Hacienda admite que regaló 400 millones de IVA anuales de los restospañoles a Navarra durante 17 años.

Por Javier Martínez.

Dinero de las regiones del régimen común, es decir, de Restospaña, de usted y mío,  regalado por el Estado periferista a la mimada periferia, en este caso a Navarra. Ya lo denunciamos aquí en su día y ahora el Gobierno lo reconoce,  informa El Confidencial 18/07/2012.

El Confidencial del 18/07/2012. Ahora ya sabemos en qué consiste el mito de la economía Navarra y a costa de quienes disfrutan la renta que tienen. ¿Vamos a ser los castellanos tan idiotas de seguir defendiendo ciertos artículos de la Constitución del 78?

“Una cantidad que equivale al 10% del presupuesto de la región navarra, y sin la que la administración foral podría haber tenido que ser intervenida por el Estado. Hacienda ha admitido ahora la existencia de esta insólita inyección económica en una respuesta parlamentaria a UPyD, motivada por la información publicada en mayo por El Confidencial”.

“La unidad de grandes contribuyentes de la Agencia Tributaria abrió un acta por un montante de unos 1.700 millones, correspondientes a los cuatro últimos ejercicios fiscales. Pero lejos de cortar por lo sano, los gobiernos de Mariano Rajoy y Yolanda Barcina [ambos del PP] modificaron el convenio económico entre el Estado y Navarra para que la comunidad foral siga conservando la mayor parte del IVA recaudado por la exportación de vehículos Volkswagen producidos en la planta de Landaben”.

"lejos de cortar por lo sano, los gobiernos de Mariano Rajoy y Yolanda Barcina, ambos del PP, modificaron el convenio económico entre el Estado y Navarra para que la comunidad foral siga conservando la mayor parte del IVA recaudado"

“En su respuesta parlamentaria remitida a UPyD, el Ejecutivo admite implícitamente que ha estado devolviendo durante los últimos 17 años el montante del IVA que debería pagar Navarra, ya que se limita a recordar que esa información ‘tiene carácter reservado’ y la cifra a la que asciende dicho pago no puede revelarse. Así, el Gobierno contesta que las solicitudes de información formuladas por Rosa Díez ‘no pueden, en consecuencia, ser atendidas, dado que su difusión implicaría la cesión de información de carácter tributario no permitida por la Ley”. Es decir, que nos trincan la pasta los navarros al resto de españoles o restospañoles del régimen común, y el Estado, que ha sido colaborador necesario en ese expolio-mejunje, protege al expoliador ocultando la cantidad que nos ha birlado. ¿Qué es eso de que tiene carácter reservado la información a la que tenemos derecho? más bien nos está ocultando la dimensión escandalosa del expolio. Es lo que tiene que tu hacienda sea la de todos, la común, y la de los peris solo de ellos, es el crudo resultado de las asimetrías que tan insistentemente piden los peris sean extendidas a todo (ríos, impuestos, sanidad, etc.). Y como se ve, 17 años han dado tanto para gobiernos centrales del PP, como del PSOE (lo mismo en Navarra). Falla el modelo, el sistema, no solo los partidos, cuyos dirigentes nacionales solo se ocupan de cuadrar apoyos parlamentarios para beneficio personal a costa de quien sea. Los castellanos, y demás restospañoles que quedan, somos los paganinis en todo, los grandes perdedores del Estado pro periferia o periferista diseñado en la chapucera Transición. Tan importante es para los castellanos acabar con ese modelo injusto, constitucionalmente protegido,  como reunificarnos en una única CCAA que sirva de contrapeso a la periferia y al mismísimo Estado. Ya lo dijo el que fuera ministro y ‘jefe del gobierno’ en el exilio, el gran medievalista Sánchez-Albornoz: ‘Castilla hizo a España y España deshizo a Castilla… y sigue deshaciéndola’. Muchos ni se imaginan hasta que punto tenía razón este hombre.

Mariano Rajoy (presidente del Gobierno), y Yolanda Barcina (presidenta de Navarra), ambos del PP (UPN es la marca navarra del PP), riéndose de los restospañolitos.

La cosa adquiere tintes aún más graves cuando, descubierto el chanchullo del IVA ideado por Wolkswagen durante años, utilizando una triangulación fiscal fraudulenta en la que Navarra ingresa y el Estado central paga, ambas partes, Navarra y Estado, “modificaron su convenio económico en mayo con el objetivo de que Navarra comenzara a hacerse cargo de las devoluciones, y se normalizara la comercialización de los vehículos. Sin embargo, dado el impacto económico del IVA procedente Volkswagen en el presupuesto navarro, el Gobierno de Rajoy ha concedido al de Barcina que pague solo 25 millones anuales, por lo que el resto lo seguirá aportando el Estado”. Es decir, de los 400 millones birlados, una vez descubierto, la Hacienda del Estado, que debe velar por los intereses de los restospañoles (o ciudadanos del régimen común), decide perdonar 375 millones anuales a los navarros (de régimen foral). ¡Pobrecitos peris navarros!, ¡cómo les vamos a pedir devolver lo que nos trincaron! Y si tenemos en cuenta que Castilla debe representar, aproximadamente, el 25 o 30% de Restospaña, pues la ecuación es simple: entre 100 y 120 millones timados (solo vía IVA) anualmente durante 17 largos años. Intereses y coste de oportunidad, naturalmente, van aparte. ¡Acojonante! Y no pasa nada, oigan, más españoles que nadie.

La cuantificación y liquidación de los ajustes de impuestos indirectos como el IVA, no requieren de una Ley en el Congreso y son por ello, a juicio del Gobierno, opacos a éste. Es decir, los restospañoles no podemos ni saber los mejunjes que el Gobierno-periferia negocia contra nuestros intereses. ¿Representa y defiende el Estado a las regiones de régimen común? No solo no lo hace, sino que si conviene al gobierno de turno, va contra ellas... incluso cuando tienen mayoría absoluta y no precisan de apoyo periférico alguno. Todo esto me recuerda, inevitablemente, a ciertos períodos de nuestra historia, donde solo Castilla (y las regiones de su viejo reino),  pagaban impuestos. (Foto: El Confidencial 22/05/2012).

“UPyD había reclamado también al Ejecutivo información sobre este cambio en el convenio, así como sobre el momento en que será remitido a las Cortes Generales para su aprobación. No obstante, el Gobierno, en su respuesta, niega que sea necesario someter al Parlamento la modificación de este convenio” informa El Confidencial.

“’A diferencia de lo que sucede en el País Vasco’, reza la contestación, ‘los acuerdos para establecer la cuantificación y liquidación de los ajustes a consumo de la imposición indirecta son competencia de la Comisión coordinadora, sin que tradicionalmente haya resultado necesaria su aprobación posterior por Ley en las Cortes Generales’. De esta forma, el Gobierno se libra también de dar explicaciones en el Congreso o en el Senado sobre los nuevos acuerdos económicos establecidos con Navarra”. Es decir, que el Gobierno garantiza oscurantismo y secretismo, no tenemos ni derecho a saber. El Estado, beneficiando a los peris, y perjudicando a los castellanos y demás restospañoles tontos del bote. Y yo me pregunto, ¿viva España? O cambiamos el modelo, o cada día se nos hace más cuesta arriba creer en España, en al menos esta España. Por cierto, bien por UPyD, los únicos que, a falta aún de un castellanismo mínimamente implantado (todo se andará), han destapado este escándalo sacándole los colores al indolente y traidor PPSOE (llama la atención que el PSOE, ahora en la oposición, no haya utilizado el caso para zurrarle al PP. Y es que el PSOE, tan nacionalista e incluso antiespañol en las regiones periféricas, le importa una higa el 'fascista, centralista y opresor' interior peninsular. El PSOE ha asumido el ideario periférico de la malvada Castilla. Para la PSOE SA, defender el interior es franquista).

Hasta el Estado reconoce que vascos y navarros nos chupan la sangre (I)

Por Javier Martínez.

Hoy les traigo aquí algo que muchos ya sabíamos pero que pocos tienen la dignidad de denunciar, y sobre todo, de combatir. Resulta que hasta el Estado reconoce que vascos y navarros nos chupan la sangre al resto de territorios vía conciertos y cupos. Se atreve incluso a cuantificarlo.

Como ven, no es ya que los castellanos hayamos sido divididos y repartidos por varias autonomías de segunda por este Estado autonómico (felizmente fracasado e inevitablemente por ello abocado a su reformulación), sino que el Estado colabora en nuestro permanente expolio fiscal para beneficio de los peris, y así, abiertamente, lo reconocen sus propios estudios, altos funcionarios y organismos sin pestañear siquiera, sin poner remedio por la sencilla razón de que políticamente no conviene al inquilino de turno de la Moncloa (que más pronto que tarde siempre acaba necesitando apoyo de algún peri y anteponiendo sus intereses a los generales) o no se atreven.

Resulta que un informe publicado en una revista de Hacienda admite los privilegios vasco-navarros, afirmando incluso que el régimen foral de Vasconia, nos cuesta al resto de regiones 1820 millones de euros… solo en concepto de IVA. Lo que nos cuesta Navarra va aparte. Imagínense ahora lo que acabará costándonos Cataluña cuando adopte el ‘pacto’ fiscal bilateral.

El Estado, que se supone de todos los españoles, se empeña en mostrarse claramente como pro-periferia (o periferista) y anticastellano. Esas asimetrías de trato, tan del gusto peri, acabarán con el país, no lo duden. No se ustedes, pero un servidor está hasta los mismísimos de ser Restospaña.

Me duele reconocerlo porque siempre he sido defensor de una Hispania unida, incluso con Portugal, siempre que sea bajo los criterios de igualdad de derechos y deberes, sin asimetrías ni de ciudadanos ni de territorios, pero cuando leo artículos como el que a continuación les pongo, no puedo sino preguntarme, ¿para esto queremos España y las autonomías? España sí, pero no así. Autonomías sí, pero no así. Derogación del sistema foral vasco-navarro ya o adiós a España. Señores, antes rota que asimétrica, no quiero ser restospañol.

Les dejo el demoledor artículo de ElConfidencial.com (21/05/2012), espero no se les indigeste como a mí, no sin antes volver a subrayar la necesidad imperiosa de reunificar todas las tierras castellanas nucleares de ambas sub-mesetas, en una única CCAA, de nombre Castilla a secas, por lo que pueda pasar, por lo que está pasando ya. Una Castilla desunida como la actual nos vuelve irrelevantes, inoperantes e insignificantes en el marco político y económico español actual, pues al trocearnos nos anula como pueblo, como sujeto político con derechos, nos hunde en la nadería (lo que nos conduce además a estériles rivalidades interprovinciales, como la Cuenca-Albacete, de mirada corta y recorrido obtuso), nos hace perder sinergias políticas, económicas y de toda índole, es decir, nos empobrece, y nos convierte en ciudadanos fácilmente ninguneables y expoliables por los peris con el beneplácito del Estado como se ve (y no solo en temas hídricos o fiscales, también en infraestructuras, etc.), en ciudadanos de segunda y de vía lenta,…

Castilla, quién te ha visto y quién te ve, ayer dominadora, hemos acabado pagando a quien nos roba, ¿cabe mayor humillación? y los castellanos del PPSOE, tan contentos, oiga.

El Confidencial, 21/05/2012

UN INFORME PUBLICADO POR UNA REVISTA DE HACIENDA DENUNCIA LOS PRIVILEGIOS

El régimen foral del País Vasco le cuesta al resto de regiones 1.800 millones en IVA
 
Por Carlos Sánchez. 21/05/2012

“El informe no deja lugar a dudas. Y su conclusión es que las regiones españolas del régimen común -todas salvo las que se benefician de un sistema foral- ‘subvencionan’ cada año al País Vasco en 1.820 millones de euros debido al cálculo que hace el Estado sobre la recaudación por IVA.

Cataluña, Madrid y Andalucía son, con diferencia, las comunidades autónomas más perjudicadas por el procedimiento. En todos los casos, por encima de los 300 millones de euros anuales que se transfieren de forma ilegítima respecto de lo que en realidad correspondería si se aplicará la norma según lo recaudado. Con más de cien millones de euros de aportación adicional y menos de 200 millones aparecen Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana. El resto de regiones aporta menos de 100 millones al País Vasco sin ninguna contraprestación.

Los cálculos aparecen publicados en Crónica Tributaria, una revista editada por un órgano oficial -el Instituto de Estudios Fiscales-, y los ha elaborado Javier Vicente Matilla, inspector de la Agencia Tributaria. Y parten del hecho de que si la recaudación total del IVA en todo el territorio español se situó en 2008 en 43.914 millones de euros, al País Vasco le correspondería ingresar -en función de sus índices de consumo- 2.469 millones. Sin embargo, logra 4.289 millones del Estado, lo que significa que la diferencia (esos 1.820 millones) es lo que subvencionan las regiones del régimen común a Euskadi. Todas excepto Navarra, que también dispone de un régimen foral.
Según sus cálculos, el  consumo del País Vasco representa el 5,6% del conjunto de España; mientras que el Producto Interior Bruto (PIB) es del 6,3%. Sin embargo, el índice de capacidad recaudatoria fijado en el cupo –la cantidad que paga cada año el País Vasco  para sufragar los gastos generales del Estado- es del 5’7%.

Este porcentaje es muy inferior al índice de recaudación real, que es del 7’2%, aunque después del correspondiente ‘ajuste’ se transforma en el 8’3%. Esas diferencias entre lo que ingresa el País Vasco gracias al Cupo y lo que debería ingresar, son las que explican las transferencias de rentas hacia el País Vasco procedentes del resto de regiones, cuyo nivel de riqueza es muy inferior.

Distorsiones y enriquecimiento

En palabra de Esteban Matilla, estamos ante la aplicación de unos ‘índices políticos’ que nada tiene que ver con la realidad, lo que produce enormes distorsiones en la distribución de la carga fiscal entre comunidades autónomas. En concreto, el índice de capacidad recaudatoria asignado en el cupo (artículo 14) es muy inferior a la recaudación real, lo que supone menor aportación al Estado, y el índice de consumo establecido para el País Vasco es muy superior al real, lo que supone que ‘el País Vasco tenga una mayor participación en el IVA ingresado en el Estado’.Estos dos efectos, por un lado lo que el País Vasco deja de pagar al Estado, y, por otro, lo que el Estado le paga de más, producen, en opinión del autor del informe, ‘una distorsión que determina el enriquecimiento de las administraciones forales, en perjuicio del resto de comunidades autónomas’.
Según el autor del artículo, el sistema del Cupo -regulado por el Concierto Económico- es unidireccional, ya que solamente paga el Estado. Hasta el punto de que los niveles de fraude en el IVA que reconoce la Administración central, y que, por lo tanto, aminoran las entregas, no se aplican en el caso del País Vasco. Y ese fraude es el que se deduce de los ajustes sobre el consumo. El último Concierto Económico se firmó en 2007 y tiene vigencia hasta 2011, igual que la metodología de elaboración del cupo.

Esta realidad se produce pese a que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estableció  en una sentencia del año 2008 que se deberían evitar sistema tributarios ‘privilegiados’. El resultado, sin embargo, es que la presión fiscal efectiva en el País Vasco es menor de la que existe en el resto del territorio.  El estudio publicado por Crónica Tributaria no es, desde luego, el único ni el primero que alcanza esas conclusiones. El economista Ángel de la Fuente, del Instituto de Análisis Económico del CSIC –otro organismo oficial publicó otro estudio en el que concluía que la contribución del País Vasco a la Hacienda estatal es ‘muy inferior a lo que debería ser de acuerdo con la legislación básica actualmente en vigor’.

El origen del desajuste, sostenía De la Fuente, está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma ‘muy discutible’. Los problemas fundamentales que detectaban eran dos. Primero, la valoración de las cargas estatales no asumidas por el País Vasco está ‘fuertemente sesgada a la baja’. Y, segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto.

El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007”.

Bien, ¿cómo se les ha quedado el cuerpo? Si quieren vomitar, al fondo a la derecha. ¿Entienden ahora el porqué al sur del Ebro, y al norte de los Pirineos, se vive bastante peor que en esa isla-paraíso fiscal vasco-navarra? También hoy, el catedrático Roberto Centeno, en otro artículo del mismo diario recuerda otro cálculo del expolio que supone el cupo vasco y la aportación navarra que tanto ansía Cataluña copiar, 9.000 millones de euros es la cifra si se tienen en cuenta todos los conceptos, no solo el IVA. O acabamos con esos inadmisibles privilegios constitucionales, o éstos acaban con nosotros. Elijan.

El 'caso Nadal' destapa, de nuevo, el expolio vasco a Restospaña

Por Javier Martínez

En esta bitácora venimos denunciando el trato vergonzante e injusto que España da, o  permite, incluso desde su misma Constitución, a sus territorios más leales, en materia fiscal. Recientemente hemos conocido un nuevo caso que lo pone de manifiesto y que se añade al consabido plan de succión de empresas (y por ello de impuestos y empleos) conocido como vacaciones vascas y que Luxemburgo juzgó como ilegales y contrario al libre mercado.

ElConfidencial.com del 02/02/2012, publica lo siguiente: ‘según asegura un portavoz oficial de la Diputación de Guipúzcoa, la Inspección de la Hacienda Foral ha abierto una investigación al grupo de sociedades que el tenista mallorquín ha tenido domiciliado en el territorio histórico desde 2006 hasta finales de 2011. Un proceso que se pone en marcha apenas un año después de que Bildu [heredera de Batasuna] arrebatara ese feudo al PNV durante las pasadas elecciones autonómicas. El cambio de guardia parece haber puesto bajo la lupa la ventajosa normativa tributaria que el partido nacionalista había diseñado para las empresas. Y a quienes de ella se han beneficiado’.

Todo parece indicar que al tenista icono del españolismo, al haber abandonado ya Guipúzcoa como paraíso fiscal, al no ser ya rentable al interés vasco, pues han decidido ponerlo en el disparadero y cebarse con él. Han sido las ganas que le tenían, por su condición de deportista orgulloso de su españolidad, lo que ha permitido que nos enterásemos del caso, ¿cuál si no es el interés de esta filtración de datos confidenciales? No pretendemos aquí juzgar a Nadal, al que admiramos tanto en lo profesional como en lo personal, y que no ha hecho nada fuera de la ley, que se sepa, por cuanto únicamente se ha aprovechado de algo que es legal, tributar lo menos posible acogiéndose al régimen fiscal más favorable a sus intereses como hubiésemos hecho cualquiera de poder hacerlo, el foral vasco. Pretendemos juzgar al sistema que lo hace posible y que tan injusto es para los territorios españoles de régimen común (todos menos Vasconia y Navarra, y del que aspira a salirse Cataluña, cerrándose así el círculo y quedando Restospaña). Nadal domicilió sus empresas en Guipúzcoa para acogerse a las ventajas fiscales tal y como ha reconocido, pese a mantener su domicilio fiscal particular en Baleares, algo frecuentísimo, y posible, por cuanto las sociedades son personas jurídicas independientes de sus accionistas.

‘Nadal decidió ya hace un lustro que sus empresas cumplieran con el fisco lejos de su isla natal, aprovechando el beneficioso marco fiscal existente en Guipúzcoa. De hecho, Aspemir, firma controlada por el deportista y domiciliada en San Sebastián, declaró entre 2005 y 2009 beneficios por importe de 47,37 millones de euros. Según las cuentas remitidas al Registro Mercantil en esos cuatro años, la citada compañía apenas pagó 11.058,42 euros en concepto de Impuesto de Sociedades. Es una de las empresas que el tenista […] ha mantenido en estos años como parte de un entramado de sociedades radicado en el territorio histórico’ prosigue el citado medio. ¿Qué les parece?, ¿cómo se les ha quedado el cuerpo? Pues eso es legal. El sistema que lo hace posible figura blindado en la mismísima Constitución española, de ahora en adelante, Constitución españolari. Ahora extrapolen el caso a miles de situaciones desconocidas. Nadal pagó un 0,02% en vez de un 30% por el Impuesto de Sociedades, si bien ahora, destapado el caso, se ha regularizado (su error fue mantener su domicilio particular en Mallorca). Eso es lo que los expertos llaman economía de opción u optimización fiscal, que es la principal industria de los llamados paraísos fiscales. Justo sería decir también, que al menos Nadal no se ha domiciliado fuera de España, como hacen la mayoría, si bien, para el caso, es como si lo estuviese.

Como se ve, la simulación del domicilio de las sociedades, para así, haciendo un uso abusivo de un régimen ventajoso aplicable solo en los territorios forales, no pagar prácticamente impuestos en ese territorio foral, cuando se debería haber tributado desde un principio en otro lugar de régimen común, por ejemplo, Castilla, es una triquiñuela, tan frecuente como injusta para Restospaña que acaba succionándola, convirtiéndola en una colonia y en un erial empresarial que afecta sobre todo a los territorios colindantes, es decir, a las castellanas provincias de Santander, Burgos y Logroño (rebautizadas recientemente como Cantabria, Burgos y Rioja, respectivamente) pero también, como se ve, a lugares más alejados.

Lo hemos denunciado otras veces, Vasconia y Navarra son, en la práctica, dos paraísos fiscales consentidos dentro de España, con lo que eso tiene de amparo legal dado precisamente por quien va a ser objeto de la succión y expolio. Solo la UE, y de forma tímida y ocasional, se ha atrevido con ese dumping fiscal. Los restospañoles, ¿somos idiotas o qué?, ¿y todo esto para que no se vayan?, ¿estamos comprando su lealtad? No, estamos pagando, y perjudicándonos, para que cuando la teta restospañola no dé más leche, de todas formas, se piren. Hemos creado un sistema fiscal que hace rentable hasta el infinito la no independencia para los territorios forales independentistas (que así solo aspirarán al privilegio, como insistentemente quieren también los catalanes, y llevan camino de conseguir, y que además tienen la desfachatez de insultarnos continuamente con campañas como ‘Espanya ens roba’) pero una ruina para el teóricamente leal de régimen común (eso explica el interés catalán en salirse y copiar el concierto vasconavarro). Y digo teóricamente leal porque, de mantenerse intacto, somos el resto quienes acabaremos renegando o quienes debiéramos alegrarnos de que se vayan, cosa que se percibe ya en los comentarios anónimos de los foros[1][2].

Los ‘leales’ tenemos colmatadas las tragaderas. Los peris lo tienen claro, hay algo mejor que la independencia, el privilegio, estar dentro para lo bueno (el mercado de 47 millones y la protección jurídica les garantizan una favorable balanza comercial) pero no siendo iguales, sino con privilegios, con asimetrías. El problema político para tales asimetrías, es que los demás empezamos a tener claro que solo nos interesa la unidad española, vivir en una casa común, si las reglas son las mismas. De lo contrario, adiós España, las ventajas de la unidad desaparecen (se rompen sinergias) y aparecen los inconvenientes (la sumisión de unos a otros). Los castellanos no queremos ser de segunda, no queremos convertirnos en una colonia interior, y amablemente les invitaremos, a vascos, navarros, catalanes y demás tropa a seguir el camino de Portugal, que pese a las apariencias no es otro que el de la 'independencia' política y la dependencia económica (tal y como los propios estudios e informes de la UE y bancos de inversión lo consideran, una comunidad autónoma más de España en asuntos económicos).

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[1] “El problema es el de siempre y que nadie, especialmente los políticos, se atreven a denunciar: el régimen fiscal vasco es una vergüenza y un privilegio para los señoritos vascos y navarros, que dicho sea de paso, les permite, entre otras cosas, tener un paro del 11% solamente ¡con la que está cayendo en España! Y todavía peor, ese régimen fiscal no es solidario con el resto de españoles, es decir, se lo quedan todo y se lo gastan ellos, una vergüenza, oiga... no me extraña que los catalanes quieran un régimen fiscal propio similar... ¡Toma, y yo!  […] no le quepa duda que la prosperidad productiva de una región se la debe al mercado que le compra, y en esto a los catalanes, a los vascos y a los madrileños les compran todas las demás regiones. Yo soy de Madrid, la CCAA más rica de España y la que más aporta al resto y no me parecería justo en la medida que tanto Madrid como Cataluña y por supuesto País Vasco, viven del resto de CCAA. Así de sencillo. Si los nacionalistas siguen en su egocéntrica postura, mejor que se independicen. Todos seremos más felices. Pero la situación actual del País Vasco y Navarra es sencillamente indecente”

(Uriz, internauta anónimo en el foro de ElConfidencial.com, 09/03/2012, comentando la noticia del ‘caso Nadal’)

[2] “A uno no le parece mal que País Vasco, Cataluña o quien sea quiera separarse de España, pero mientras esté en España... como todos, nada de privilegios,… nada de privilegios-nueces manchados de sangre, ahora que dicen que ha acabado ETA, hay que devolver todas las nueces, y el concierto y cupo vasco navarro es una de las más sucias nueces”

(Sanz, internauta anónimo en el foro de ElConfidencial.com, 09/03/2012, comentando la noticia del ‘caso Nadal’)

Recordando las tropelías de ZP con la financiación autonómica de los restospañoles. El coste del ‘Estatut’ catalán.

Por Javier Martínez.

De cómo el PSOE, sin mayoría suficiente, nos entregó a los peris a cambio de unos votos y el porqué los peris, chequera en mano, siempre ‘socorren y apoyan la gobernabilidad’ de España. Grandes hombres de Estado sin duda, unos y otros. El PSOE, partido catalanista-andaluz (no confundir con catalano-andaluz) como ya hemos denunciado en esta bitácora, es muy generoso con el dinero de los demás y siempre se acuerda de sus feudos y soportes. Unos compran y los otros se dejan comprar, que alguien pagará. Y si no lean. ¿Adivinen quién pagó, y aún paga, la fiesta del enésimo chantaje periferista? Restospaña, es decir, lo que queda sin contar Vascongadas y Navarra por un lado (que tienen, porque se lo consentimos, un régimen fiscal privilegiado, blindado por la mismísima Constitución, que actúa como un auténtico paraíso fiscal, empresarial e industrial a nuestra costa) y Cataluña por el otro (al que ahora se une Andalucía).

Algunas de las conclusiones que se deducen, antes de reproducir íntegramente, por su interés, los artículos de ElConfidencial.com del 14/07/2009 y de El Mundo (julio de 2009), son:

·         Cataluña tendrá la financiación más alta de España… pese a no ser la región más rica. Los restospañoles, o ciudadanos de segunda, más pobres y tontos, financiaremos a los antiespañoles, o ciudadanos de primera, más ricos y listos. Solidaridad socialista en estado puro.

·         Cataluña, pese a ser rica, apenas si contribuirá a la solidaridad interregional española (al igual que vascos y navarros) que solo recaerá ahora sobre Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana. Sí a las ventajas de estar 'en' España, pero no a estar 'con' España, a sus inconvenientes u obligaciones.

·         Cataluña y Andalucía se llevarán el 55% del dinero pese a representar solo el 33% de la población total. Pese a lo cual, no paran de darnos la brasa, ‘España expolia a Cataluña’ repiten por doquier.

·         Con ZP, el Estado abandona su papel de garante de iguales servicios públicos básicos y redistribuidor de la riqueza nacional (porque es de todos, no está troceada, la contabilidad sigue siendo única) entre territorios ricos y explotados (gracias a la jerarquización territorial que nadie corrige). Los pobres han de ser generosos con los ricos.

·         La financiación autonómica, por primera vez no ha sido pactada entre el Estado y las autonomías, sino entre el Estado y una autonomía, y el resto, a tragar. Esto es la asimetría y bilateralidad, la sumisión del resto de autonomías (restospaña, escrito con minúscula), y del Estado mismo, a una de ellas, que manda e impone criterios y reglas. Los intereses del Partido que Jode al Obrero Español (PJOE) cada vez que gobierna, y de ZP, ante todo. Nuevo paso en el cabreo nacional, otra grieta más en la piel de toro. Los descontentos ahora somos todos, antiespañoles y restospañoles. ¡Un crack este Zapatero remendón!

Y todo ello, para que Cataluña, dentro de un par de minutos, vuelva a cuestionar el sistema,  como siempre. Todos los mejunjes Estado-Periferia los acabamos pagando los castellanos y demás restospañoles ‘no históricos’. Puede que haya café para todos, pero algunos siempre tocan a dos tazas. El tema del dinero público siempre es un juego de suma cero, lo que unos reciben de más, otros de menos. O espabilamos y apostamos de una vez por reunificar todas las provincias castellanas (y leonesas que así lo quieran) en una sola CCAA fuerte que haga de contrapeso a esos mejunjes Estado-Periferia que tan frecuentes como  inevitables son con la deplorable ley electoral y el infumable mapa político autonómico… o las facturas siempre nos las pasan al cobro a los mismos. Y todo ello para acabar, de todas formas, con el país roto, porque a nadie se le escapa que la lealtad periférica durará mientras el negocio de ordeñar la teta del Estado funcione. No se ustedes, pero un servidor está harto de convivir con sibilinos fenicios, desleales y hostiles, y un Estado que paga y premia generosamente a traidores y no a leales. Estamos en enero de 2012 y tal y como les decía, no han parado de presionar con lo de nuevo ‘pacto’ fiscal. ¿Qué les decía? Dame más. Cierren sus bolsillos.

He aquí los artículos prometidos rescatados sobre la humillante nueva financiación autonómica de ZP:

Noticia de El Confidencial, 14/07/2009

Cataluña tendrá la financiación per cápita más alta de España

Por Carlos Sánchez (ElConfidencial.com, 14/07/2009)

“No hay cambio de modelo. Lo que se ha hecho, simple y llanamente, es cumplir con el Estatut”. Lo dice Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco y uno de los mayores expertos en financiación autonómica. Para otro colega suyo -también catedrático de Hacienda Pública- pero que prefiere guardar su identidad, hablar de nuevo sistema es simplemente “absurdo”.

Básicamente por una razón. Un sistema es un conjunto de reglas, y “aquí lo que se ha hecho es la firma de un pacto político con Cataluña, y a continuación los técnicos de Hacienda lo han dado forma y lo han presentado como si se tratara de un nuevo modelo”. Pero la realidad, asegura, es que “se ha hecho un traje a la medida de Cataluña”, lo cual, apostilla, tiene que ver con el cumplimiento del Estatut catalán. “No es casualidad, insiste, en que en La Vanguardia se decía desde hace más de un año que Cataluña necesitaba 3.800 millones de euros más, y esa es la cantidad que finalmente se ha pactado”.

De esta  forma tan crítica han recibido algunos expertos el documento presentado el domingo por la vicepresidenta Salgado, que a tenor de algunos  juicios vertidos ayer tiene dos grandes triunfadores: Cataluña y Andalucía. Entre ambas comunidades se llevarán 6.040 millones de euros de los 11.000 millones que ha puesto el Gobierno central a disposición de las comunidades autónomas (3.855 millones en el primer caso y 2.185 millones en el segundo). Es decir, el 55% del total, cuando el peso de su población respecto al conjunto del Estado es del 33%.

Según Zubiri, “el único cambio real es que Cataluña va a recibir más dinero”, lo que provocará un vuelco radical en la financiación total per cápita. Con cifras relativas a la liquidación de 2007 –ver aquí enlace a últimos datos publicados-, y tomando como referencia el Censo oficial de población correspondiente a ese ejercicio, la financiación catalana per cápita se elevó ese año a 2.675 euros por habitante, lo que supone que se situó en la décima posición de las quince regiones que forman el régimen común (excluidos el País Vasco y Navarra y las ciudades de Ceuta y Melilla). Teniendo en cuenta que tras el acuerdo con el Gobierno central recibirá otros 534 euros por ciudadano, eso quiere decir que alcanzará los 3.209 euros, en la cima del ránking actual.

Solidaridad regional

La media de financiación per cápita para el conjunto del Estado asciende a 2.529 euros, por lo que, según lo pactado, es muy probable que Cataluña acabe en primera o segunda posición en cuanto a financiación per cápita, y en línea con Cantabria (3.291 euros en 2007) y Extremadura (3.098 euros por habitante). Muy lejos, en cualquier caso, de las tres comunidades que llevan el peso del sistema desde el punto de vista de la solidaridad interregional: Madrid (2.536 euros de financiación per cápita), Baleares (2.420 euros) y la Comunidad Valenciana (2.411 euros). No hay que olvidar que la renta per cápita de Cataluña en la cuarta más elevada de España y la segunda del régimen común, tras el País Vasco, Madrid y Navarra, lo que choca con su posición en la distribución de la financiación autonómica. Lo pactado, por lo tanto, es coherente con lo que establece el Estatut, que obliga a que haya mayor correspondencia entre lo que se recauda en Cataluña y lo finalmente ingresa vía financiación autonómica (el llamado principio de ordinalidad).

El nuevo modelo, según ha señalado la vicepresidenta Salgado, tiene la virtud de que proporciona una financiación idéntica para todos los servicios públicos de carácter esencial (sanidad o educación), pero hay que tener en cuenta que el sistema también distribuye recursos para otras necesidades, y por ahí se escaparán muchos fondos que irán a Cataluña (política lingüística, mossos o infraestructuras).

El hecho de que aumente  el porcentaje de cesión de algunos tributos cedidos -en el IRPF del 30% al 50%; en el IVA del 35% al 50%, y en los impuestos especiales del 40% al 58%- no añade nuevos recursos, ya que lo que cobrarán por un lado las regiones se aminorará del fondo de suficiencia global, que se consolida como el instrumento de solidaridad interregional, ya que modula la relación entre capacidad de recaudación y necesidades de gasto.

Desde el punto de vista político, lo que critican los expertos es que en un modelo como el español, que tiene muchas semejanzas con un sistema federal, -aunque formalmente no lo sea- se recurra al bilateralismo para negociar, lo cual choca contra los principios federales. En palabras de una de las fuentes consultadas, se trata de un planteamiento oscurantista que impide una discusión global, y que sólo pretende reducir el peso del Estado en la actividad económica en favor de las regiones, pero sin transparencia. "La discusión es profundamente antidemocrática, asegura, "ya que se plantea como un contrato de adhesión: o firmas o te quedas sin nada".

"La política española se está argentinizando", asegura. "Allí los Kirchner amenazan a las provincias con disponer de menores recursos si no hacen lo que ellos dicen". Para Zubiri, por su parte, "lo cierto es que dentro de un par de años Cataluña volverá a cuestionar el sistema.

El MUNDO (Jul. 2009): “Ni los 3.600 millones de euros que calculaba, en primera instancia, el PSC ni los 3.855 que hicieron dar el sí a ERC. La Generalitat estima que el nuevo modelo de financiación autonómica incrementará en 4.028 millones los recursos de Cataluña en 2012, cuando se consolide el sistema, según anunció ayer el consejero Antoni Castells (PSC). El máximo responsable del Departamento de Finanzas del Gobierno catalán ofreció explicaciones y datos de cómo ha terminado el culebrón de la negociación con el Ejecutivo central. «Empezamos a parecer un país civilizado», dijo Castells. Su satisfacción es comprensible: la Generalidad ha conseguido todo lo que se proponía en función de lo que proclama el Estatuto aprobado en 2006. Seguirá siendo solidaria con el resto de España, pero estará por encima de la media en cuanto a la disposición de recursos después de la nivelación; reducirá su déficit fiscal más de dos puntos; el Estado ha aceptado finalmente gestionar menos de la mitad de los recursos totales, un 43%, frente al 57% que se quedarán las comunidades autónomas”

El trato preferente a Cataluña y Andalucía, así como el pasteleo en el reparto pactado con una sola CCAA, desata la ‘catalanofobia’. Nadie como ZP, en tan poco tiempo, ha hecho tanto por separar a los españoles. Doble victoria periférica, trinco la pasta y quedo como víctima. EL MUNDO (Jul. 2009): “Pero, ¿por qué el baile de cifras? Porque, vino a decir Castells, es imposible calcular cuánto mejorará la financiación de Cataluña en 2012, porque depende de la variación de los ingresos tributarios del Estado. La Generalidad ha hecho un cálculo «prudente» que arroja esos 4.028 millones. Esa cifra se consigue gracias a un aumento anual del 3% en la recaudación del Estado; si el incremento es superior, Cataluña recibiría aún más. Castells explicó que el modelo se cimenta sobre tres patas: el Fondo de Garantía de los Servicios Básicos, al que cada comunidad aportará el 75% de los tributos y que se distribuirá equitativamente, la gestión propia del 25% de los impuestos restantes y la creación de dos fondos de ajuste. El Fondo de Competitividad servirá para «compensar» a las comunidades que queden por debajo de la media tras la aplicación de los dos primeros puntos, y el Fondo de Suficiencia evitará que las comunidades ricas pierdan competitividad tras la nivelación. El consejero reconoció que Cataluña se llevará una gran parte del pastel de los 11.000 millones que el Estado se ha comprometido a inyectar para que cuadren las cuentas. Como de momento no cuadran, porque de los cálculos de las comunidades sale una cifra bastante superior, Castells afirmó ayer que «seguramente» el Estado tendrá que poner más y acercarse a los 12.000 millones. La Generalidad se quedará entre el 26% y el 30% del total. No terminan ahí las ventajas del nuevo sistema, según el Ejecutivo catalán: dijo que se puede considerar que el modelo tiene un carácter permanente, porque establece mecanismos de actualización en función de variables como la población o de parámetros estructurales, como la participación de las comunidades en los impuestos. «A partir de ahora se tendría que acabar la renegociación del modelo. En los países donde funciona no se inventan un modelo cada cinco años», subrayó Castells. El consejero tuvo también respuesta para quien tacha a Cataluña de insolidaria. «Cataluña continúa siendo solidaria, pero ahora es una solidaridad justa. Contribuimos a la solidaridad más o menos como un länder alemán», afirmó, tras recordar que aportará por este concepto el 18% de su esfuerzo fiscal en 2012, unos 1.000 millones de euros. Castells cargó duramente contra el PP, a quien acusó de «volver a caer de forma penosa e irresponsable en explotar el odio y la animadversión contra Cataluña»; y contra CiU. A los nacionalistas les dijo que, tras la Constitución y los estatutos, se quedan fuera «por primera vez» de un «gran pacto de autogobierno»”

EL MUNDO (Jul. 2009): “El coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, calificó ayer de «chantaje político» [al resto de autonomías] de Zapatero el nuevo modelo de financiación autonómica. Al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la abstención de las comunidades del PP, Montoro arremetió contra el Ejecutivo con la única arma que le queda al principal partido de la oposición: la palabra. Y es que después de acordar -e imponer en el caso de Madrid- un único criterio entre los gobiernos populares, y de renunciar al riesgo financiero y político de presentar una negativa clara al nuevo sistema, Rajoy y sus huestes sólo podían ayer acentuar lo que, más que una denuncia, resultó una amarga queja. Así, en su intervención como coordinador de una mesa redonda en la escuela de verano del PP de Roquetas (Almería), Montoro afirmó que «el nuevo modelo discrimina a los españoles según su residencia y responde a un chantaje político que lleva adelante ERC para mantener el tripartito, y para servir a un partido que, pese a tener sólo un apoyo de 300.000 votos, condiciona la nueva política de Zapatero». En la dirección del PP no había dudas ayer sobre la decisión adoptada la víspera. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, y el vicesecretario autonómico, Javier Arenas, coincidían, según las fuentes consultadas, en que la abstención era la única salida que hacía conciliable la crítica con la pasta. Lo que más asustaba a los populares era la penalización de la bajada de impuestos explicitada en el modelo; y lo que más les indignaba, que aún ayer desconocían los detalles del reparto. Montoro se infló ayer de sacar defectos al sistema. Dijo que es «opaco, dificilísimo de entender, absurdo e injusto socialmente», porque conduce a «la diferencia y al enfrentamiento entre españoles». Pero junto al lamento, Montoro presumió de la posición unitaria de los populares. Al criticar que «el Gobierno no ha querido ni hablar con el PP», apuntó que «seguramente pensaba que así rompía el partido, pero en lugar de encontrarse esa ruptura se ha encontrado con el enfrentamiento de los españoles». Más allá de la crítica y la reivindicación, el dirigente popular hizo dos anuncios. Primero, confirmó que el Grupo Popular se abstendrá en la votación de las Cortes. «El PP no apoyó el modelo ni lo apoyará en la tramitación parlamentaria», dijo, volviendo a subrayar las distancias con el Ejecutivo. Pero además prometió, aunque vagamente, un cambio de modelo: «El PP, cuando llegue al Gobierno, anunciará un sistema en el que la financiación de los recursos públicos vendrá del crecimiento económico; hará que en España haya nuevas premisas de prosperidad en el modelo». Se refería Montoro al origen de los fondos públicos que, dijo, no deben provenir de la deuda sino de los ingresos del Estado, como ocurría con el modelo aprobado por el PP en 2001. «No puede ser», protestó, «que todas las comunidades autónomas ganen cuando España pierde. Es imposible. ¡Pero esto es el socialismo!». El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, aseguró ayer que el nuevo sistema de financiación «no establece privilegios», por lo que rechazó la «'catalanofobia' y 'andalucifobia'» de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. En una entrevista con Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Chaves advirtió de que el nuevo sistema de financiación autonómica «no está hecho al servicio de Andalucía y Cataluña», por lo que aseguró que Andalucía ha salido «muy bien parada pero no por capricho, sino porque el sistema de financiación tiene que tener presente la población». El 'número dos' de Esperanza Aguirre, Ignacio González, acusó por su parte al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de «'madrileñofobia'» por el recorte de recursos en el nuevo sistema de financiación y la no inversión en infraestructuras durante los últimos cinco años, frente a la «'catalanofobia'» que, según el vicepresidente tercero del Gobierno central, Manuel Chaves, tienen las comunidades del PP. El presidente gallego [Núñez Feijóo] calificó el modelo de «injusto e insolidario», pero precisó que Galicia no puede prescindir de «una partida clave para sus finanzas en tiempo de crisis». «Galicia no podía perder dos veces: con un mal modelo y renunciando a más de 600 millones», informa Efe. El presidente socialista de Castilla-La Mancha [Barreda] aseguró que desde Cataluña, a veces, «no se colabora para que haya un ambiente de mayor cordialidad», en referencia a las acusaciones de 'catalanofobia'”

Vacaciones fiscales vascas, o cómo expoliar al vecino castellano (II)

Por Javier Martínez.

El pasado 28/07/2011, tras 17 años de pleitos, se conocía la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), con sede en Luxemburgo, que declaraba ilegales los incentivos fiscales vascos de los años noventa, más conocidos como ‘vacaciones fiscales vascas’ y cuya historia es un cúmulo de despropósitos y vergüenzas políticas y económicas, que nadie ha denunciado con toda la contundencia que merece por su gravedad, y por los daños y perjuicios causados a Castilla, principalmente.

La Corte de Luxemburgo, cuyo fallo es inapelable, declaró ilegales las llamadas vacaciones fiscales que las haciendas vascas ofrecieron a unas 300 empresas a través del impuesto de sociedades. La justicia europea cerró así, definitivamente, el largo litigio que desde 2000 mantenían la Comisión Europea de un lado y las tres Diputaciones forales del otro.

El Tribunal de Justicia de la UE calificó, a las vacaciones fiscales de 1993 a 1996, nada menos que de “ayudas estatales incompatibles con el mercado común” y, por lo tanto, deben devolverse, como solicita el Ejecutivo comunitario.

Dichas vacaciones fiscales consistían en una reducción gradual durante 10 años de la base imponible del impuesto sobre sociedades y el crédito fiscal del 45% a las nuevas inversiones superiores a los 15 millones de euros en activos fijos materiales nuevos a cualquier empresa que tuviese un capital social de 120 mil euros o un mínimo de 10 trabajadores (en la práctica, casi cualquier pyme), y cuyo objetivo era, como ha quedado demostrado, por un lado, dotar de ventajas competitivas ilegales a las empresas vascas (de ahí lo de ‘incompatibles con el mercado común’) y por otro succionar a los vecinos, directos o lejanos, el mayor número de empresas e iniciativas empresariales nacientes posibles, es decir, incentivar la deslocalización empresarial hacia territorio vasco de forma ilegal, ya que en la práctica suponía convertirse en un paraíso fiscal durante al menos 10 años.

Lógicamente esto es un expolio empresarial y fiscal para el resto de territorios europeos (las empresas españolas no vascas competidoras de esas 300, al tener unos costes impositivos mayores, venden menos, y la hacienda española, que recauda en el territorio de régimen común, donde están todas las CCAA en que se troceó a Castilla en la maldita Transición, recauda menos por ello), pero muy especialmente para la parte de Restospaña que linda con Vasconia, y que no es otra que Castilla, ya sea por su frontera santanderina, burgalesa o logroñesa (me niego a utilizar los términos ‘cántabro’, por ser un falso histórico resucitado en la Transición que obvia que La Montaña es la cuna de Castilla, y ‘riojano’, por  lo mismo, no todas las comarcas logroñesas son Rioja, por mucho que en esa misma época se decidiera renombrar a la provincia, y anular la personalidad de la Tierra de Cameros, la Sierra de la Demanda, etc.) ya que son quienes más descarnadamente han sufrido la deslocalización, la competencia desleal, y el consiguiente expolio empresarial y fiscal.

Político separatista vasco (no confundir con vascos) y/o político sucio-listo español, adoctrinando a su grey.

Ante el Tribunal de la UE, el Abogado del Estado español, que participó por primera vez de forma independiente y voluntaria en una vista ante la máxima instancia judicial europea, decidió actuar defendiendo a las diputaciones vascas que han expoliado fiscalmente la Hacienda española y empresarialmente a las regiones vecinas a Vasconia, dejando a éstas indefensas y alegando, para mayor caradura, que lo hacía 'por la indefensión de las diputaciones vascas' cuya defensa realizaron conjuntamente. El Estado defendió a su propio expoliador, dejando a Castilla sin defensa a sabiendas, y perjudicándose a sí mismo, simplemente porque al PSOE de Zapatero le convenía el apoyo del PNV.

Y lo peor es que esas ‘ayudas’ ilegales, no perdamos de vista el detalle, son “ayudas estatales”, esto es, con consentimiento del Estado. El Estado actuando como colaborador necesario, por omisión, por dejación de sus funciones, en el expolio de Castilla, y claro está, de todas las regiones del régimen común por alejadas de Vasconia que estén.

El Estado se dejó expoliar fiscalmente por una parte de su territorio, el vasco, y eso, sin explicación económica, si la tiene política. Zapatero necesitaba mantener el apoyo del PNV, y ese pacto lo pagamos, entre otros españoles, los castellanos, como siempre que no hay mayorías en Moncloa. Recordemos aquí, que Felipe González sí recurrió esa discriminación, y Aznar también. Fue Zapatero (y todos los socialistas castellanos incluidos por no rebelarse), natural de Castilla y León, quien por exigencias del siempre desleal, traidor y chupasangre PNV, nos malvendió, el muy malnacido, al retirar los recursos judiciales. Y ha sido por ello la Comisión europea, quien nos ha defendido, no España, nuestro propio país, como nos hubiese gustado. ¿Va a salirle gratis al PSOE? los culpables ni se ruborizan, nadie dimitió… y muchos de ellos incluso van a volverse a presentar a las próximas elecciones ‘para pedir la confianza’ de los castellanos, para erigirse en ‘representantes’ de éstos. Caraduras.

La reacción a esa traición, fue una cascada de denuncias (hasta once recursos aún siguen pendientes de sentencia) por los ejecutivos de dos de las tres regiones castellanas limítrofes con Vasconia, Castilla y León y La Rioja, ambas gobernadas por el PP, no así de Cantabria, cuyo presidente, el botarate Revilla, del PRC, al que frecuentemente se le llena la boca con la palabra ‘Cantabria’, gobierna con el apoyo del PSOE, y antepone su sillón, a su región.

¡Para que luego digan que no sirven las autonomías! Más servirían aún, si las tres provincias implicadas hubiesen formado parte de una misma CCAA, de nombre Castilla a secas, por una cuestión bien sencilla. La unión hace la fuerza, consigue que te respeten, te haces valer, no te ningunea nadie, en definitiva, sales de la irrelevancia y postración política y económica actual. Que nadie lo dude, una Castilla reunificada, del Cantábrico santanderino a Sierra Morena, no sería el erial decadente actual. Zapatero no se hubiese atrevido, cosa que sí ha hecho con las tres pequeñas autonomías. Y no olvidemos que esa unión castellana, tiene, además, lógica geográfica e histórica innegable.

Obsérvese que en la sentencia habla de “ayudas estatales”, es decir, que el Estado español lo ha consentido por negarse a recuperar el dinero incluso habiendo sentencias europeas que le obligaban, por lo que también es condenado… y de ahí la multa que nos pone, que habremos de pagar todos los españoles, y que más tarde  comentaremos.

La sentencia, difundida por la agencia Europa Press, desestima todos los recursos de las tres haciendas vascas y zanja el conflicto dando la razón a la Comisión Europea. Los representantes de las Diputaciones han explicado que acatan la sentencia, aunque discrepan de las consecuencias que acarrea. Dicho con otras palabras, acatan porque no les queda otra, pero siguen erre que erre, sin admitir que actuaron ilegalmente. Si los tribunales fuesen españoles, no les quepa la menor duda que se hubiesen pitorreado del fallo, y que incluso el gobierno español, como acostumbra, hubiese maniobrado con los jueces para darles la razón.

Polígonos industriales castellanos como los de Miranda de Ebro, Burgos, Logroño, Castro Urdiales, etc. fueron objetivo de la 'succión empresarial' vasca... y todo ello con el beneplácito del PSOE de Zapatero, no así de Felipe González (PSOE) y Aznar (PP) que recurrieron desde el inicio las 'vacaciones fiscales'.

Álava y Vizcaya, ahora en manos del PP y del PNV, respectivamente, han asegurado que el fallo judicial no tiene efectos prácticos, ¡chúpate esa!, puesto que las ayudas ilegales ya han sido devueltas por las empresas beneficiarias. Si hubiesen sido devueltas, digo yo, que es porque alguien se las ha pedido puesto que voluntariamente nadie devuelve un duro, cosa que no ha sucedido, lo que en la práctica significa que se reconoce que no se tenía razón en el juicio, por lo que ¿qué sentido tenía entonces seguir pleiteando?, ¿no será que no se han devuelto? Bildu, que controla la Diputación guipuzcoana desde hace escasos días, se ha desvinculado de este asunto, lavándose las manos, al recordar que se ha juzgado “la gestión de otro partido”, en alusión al PNV (pero también, suponemos, del PSE-PSOE), partido que gobernaba cuando se aprobaron. Implícitamente se reconoce que eran ilegales, o quizás aprovechen la ocasión  para lanzarle una puya al PNV, su rival por el mercado electoral más anti español. Cabe preguntarse, ¿si el pleito hubiese sido entre España y las tres diputaciones, habrían aceptado la sentencia, o habrían despotricado contra la ‘opresora Madrid’ al tiempo que desplegaban todo su arsenal más ultranacionalista? Pregunta idiota cuando la respuesta es obvia. Y ¿cómo se van a recuperar esos dineros si la agencia tributaria española ni tiene una oficina en Vascongadas, ni ejerce control directo sobre los impuestos?, ¿nos fiamos, por ejemplo, del PNV y Bildu?

La Comisión europea no. Según informa Efe, y reproduce ABC el 29/07/2011, “las Diputaciones de Álava y Vizcaya aseguraron ayer que ya han recuperado el dinero de las ayudas. De hecho, la segunda de ellas da cifras; 96,3 millones de euros, más 38,5 de intereses. Sin embargo, la Comisión no lo cree así y ha interpuesto una demanda que no se resolverá hasta la segunda mitad de 2012”.

O sea, más pleitos todavía, y todo ello, recordemos, con origen en un planificado expolio vasco a sus vecinos y una traición del gobierno de España a la parte más leal del país. La Comisión calcula entre 500 y 700 millones de euros la cantidad a devolver. Esa es la cifra de la broma zapateril.

Pedro Sanz, presidente de la diminuta y ninguneada regioncilla riojana, ya advertía el 24/11/2011 en El Mundo.es, con razón (ver noticia original aquí), cómo terminaría todo esto y el porqué sucedía: 'las vacaciones fiscales vascas las acabaremos pagando entre todos los españoles por no haber cumplido las sentencias legales [...] me siento más apoyado por Europa que por el propio gobierno [español] [...] Zapatero es el único que no ha puesto ningún recurso, discriminando a otras regiones [...] Zapatero se muestra reticente porque el PNV está por el medio' dijo tras lamentar el pacto PSOE-PNV. Pero estas cosas no solo ocurren porque cíclicamente tengamos en Moncloa un mindundi que nos malvende por unos votos a 'nuestros' insaciables peris. Ocurren también, porque los dirigentes castellanos de ciertas 'regiones', prefirieron en la Transición, ser cabeza de ratón a cola de león, pensaron en su interés personal, en cuantos más sillones mejor, y apostaron por trocear a Castilla y dejarla desvalida, sin fuerza ni pulso ni capacidad real de defensa. Y así nos luce el pelo ahora, señor Sanz. Una Castilla unida no sería tan fácilmente expoliada por los peris, ni abandonada a su suerte por el gobierno español de turno. ¡Menos mal que estábamos en Europa!

Por su parte, el ministro socialista de la Presidencia, el vasco Ramón Jáuregui, hizo, el 28/07/2011, un llamamiento para “cumplir con la sentencia de manera irrevocable” y “devolver” las cantidades que reclaman las instituciones europeas. Pero, ¿hay o no hay que devolver las cantidades expoliadas?,  ¿no decían las diputaciones que ya habían sido devueltas?, ¿quién miente?

Según publica El País.es, periódico no precisamente de derechas ni menos aún castellanista, el 28/07/2011 (ver aquí enlace a la noticia):

“Tras este fuerte varapalo a las instituciones vascas, inapelable en los tribunales, la controversia se centra ahora en la devolución de las ayudas irregulares, que se concedieron en Vasconia [nótese que, dado que escribo en castellano, no caigo en la estúpida concesión de escribir ‘Euscadi’, de intercalar palabras de otro idioma, sea vascuence o catalán, como si hace la acomplejada prensa de izquierdas española, a la que repele todo lo castellano porque lo creen carca, derechil, franquista incluso, y cosas peores].

“Bruselas ha abierto otro procedimiento para imponer una sanción [a España] que supera los 40 millones de euros por no haber recuperado las cantidades otorgadas a las empresas [tal y como le exigió en 2001,  lo que prueba que nunca hubo voluntad de recuperar el dinero por parte del Gobierno español ¿Ven cómo no se había devuelto la pasta?, ¿ven cómo no son de fiar las haciendas vascas?, ¿no es esto una prueba más de las trampas que hacen en otro tema como el cupo, que un servidor, en línea con Roberto Centeno, defendía en el siguiente artículo?].

Según Bruselas, las empresas han devuelto una parte ínfima de los más de 700 millones que se otorgaron en conjunto, entre vacaciones, mini vacaciones y el crédito del 45%, mientras que las Haciendas vascas insisten en que todo el montante está reembolsado. Las autoridades comunitarias tienen la sospecha de que las Diputaciones del País Vasco podrían no estar jugando limpio en este asunto [¿y en el del cupo vasco sí?], a la vista de la falta de transparencia con que han actuado hasta ahora y las trabas que han puesto en todo este proceso”.

Según informa Libre Mercado.com el 28/07/2011 (ver noticia original aquí) “además, la Comisión ya ha pedido una multa a España por no haber recuperado ya la totalidad de las ayudas pese a que ya existe una sentencia condenatoria del Tribunal de Primera Instancia. La sanción ascenderá al menos a 40 millones de euros y seguirá aumentando cada día que pase sin que se reembolsen las subvenciones”.

Obviamente, como los castellanos somos parte de España, nos corresponde pagar la parte proporcional de esa multa. Es decir, que nos expolian empresarial y fiscalmente y encima nos condenan a pagar una multa. Gestión socialista en estado puro.

Pregunta del millón, ¿por qué España no exigió a las tres Diputaciones el pago y no acató la sentencia previa? Pues por lo de siempre, no había intención de recuperar lo expoliado por un 'problema' político personal o de partido, porque el inquilino de turno de la Moncloa, cada vez que necesita apoyos parlamentarios de otros grupos por carecer de mayoría suficiente, echa mano de la cartera de los restospañoles y paga, gustosamente, a traidores, se llamen PNV o CiU. Y esto lo hacen, por igual, PP y PSOE, no lo olvidemos. Nos malvenden, somos moneda de cambio, dan nuestro dinero a cambio del apoyo político a unas siglas que no nos representan, que solo piensan en el interés personal y partidista.

La propia sentencia deja claro el colaboracionismo de las autoridades españolas en el expolio vasco, insisto, a Castilla y demás regiones españolas de régimen común, pero particularmente a las tres provincias de Castilla la Vieja limítrofes con Vasconia.

Así, durante la vista oral del juicio, celebrado en Luxemburgo el 10 de mayo de 2011, las nunca leales diputaciones vascas, prosigue la noticia “alegaron que la Comisión nunca comunicó a las autoridades vascas, antes de la adopción de los regímenes en cuestión, ‘ni una sola duda’ en el sentido de que pudieran ser ilegales. Al contrario, mostró una ‘actitud favorable’. El tribunal de Justicia desestima este argumento y señala que la ‘inacción’ de la Comisión durante el período comprendido entre 1996 y 2000 no podía interpretarse como una aprobación presunta de la ayuda, habida cuenta de la falta de notificación a la Comisión de los regímenes de ayudas y de la falta de colaboración de las autoridades españolas”.

Más claro agua, el gobierno español, a sabiendas de la ilegalidad de las subvenciones y del expolio empresarial y fiscal que sufría su propia hacienda en el territorio no foral, calló porque no quería molestar a sus ‘socios’ políticos, y no colaboró con la Comisión. Esto es a mi juicio muy grave, traición. Y como es habitual en este país, nadie se ruboriza, nadie dimite ¿Necesitamos o no urgentemente una ley de responsabilidades políticas?

“En segundo lugar, el TUE considera que el Tribunal de Primera Instancia no violó el derecho a un proceso justo ni las normas procesales en materia de práctica de la prueba. En tercer lugar, por lo que se refiere a los créditos fiscales del 45% del importe de las inversiones, la sentencia asegura que la Comisión no violó el principio de proporcionalidad al estimar que la obligación de las autoridades españolas de recuperar las ayudas debía aplicarse a la totalidad de las ayudas otorgadas, y no limitarse a los importes que sobrepasaran los límites máximos fijados para las ayudas de finalidad regional”.

Es decir, que las autoridades españolas cuando ya sabían que debían recuperar el dinero, actuaron intentando recuperar lo menos posible, defendiendo a sus propios expoliadores, presumiblemente para mantener el acuerdo político con el PNV.

“Sobre esta cuestión, el Tribunal de Justicia pone de relieve que las diputaciones no aportaron a la Comisión información que permitiera acreditar que, en ciertos casos individuales, algunas de las ayudas otorgadas eran compatibles con el mercado común, en particular por haber sido otorgadas respetando los límites máximos regionales aplicables en el País Vasco y por cumplir todos los requisitos exigidos para acogerse a la excepción a favor de las ayudas de finalidad regional. Finalmente, el Tribunal estima que la larga duración de los procedimientos no vulnera los principios de seguridad jurídica y de buena administración.”

En resumen, no aportan documentación porque simple y llanamente eran subvenciones ilegales a todo trapo.

“El Tribunal de Justicia de la UE ya dictaminó el pasado 9 de junio que las ‘vacaciones fiscales’ de 1993 son ilegales”.

Recordemos que esas ‘ayudas’ de 1993 consistieron en una exención del impuesto de sociedades durante diez años y que en el momento de su aprobación, esos beneficios fiscales ni se notificaron a Bruselas. Aunque según fuentes comunitarias, casi todas las ayudas públicas que se concedieron en el marco de este régimen, ya han sido recuperadas, salvo las de una compañía guipuzcoana, cabe preguntarse ¿y quién paga los daños y perjuicios causados en las economías de las provincias castellanas colindantes durante estos largos 17 años de pleitos?, ¿han vuelto a reinstalarse las empresas en su anterior emplazamiento castellano? Sin duda, el papel del Estado, el más miserable.

José Antonio Pastor, portavoz de la ejecutiva del PSE, da una de las claves de lo sucedido, probablemente sin quererlo, de este asunto al afirmar (ver ABC del 29/07/2011): “las reglas de la UE hay que aplicarlas con menos frivolidad”. Por lo que se ve, en Europa las reglas son ‘menos frívolas’ y funcionan, no como en España. Las instituciones son independientes, ni el PNV ni un Zapatero cualquiera pueden hacer y deshacer a su antojo pasteleando sentencias judiciales tal y como ocurre en España a diario con los sumisos tribunales y jueces de diseño político.

“De las declaraciones del secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo, también se desprende que las ayudas no han sido devueltas, pues ayer habló de la necesidad de iniciar un proceso de recuperación ‘arduo y laborioso’ […] El tiempo corre en contra de España, multada con 40 millones de euros por no haber recuperado aún todas las ayudas, cifra que se incrementará cada día hasta que no se reembolsen“. Así que señores, preparen la chequera que esto no ha terminado.

Para la consejera de Hacienda de La Rioja, Concepción Arruga, la lucha ‘culmina con el mayor de los éxitos’, algo que también celebró el portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, que criticó ‘la falta de un Gobierno serio en España’  quien avanzó que la Junta estudia pedir indemnizaciones ya que ha quedado demostrado que las exenciones suponen dar más beneficios a unos territorios que a otros. Argumentó que ‘las provincias más perjudicadas son aquellas que limitaban con el País Vasco, como es el caso de Burgos, ya que si una empresa estaba dudando entre instalar sus infraestructuras en la provincia burgalesa o en el territorio vasco, las ventajas fiscales hacían decantarse a la empresa por el segundo, siguiendo la lógica del planteamiento empresarial’ (ver El Norte de Castilla.es del 29/07/2011). Y no solo eso, añado yo, sino que las ya instaladas, han perdido competitividad, mercados y ventas por culpa de esas ayudas. En fin, que han servido para sembrar más desindustrialización y paro en Castilla. Que la sentencia nos haya dado la razón, no significa que el asunto esté zanjado ni que sea un éxito del todo, y eso es así porque el dinero no se ha recuperado, el daño causado durante esos largos 17 años no ha sido indemnizado y porque nos toca, para mayor repugnancia, pagar una multa que no merecemos. El 'éxito', señores Arruga y Santiago-Juárez, será efectivo cuando las tres diputaciones vascas nos paguen lo que nos expoliaron (esto sí es una verdadera 'deuda histórica')... y los responsables políticos del gobierno de España, con Zapatero a la cabeza, vayan a la cárcel, al modo islandés, por traición.

Recordemos ahora, que fueron las empresas riojanas quienes en 1994, presentaron la primera denuncia y destaparon las prácticas de competencia desleal contrarias al ordenamiento comunitario,  y que el Ejecutivo comunitario sólo lanzó  una investigación oficial en 2000, tras recibir la segunda denuncia, denuncias presentadas en los años 96 y 97 contra la aplicación de estas ventajas fiscales a las empresas Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) y Ramondín, que hicieron que la Comisión tuviera conocimiento de la existencia de estos dos regímenes fiscales en la provincia de Álava. Más tarde también supo, de manera informal, acerca de medidas similares en Vizcaya y Guipúzcoa. Y mientras tanto, el gobierno de España callando y tragando.


Sede de la empresa Ramondín, en Logroño, que sin embargo aprovechó el paraíso fiscal vasco creado para trasladarse a Álava y que hizo saltar todas las alarmas del expolio empresarial castellano denunciado por empresarios riojanos.

Por su parte, el Partido Castellano (PCAS-PCAL), fue el único que, a mi juicio, solicitó algo que es de cajón, que la multa a España por no cumplir con las sentencias de los tribunales para mantener el apoyo del PNV, sea pagada (ver enlace a la web del PCAS) por las diputaciones vascas. "La multa la debe pagar quién ha cometido la infracción, sería una burla que ahora paguemos entre todos -los españoles- lo que sólo benefició a las empresas vascas, y al tejido productivo de esa comunidad autónoma, que además perjudicó al desarrollo industrial de territorios limítrofes como la provincia de Burgos […] Los que han cometido la ilegalidad son quienes deben pagarla […] incluso los responsables gubernamentales que miraron para otro lado, y dejaron hacer, debieran tener responsabilidad económica."

Por otro lado el PCAL-BURGOS también solicita “la derogación del concierto vasco, con el fin de que todas las comunidades dispongamos de las mismas normas [ya que] estamos creando un Estado con grandes diferencias". E injusticias.

En resumen, tanto las ‘vacaciones fiscales’ como el ‘cupo’ vasco y la ‘aportación’ navarra (ver artículo sobre el expolio del cupo vasco al resto de España) son expolios directos a Castilla. ¿Cuándo nos daremos cuenta de ello, hasta cuándo lo vamos a seguir permitiendo?

El trato denigrante, injusto y humillante para con esta parte de Castilla, consentido por el gobierno español, no acaba con los expolios vascos causados tanto por las ya ilegales vacaciones fiscales como por el concierto (o cupo) vasco, sino que además, el gobierno zapateril enculado por el PNV, aceptó el blindaje del concierto económico vasco, que impide que personas físicas o jurídicas, cuyos derechos e intereses sean lesionados por las normas forales fiscales, pueden defenderlos ante los tribunales ordinarios. El blindaje tiene por misión, impedir que los riojanos, etc. y su débil y ninguneado gobierno, puedan recurrir una ilegalidad. Esto también es parte de la desgraciada herencia que los castellanos recibimos de los socialistas. Ver aquí noticia original del 10/06/2011 en Rioja2.com, en la cual Pedro Sanz (PP) reclama, con nulo éxito por culpa de su nulo peso político, económico y poblacional en el contexto español consecuencia de haber creado una 'región' en lo que a lo sumo era una pequeña provincia castellana, se ponga fin al blindaje del concierto vasco. Incapaces de reunificar todas las provincias castellanas en una sola CCAA, nos las dan por todas partes, como se ve, y en eso los culpables somos nosotros. Las ambiciones personales de los políticos castellanos pudieron más que el interés general de Castilla.



P.D.: 23/12/2011. La compañía aérea valenciana de vuelos regionales perteneciente a la familia Serratosa, Air Nostrum, pero que actúa como línea regional de Iberia, ha anunciado que estudia trasladar su sede desde Valencia a Bilbao. Aunque no se trate de una empresa castellana, sirve como ejemplo del expolio empresarial que los territorios del régimen común sufrimos a manos de los denominados forales (Vascongadas y Navarra) y que Cataluña aspira a tener (una hacienda propia y un pacto fiscal). Como se ve el expolio empresarial no afecta solo a territorios limítrofes a esas dos regiones. 'Cataluña envidia el sistema fiscal vasco, no solo por ventajoso, sino porque además está protegida esa ventaja en la Constitución, y porque cada vez que Bruselas cuestiona el modelo foral, el gobierno español sale en su defensa' (José Mª Brunet, periodista de La Vanguardia, en la tertulia Dando caña, de Intereconomía TV, 22/12/2011). Como siempre digo, el Estado es claramente pro periferia, periferista más que centralista.