¿Pactan PP y PSOE entorpecer las investigaciones judiciales por la ruina y saqueo de las cajas castellanas?

Por Javier Martínez

Mientras se confirma la destrucción masiva de empleo en las antiguas cajas de ahorro castellanas, y muy particularmente en la antigua Caja de Castilla-La Mancha (CCM), cuya sede estaba en Cuenca, los responsables del desastre de esta y de todas las entidades se están yendo de rositas gracias a un ¿presunto? pacto de silencio PP-PSOE. 

Hasta ahora habíamos visto como todas las cajas de ahorro castellanas eran utilizadas por PP y PSOE en las fusiones para cambalaches, nunca hubo la más mínima intención de fusionarlas entre si, pese a que eran complementarias, y crear un grupo fuerte propio, tan solo unir entidades sanas con quebradas de distintas regiones no castellanas para taparse escándalos. Favor por favor. El resultado es la pérdida de todas ellas (una manzana podrida pudre al resto del cesto y no al revés), cuyas sedes ya no están en nuestras ciudades, y eso implica ahora que los mayores ajustes de empleo se ceben precisamente aquí. El caso de Cuenca es paradigmático. El resultado es que Castilla ha perdido sedes, entidades, poder económico y ahora empleo masivo gracias a PSOE y PP, que tanto montan. Pero ahora lo que vemos es un presunto pero evidente pacto de no agresión, de silencio y protección mutua frente a investigaciones judiciales.

"Hasta ahora habíamos visto como todas las cajas de ahorro castellanas eran utilizadas por PP y PSOE en las fusiones para cambalaches, nunca hubo la más mínima intención de fusionarlas entre si, pese a que eran complementarias, y crear un grupo fuerte propio, tan solo unir entidades sanas con quebradas de distintas regiones no castellanas para taparse escándalos. Favor por favor. Pero ahora lo que vemos es un presunto pero evidente pacto de no agresión, de silencio y protección mutua frente a investigaciones judiciales"

Así los ex banqueros, ex consejeros y ex directivos de las antiguas cajas quebradas que se enfrentan a la justicia alcanzan ya los 124 en toda España y los presuntos delitos cometidos afectan a todos los partidos políticos y sindicatos, pero sobre todo a PP, PSOE, UGT y CCOO, que también tienen representación en los consejos de administración, de ahí que se protejan y se dediquen a taparse las vergüenzas comunes. Es sospechoso que Cospedal no abra las puertas y ventanas de la CCM, y ventile responsabilidades ahora que puede, tal y como prometió cuando estaba en la oposición. ¿Ha olvidado las presuntas tropelías de Moltó y compañía o también está protegiendo a los suyos como en su día hizo el PSOE?, ¿porqué no promueve ahora una investigación parlamentaria como prometió?

Me pregunto, ¿qué ha pasado en las cajas de ahorros?, ¿por qué han caído?, ¿cómo se han gestionado?, ¿sus directivos han cometido delitos?, ¿por qué fallaron sistemáticamente los controles, las inspecciones y las auditorías?, ¿quiénes son los responsables?, ¿quién autorizó la concentración de riesgos en tan pocos clientes amigos del poder?, ¿dónde están los estudios e informes bancarios, si es que existen, que avalaban inversiones tan ruinosas como la del aeropuerto de Ciudad Real? Entiendo que muchos ciudadanos también se hacen estas preguntas y sospechan que tanto el anterior Gobierno del PSOE como el actual del PP han pactado silencio para mantener ocultas las respuestas porque ambos son conscientes que el verdadero origen del problema está en la politización y desprofesionalización, así como en el reparto de cajas y cuotas de poder que hace varios lustros ejecutaron por toda la geografía nacional. Estas cajas para mí, estas para ti. Solo así se entiende que un asunto tan grave y turbio, que ha llevado al coma irreversible al país y a millones de familias, esté prácticamente fuera de la agenda y el debate político, no así del económico y laboral, y que no sea utilizado políticamente en ninguna región, sea del color político que sea.

Con la excusa de que no quieren remover aguas que enturbien aún más el panorama económico, político y social, se están cubriendo, siempre presuntamente, ante sus responsabilidades judiciales, sospechamos no pocos ciudadanos.

No hay más que ver cómo ni el pasado ni el actual Gobierno, tampoco la Junta de Comunidades, pretende buscar culpables ni responsables de la caída de unas entidades que han costado ya 100.000 millones de euros al erario público (casi el 10% del PIB del país), cifra aún no definitiva. Hay temor a lo que se pueda destapar y todo apunta a que han pactado darle carpetazo al asunto.

Aunque de vez en cuando algunos ministros se muestran públicamente a favor de esclarecer todo lo sucedido en el sector financiero, sus movimientos ponen de manifiesto lo contrario. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía, tan sólo ha actuado de oficio y ha presentado querellas por los casos de las escandalosas prejubilaciones e indemnizaciones recibidas por las cúpulas cuando ya era palmaria la ruina. Y no en todos los casos.

Existen causas, incluso en las que la Fiscalía es contraria a la investigación y las decisiones judiciales. Dos ejemplos son recientes. El primero es la orden de prisión incondicional para Miguel Blesa (ex presidente de Caja Madrid, la caja castellana más importante y con unos 300 años de antigüedad) por la compra del City National de Florida por parte de Caja Madrid, en la que hasta el ministro de Justicia y amigo del ex banquero, Ruiz-Gallardón, ha cuestionado públicamente la medida adoptada por el magistrado Elpidio José Silva. El segundo es la imputación de la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, también del PP, por un presunto delito de cohecho en Caja Navarra, cobro de dietas irregulares, medida que tendrá que ser ratificada por el Supremo por su condición de aforada y donde el tradicional nombramiento a dedo de los magistrados por los partidos mayoritarios garantiza que todo quedará en agua de borrajas.

El Gobierno no sólo cuenta con la Fiscalía para poder actuar y ser proactivo en la investigación de eventuales delitos en la gestión de las cajas de ahorros. También dispone del Fondo de Rescate Ordenado Bancario (FROB), fondo que controla toda la banca nacionalizada (Bankia, NovaGalicia, CataluñaBanco y BMN), así como en su día el Banco de Valencia (regalado por 1€ a Caixabank tras sanearlo con 5.000 millones de euros de todos los españoles, y taparle agujeros, y sin exigencia de devolución)

Es chocante que únicamente en esta última entidad se ha promovido la vía judicial para esclarecer lo sucedido antes de la intervención. Tiene abiertas ocho denuncias contra sus ex directivos y empresarios de la región levantina, de las cuales doce ya están imputados, tras las recientes decisiones de la Audiencia Nacional. ¿Por qué no se hace algo similar en la CCM? Quizás la explicación estribe en que allí los afectados no son políticos ni sindicalistas, sino directivos y empresarios que presuntamente se auto concedían préstamos sin garantías, y sin pasar por el comité de riesgos, que acabaron con el banco y pusieron en peligro los ahorros de los depositantes. No deja de ser sintomático que solo en este caso, donde no hay políticos, las causas abiertas en los tribunales hayan sido iniciadas por la acusación de partidos políticos (entre otras organizaciones). En las cajas, como sucede en la CCM, plagadas de políticos regionales de PP y PSOE, éstos no acusan.

No queda ahí la cosa, en el caso del Banco de Valencia, la personación del FROB es interesada y en ningún caso va en calidad de acusación (según informa la prensa especializada económica), sino para comprobar de primera mano las declaraciones que realizan los encausados y los testigos citados por los jueces. ¿Está el FROB protegiendo a los anteriores gestores políticos? Todo ello apunta, a mi juicio, a que PP y PSOE están protegiéndose y tapándose las numerosas vergüenzas y presuntas corruptelas que les ahogan, no colaborando con la Justicia y prostituyendo el sistema mismo al que no han dudado en poner a los pies de los caballos. Anteponer, como parece, sus propios intereses al de ciudadanos, clientes y contribuyentes es de una deslealtad democrática repugnante.

La lista de imputados y acusados sigue aumentando muy a pesar de PP y PSOE, principalmente, pero también de IU, CiU, etc. En el último mes se ha imputado a parte de la cúpula de Caja Navarra, de Banco de Valencia y de Bankia (entidad que agrupa a siete antiguas cajas de ahorros, cuatro de ellas castellanas: Caja Madrid, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja).

Pese a que está en marcha una investigación por parte de la Audiencia Nacional para poner en marcha un procedimiento para esclarecer posibles delitos por la comercialización de las polémicas y ruinosas participaciones preferentes, a petición de cuatro colectivos de afectados, y cuyo hedor a estafa generalizada y consentida por el poder político es insoportable, la Fiscalía (que depende jerárquicamente del Gobierno), como en otros casos, se opone a que sea la Audiencia Nacional la que instruya estos procesos y sostiene que no hay indicios penales en la venta de estos productos, por los que los clientes de las entidades que han recibido ayudas acumulan pérdidas de, al menos, el 39% de media. Recordemos que la mayoría de clientes presuntamente estafados con las preferentes son ancianos sin cultura financiera alguna cuyo dinero pensaban iba a un depósito y acabó como fondos propios de las cajas, convertidas por los políticos en auténticas cuevas de alí-Babá. Hay incluso casos de menores de 1 a 4 años pillados en las preferentes, ¿seguro que no hay indicios penales por estafa?, ¿por qué entonces algunas entidades están devolviendo el dinero a cambio de no litigar?, ¿qué temen?

Igualmente, es sintomático que estos procesos están siendo extremadamente ralentizados pese a la alarma social, y que cuentan con dilatados períodos en los que los magistrados están realizando su trabajo sin necesidad siquiera de tomar declaraciones hasta encontrar nuevas pruebas o indicios.

Solo Miguel Blesa, que fue aupado a la presidencia de la caja madrileña con el apoyo de PP y los sindicatos, también presentes en el consejo de administración y por ello con responsabilidad, ha pisado la prisión unos días. Ya está fuera.

En el resto de decisiones, todas tienen el mismo objetivo y se producen por los mismos motivos: el cobro de prejubilaciones e indemnizaciones millonarias auto concedidas, es decir, por el saqueo puro y duro, pero no por la lamentable, temeraria y ruinosa gestión de amiguetes, más política que económica. Destacar que los magistrados han impuesto a los directivos de NovaCaixaGalicia, Caja Penedés y CAM el pago de altas fianzas para mantener su libertad pero éstas han sido fácilmente abonadas precisamente con el dinero saqueado a las propias entidades.

En la lista de imputados y acusados hay ex banqueros, políticos y ex políticos, sindicalistas y empresarios. Todos ellos colectivos que durante décadas controlaron las cajas de ahorros merced a cambios legislativos autonómicos similares hechos por todas las CCAA de todos los colores políticos, lo que pringa ahora a todos ellos, y que al calor de la burbuja inmobiliaria las gestionaron, en algunos casos, para su propio beneficio, como demuestran los informes periciales realizados en varios procesos de instrucción. Huelga recordar que esos cambios legislativos auspiciados por las regiones tenían por finalidad transformar las cajas en bancos reales (¿dónde quedaron los Montes de Piedad?), es decir, que los políticos-cajeros regionales jugaron a ser banqueros pero sin arriesgar el dinero propio y sin el control de una inexistente junta de accionistas. Esta es la madre del cordero, existe una conexión autonomías-cajas-desastre económico, el chapucero diseño político autonómico nacido en la Transición ha acabado en colapso económico generalizado. Por mucho que se esfuercen ahora PP y PSOE en mantener y retocar el modelo (y salvarse ellos), en parchearlo, hay que refundar políticamente España, reduciendo el número de autonomías (acabando con la injusta dispersión castellana) y repensando entre todos las funciones de éstas.

"Existe una conexión autonomías-cajas-desastre económico. El chapucero diseño político autonómico nacido en la Transición ha acabado en colapso económico generalizado. Por mucho que se esfuercen ahora PP y PSOE en mantener y retocar el modelo (y salvarse ellos), en parchearlo, hay que refundar políticamente España, reduciendo el número de autonomías (acabando con la injusta dispersión castellana) y repensando entre todos las funciones de éstas"

De todos los políticos imputados destaca la figura de un ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato (PP), por su etapa como presidente de Bankia. Se encuentra como el resto de imputados en la causa que instruye el juez Fernando Andreu por cinco delitos relacionados con la salida a bolsa del grupo a mediados de 2011. Pero, entre los afectados, están también presidentes de CCAA, como la citada Barcina o Miguel Sanz, ambos de Navarra, no así Barreda (y sus manos derechas Aráujo y ¿Moltó?), de momento, que podrían acabar imputados junto a otro ex vicepresidente del Gobierno si finalmente la justicia admite a trámite la querella presentada contra varios consejeros y directivos de la antigua CataluñaCaixa, el socialista Narcís Serra. La ausencia aún de numerosos políticos por imputar, pese a clamorosos escándalos, es cuando menos sospechosa, ¿no les parece?.

El corolario final a todo este cúmulo de despropósitos lo estamos viendo las últimas semanas: Cuenca, y numerosas ciudades castellanas, se quedan sin sedes bancarias, sin entidades que financien la economía local, los despidos laborales en las antiguas cajas (y sus filiales) se ceban sobre todo en nuestras ciudades (y no en Oviedo o Málaga), los responsables políticos de aquí no pagan por ello y aún tienen tiempo de dar lecciones de democracia y de preocuparles el futuro de esta tierra y sus gentes.