comisión Europea exige que una docena de grandes compañías devuelvan a la Hacienda foral más de 100 millones de euros por las deducciones de hasta el 45% recibidas por inversiones realizadas hace ya dos décadas. Esa cifra representa una parte sustancial del dinero que el Ejecutivo comunitario demanda a las firmas alavesas afectadas. Si se diera el peor de los escenarios, si la Corte de Luxemburgo ratificara todas las tesis de la UE en el llamado caso de las 'vacaciones fiscales', la Diputación debería recuperar más de 200 millones de euros, sin contar los ya 'rescatados', explican los medios consultados. Según las cifras oficiales, 61 empresas -no solo vitivinícolas, sino también siderúrgicas y de otros sectores- ya han devuelto 87 millones tras los requerimientos de Bruselas. ‘Se ha recuperado la totalidad de las ayudas’, sostienen tanto el anterior Gobierno foral, del PNV, como el actual, que dirige Javier de Andrés (PP)”.

Juas, juas, eso llevan diciéndolo incluso en el juicio como ‘argumento’ que no fue admitido por el alto tribunal europeo, que no les dio la razón. Que España tragase en su día, por razones de conveniencia política de ZP, no significa que lo haga la UE. A los castellanos nos ha venido francamente bien estar en Europa, depender de la justicia europea, visto que España (cuyo Estado es claramente periferista como venimos denunciando) no nos defendió, nos malvendió, se alineó con el fraude y la injusticia. 200, o quizás 287 millones de euros en una sola provincia, Álava, para hundir a la competencia (sobre todo castellana) es mucho dinero. No digamos 750 millones de euros. Nadie puede sobrevivir frente a una competencia que ha recibido semejante cantidad. El erial castellano creado a su alrededor ¿quién lo vuelve a sembrar?, ¿qué fue de los recursos de la Junta de Castilla y León, y el Gobierno de la Rioja, anunciando que pedirían indemnizaciones a las diputaciones vascas? esperemos se diluciden pronto... y en Europa. No confiamos en la justicia española. Nos sobran razones.

“Un planteamiento [el de que se ha devuelto todo] que no comparte la UE. A su juicio, la factura total es muy superior a la cobrada y se podría disparar, según algunas fuentes, hasta los 250 millones, incluidos los intereses [solo en Álava]. Además, el número de compañías afectadas se elevaría a cerca de 80 en caso de cumplirse a rajatabla el criterio de los funcionarios comunitarios. Gran parte de ese dinero, en torno a un 80%, se refiere al capítulo de ayudas del 45%; y el resto, al de vacaciones y mini vacaciones fiscales, más vinculadas a la creación de empresas. La cantidad a devolver por Euskadi ronda los 750 millones (intereses incluidos). “La situación ahora es ‘muy delicada’, confiesan en privado numerosos empresarios. El futuro de más de una de estas compañías se juega en Luxemburgo”. No lo dudamos, pero menos delicada que el estado en que quedaron hace 20 años las empresas de la competencia arruinadas o fuertemente debilitadas, eso sin incluir el tiempo perdido y la consiguiente pérdida de oportunidades. “A finales del pasado año, el entonces diputado general de Álava, el nacionalista Xabier Aguirre, resumió con crudeza la gravedad del momento: ‘si hay que recuperar más ayudas, habrá firmas que vengan a la Diputación y nos den las llaves’, declaró. Pues que lo hagan, a nadie importó las consecuencias que para otros tuvo este fraude monumental instigado desde la política, desde el PNV, dicho sea de paso, y donde los empresarios no hicieron sino aprovecharse de un dinero ajeno con el permiso de los políticos. El PNV trabajó para el empresariado vasco a costa, sobretodo, del empresariado castellano y del contribuyente. 

“El talón de Aquiles se encuentra en Álava en el sector bodeguero” (el que más daño hizo, por otra parte, a Castilla). “Fuentes conocedoras del contencioso explican que ninguna de estas ayudas se destinó a la apertura de nuevos negocios” (ya lo advertí), “sino a relanzar los existentes con importantes inversiones ‘que no estaban dirigidas a incrementar la producción, sino al turismo o al medio ambiente’; unos fines que, según los abogados y la Diputación, pasarían el filtro de la legalidad vigente y que podrían encuadrarse dentro de las llamadas ayudas regionales, sí permitidas”. No es cierto, esto es un simple apaño, una nueva estafa planificada por la diputación alavesa, una burda excusa para no devolver los dineros... y evitar una previsible lluvia de demandas por daños y perjuicios de las empresas castellanas perjudicadas. La propia Junta de Castilla y León anunció que estudiaba posibles reclamaciones. En el fondo se está reconociendo implícitamente en todo el artículo la incapacidad de la economía alavesa de sobrevivir frente a sus vecinas sin esas ilegales ayudas.

“En su defensa, al igual que el resto de sectores, alegan el contexto en el que se aprobaron los incentivos, en un País Vasco en plena recesión con tasas de paro superiores al 20%, índices de producción industrial negativos y el azote del terrorismo en su mayor apogeo. Además, explican medios empresariales, lo único que hicieron fue acogerse a unas normas fiscales aprobadas por las Juntas Generales y que, por tanto, ‘eran completamente legales’. ‘Si no hubieran existido -matizan estas fuentes-, no se hubieran acogido a ellas’.

Si se han devuelto ¿a qué viene este último párrafo?, ¿ven como no ha sido así? Cierto es que los empresarios vascos, que no cometieron delito (por eso la multa no es para ellos), no crearon el problema, pero se aprovecharon de una situación ahora demostrada ilegal, por lo que eso no les exime de devolver ayudas ilegales… Y lo de utilizar argumentos sociales, políticos e incluso el terrorismo como excusa no es de recibo en empresarios. No es un argumento fiscal ni empresarial. Habéis sido beneficiarios de competencia claramente desleal, pensad en lo que habéis trincado gracias a ella durante 20 años y no os quejéis de que se acabó el chollo. Por suerte para los restospañoles castellanos, la justicia en Europa sí funciona, sí hay separación de poderes.