El claustro románico “de Palamós”, de Salamanca.

Por Javier Martínez.

Ironías de la vida, la ciudad castellana que fue humillada por el gobierno de Zapatero, y posteriormente por el de Rajoy, a cuenta de los famosos “papeles de Salamanca”, resulta ser el origen más probable del claustro románico redescubierto en una finca privada de Palamós (Gerona).

Muy felices se las prometía la Generalidad de Cataluña cuando en julio de 2012 emitió un informe, que solo puede ser calificado de político, a toda prisa, con el objeto de zanjar cuanto antes el asunto, cerrarlo y de paso, quedarse con el claustro. Había que evitar a toda costa que el claustro castellano acabara siendo la respuesta política al expolio-desmembramiento del Archivo Histórico Nacional de la Guerra Civil, que como todo el mundo sabe, acabó traspasando a Cataluña multitud de legajos que nada tienen que ver con esa tierra. Y no debe ser así; donde las dan, las toman.

"Había que evitar a toda costa que el claustro castellano acabara siendo la respuesta política al expolio-desmembramiento del Archivo Histórico Nacional de la Guerra Civil, que como todo el mundo sabe, acabó traspasando a Cataluña multitud de legajos que nada tienen que ver con esa tierra. Y no debe ser así; donde las dan, las toman".

Los “técnicos” reunidos por el gobierno catalán (todos excepto dos, justo es reconocerlo), no dudaron en seguir consignas políticas y arruinar su propio prestigio profesional, algo que no debe sorprender a nadie que conozca mínimamente como las gastan por aquellas tierras, y aseguraron entonces que las galerías de estilo románico de Mas del Vent, en Palamós, son un falso histórico, una recreación historicista del siglo XX, con elementos originales del siglo XII, sin determinar cuántos ni cuáles. Esto último ya hace dudar de la imparcialidad y el carácter científico del mismo. ¿No saben cuántos ni cuales pero saben de qué siglos son?, ¿qué clase de informe es ese?

Gerardo Boto, redescubridor del claustro, vuelve a sorprender a todo el mundo con una tesis expuesta en Lisboa situando en la Catedral Vieja de Salamanca la procedencia del conjunto románico (informa El País, 21/06/2013). Boto, profesor de Historia del Arte Medieval de la Universidad de Gerona, especializado en análisis románico e iconografía medieval, reabrió el caso cerrado en falso al asegurar, durante un congreso internacional sobre claustros en el Mediterráneo entre los siglos X al XVIII, que se celebra en el Museo Nacional de Arte Antiguo de Lisboa, que el claustro es una construcción auténtica del siglo XII que, además, no perteneció a cualquier edificio, sino a la catedral románica de Salamanca. ¿Qué opinan ahora PP y PSOE, lo van a reclamar?, ¿qué va a hacer la Junta de Castilla y León, el Gobierno central y la propia Generalidad? Clamoroso ridículo el de “los técnicos” de esta última; si entonces fue un informe sospechoso, ahora su profesionalidad queda definitivamente a la altura del betún.

"Es falso que sea falso. El informe [de la Generalidad] denigra la obra, minimiza su valor y bloquea su conocimiento. (Gerardo Boto, El País, 17/12/2012)"

La tesis de Boto, cuyo prestigio internacional sube como la espuma, echa por tierra los argumentos de falsedad que utilizó la comisión de “expertos” a dedo de la Generalidad, auténticos comisarios ideológico-políticos al servicio, no de la ciencia ni de la verdad histórica, sino de sus jefes políticos separatistas y sus intereses. Al declarar falso el claustro, el informe catalán acabó con la aspiración de proteger o permitir el estudio de esta construcción. Cualquier cosa hubiesen firmado con tal de no admitir lo que a todas luces apuntaba al origen castellano del claustro y su posible devolución o venta mediante derecho de tanteo, etc. Solo dos expertos son dignos de llamarse así, el geólogo Marius Vendrell y la restauradora Pilar Giráldez. Ambos hicieron públicos sus conclusiones contrarias a las de la comisión. Mis respetos a ambos.

Boto, además de argumentar su estudio con numerosos datos y la ayuda de un georradar, aportó documentación escrita de las actas capitulares del cabildo catedralicio de 1783 así como de su salida a principios del siglo XX. El claustro románico de Salamanca, una construcción de la que se tienen pocas noticias, y de la que no se ha conservado resto pétreo alguno, fue construido a partir de 1176 y sufrió el terrible terremoto de Lisboa (otra ironía de la vida) de 1755. Después de intentar reparar, “que no derribar", los pilares hacía 1770 para solucionar los problemas de estabilidad y humedad, el cabildo catedralicio acordó desmontarlo en 1783, y así lo anotó en sus actas capitulares. En las actas se puede leer, contó Boto e informa el citado periódico, "que la mayoría de las piezas realizadas en piedra de Villamayor 'estaban bien conservadas' y que el conjunto se desmontaba 'con el mayor cuidado y aprovechamiento' porque se quería volver a montar. Algo que denotaba 'un aprecio por el arte románico insólito en el horizonte cultural del siglo XVIII', puntualizó el profesor. Sin embargo, en 1785, se decidió construir unas nuevas galerías siguiendo el estilo neoclásico del momento. Aprovechando la nueva construcción, se decidió aumentar el ancho de los pasillos en al menos 'dos pies', por lo que las nuevas arcadas serían más pequeñas que las del siglo XII. Las piedras, desmontadas de forma ordenada y numeradas, se almacenaron 'pero no se tiraron en un vertedero', insistió Boto".

"A cualquier falsario se le desliza un anacronismo, y aquí no se han detectado. (Jaime Nuño, Fundación Santa María, El País, 17/12/2012)"

Probablemente muy a su pesar, llevaba razón Eduard Riu, el arqueólogo e historiador, juas, juas, del Servicio de Patrimonio Arquitectónico de la Generalidad que dirigió la vergonzosa comisión y realizó el informe, cuando al presentar sus resultados aseguró que "un claustro de estas dimensiones y esta espectacularidad solo podría estar en una catedral o en un gran monasterio" lo que a priori restaba credibilidad a la autenticidad del mismo pues es difícil que hubiese pasado desapercibido. Lo que nunca sospechó es la prontitud con que se demostraría de que catedral estamos hablando: Salamanca. Ni el mejor guión de política-ficción. Ni se imaginan el placer que he sentido al leer la noticia. Salamanca tenía que ser. 

Un año después, la piedra vuelve a estar sobre el tejado de la Generalidad, y mucho me temo que lo llovido este año, proceso secesionista en marcha iniciado incluido, determinará el futuro del claustro castellano como no movamos ficha rápido. Como dice un internauta anónimo (recaredo) en el foro al pie de la noticia: “Casi todos los argumentos que empleó la Generalidad de Cataluña para exigir la entrega de documentos del AHN en Salamanca, podrían emplearse ahora para la devolución de este claustro a Castilla y León. Ahora bien, los castellanos somos mesetarios, poco amigos de la fábula y de las ensoñaciones y mucho de las certidumbres. Los catalanes, como es sabido, son mediterráneos, relativistas y amigos de la ley del embudo. Hace muchos siglos ya que esa confrontación entre dos personalidades ha condicionado la vida de España, pero se puede decir que los catalanes, perdiendo todas las guerras, han salido ganando siempre. Y me temo, como salmantino, que este sea el caso”. Esperemos que no.

Nueva humillación a Castilla: El Gobierno prepara una amnistía para cientos de regadíos ilegales en Murcia y Alicante.

Por Javier Martínez.

La prensa nacional pasa de puntillas sobre el tema (solo Vidal Coy, en El Confidencial 14/06/2013, se hace eco); la regional y la local ni lo recogen. Y alguien tiene que dar cera. “El borrador del nuevo Plan Hidrológico del Segura, elaborado por la Confederación Hidrográfica que actualmente preside Miguel Ángel Ródenas, se plantea expresamente una amnistía o ley de punto final para cientos de regadíos ilegales” de numerosas localidades de Murcia y Alicante principalmente, lo que supondrá premiar al tramposo y validar como método para conseguir objetivos políticos y económicos los conocidos como hechos consumados al margen de la ley. De hecho, el único requisito que se contempla en el borrador para legalizar lo ilegal, es precisamente haber estado en situación de ilegalidad un número elevado de años pues se aplicará la amnistía “a todos aquellos regadíos ilegales que puedan acreditar su existencia con anterioridad al anterior plan de 1998”. La ilegalidad veterana convertida en mérito.

"El borrador del nuevo Plan Hidrológico del Segura, se plantea expresamente una amnistía o ley de punto final para cientos de regadíos ilegales de numerosas localidades de Murcia y Alicante"

Quiero alertar que dicho documento, elaborado por el gobierno de Rajoy, plantea abiertamente la legalización como objetivo explícito, lo que elevaría las exigencias de trasvases de agua desde donde sea y limitaría, aún más, los usos futuros de la misma en tierras castellanas, donde los planes de nuevos regadíos (en La Manchuela conquense y albacetense básicamente), duermen el sueño de los justos en un cajón ministerial desde hace décadas gracias al que fuera ministro socialista de Agricultura en tiempos de Felipe González, el valenciano Vicente Albero, sin que nadie contemple su puesta en funcionamiento pese a que en su día fueron declarados de interés general por el Estado.

“El nuevo plan de cuenca del Segura está en fase de información pública desde principios de junio, situación que durará seis meses. En el artículo tercero de la Normativa del Plan (capítulo 1, página 10) se dice que esas zonas de cultivo ‘se constituyen como usos consolidados y en consecuencia no tendrán la consideración de nuevos regadíos’ si prueban que funcionan desde antes de la entrada en vigor del plan de 1998” (informa El Confidencial, 14/06/2013).

Recordemos que “las nuevas concesiones de agua para regadío quedaron prohibidas en la cuenca del Segura por el decreto ley 3/86 de 30 de diciembre que siguió a la Ley de Aguas que entró en vigor el 1 de enero de 1986. El motivo de cerrar el grifo era no sólo la oficialmente declarada escasez de agua en la cuenca del Segura, sino también para justificar la solución del trasvase desde la cabecera del Tajo, que funcionaba desde 1980”, y que desde entonces ha sido convertida en la práctica en el “Alto Segura”.

“Sin embargo, y aunque la normativa lo impedía, se siguieron ampliando regadíos y perforando pozos ilegales antes y después de la entrada en vigor del plan de cuenca [del Segura] de 1998, a pesar de que este mantuvo la prohibición de nuevos regadíos de aquel decreto”. Contrasta que mientras en Cuenca y Albacete (básicamente cuencas del Tajo y del Júcar) las multas por perforar nuevos pozos eran de órdago (hasta 5 millones de ptas. de la época por 500 litros extraídos en los años 80) y se perseguía con saña regadíos ilegales, en la periferia (cuencas del Júcar y del Segura) se cometían las mismas infracciones de forma masiva y tolerada. A mi juicio eso ahora tiene premio y constituye una auténtica humillación y un insulto hacia los castellanos que sí cumplieron e incluso creo que puede ser delictivo.

“En el año 2000, [fueron los sindicatos regionales murcianos], tanto CCOO como UGT, quienes plantearon al consejero de Agricultura de Murcia, el popular Antonio Cerdá (todavía en el cargo), la necesidad de una ley de punto final para los regadíos ilegales. En aquella época, el director general del Agua en la Consejería murciana era el actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, que pasó a este cargo tras la victoria electoral de Mariano Rajoy (PP)”. Como puede deducirse, mientras murcianos y valencianos mangonean continuamente a su favor las Confederaciones del Segura y del Júcar con total descaro, pese a que son administraciones no transferidas a las CCAA, los castellanos pasamos la mano por la pared una y otra vez sin que nadie, desde Castilla o desde la administración central, ponga remedio a esta lamentable e injusta situación cuyas consecuencias económicas son devastadoras para el interior.

“La petición de los sindicatos murcianos fue acogida con interés por el Gobierno murciano, según reflejó la prensa de la época, pero no se pudo llevar a cabo porque habría sido necesario cambiar injustificadamente el plan apenas dos años después de su entrada en vigor [lo que demuestra que fue premeditadamente tolerada] y cuando el foco ya estaba puesto sobre los caudales del trasvase Tajo-Segura por las dudas existentes sobre su correcta utilización”. Hoy, en cambio, sí se quiere llevar ya a cabo y con todos los parabienes de legalidad. 

Con el boom inmobiliario vivido en amplias zonas de la costa mediterránea durante una larga década, “los usos ilegales del agua de regadío aumentaron exponencialmente para favorecer y abastecer las nuevas construcciones de viviendas y campos de golf [muchas también ilegales], y aumentar la superficie agrícola productiva sin ningún control efectivo real. Consecuentemente, el fiscal estatal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, inició investigaciones y procedimientos judiciales en la cuenca del Segura contra una treintena de grandes empresas y comunidades de regantes por cambiar los usos del agua, comerciar ilícitamente con ella y abrir nuevos pozos sin autorización. Estas prácticas habían quedado expresamente prohibidas en real decreto-ley 3/86”.

“Los procedimientos iniciados por Valerio suscitaron una agria polémica nacional sobre los usos del agua en la cuenca del Segura porque eran los tiempos en que el Gobierno de Aznar (PP) estaba dispuesto a atender las peticiones de los presidentes regionales populares de Murcia (Valcárcel) y Comunidad Valenciana (Zaplana)”, dos de sus grandes graneros de votos precisamente por asuntos como el del agua, “y consagrar un nuevo trasvase esta vez desde el río Ebro al Segura en el Plan Hidrológico Nacional”, (lo que liberaría de presión a los exhaustos Tajo y Júcar, permitiendo así, quizá en un futuro próximo, regadíos en el interior castellano), que se elaboraba con la fuerte oposición de Aragón (donde el antitrasvasismo pone y quita gobiernos) y más tarde de Cataluña (inicialmente CiU si apoyó el PHN de Aznar, que les pagó con otras mercedes, pero al ver que otras formaciones nacionalistas catalanas competidoras le quitaban la merienda electoral, CiU decidió desautorizarse a sí misma y oponerse).

“Como la ley de punto final, los sumarios de Valerio quedaron en nada y duermen el sueño de los justos en los juzgados comarcales en los que recayeron”, lo que da idea de la politización y el deplorable estado de la justicia de este país, “mientras las grandes empresas agrícolas de la cuenca del Segura continúan con los usos del agua que les parecen para mantener en explotación miles de hectáreas de regadío ilegales”.

“La fiscalía estatal inició unos 130 expedientes derivados de denuncias de la Guardia Fluvial realizadas entre 1983 y 2002 y que afectaban, entre otros, a grandes grupos agro-industriales (Grupo Paloma, Lo Romero-Frocap, Hernández Zamora, Juan Jiménez, etc.) y a comunidades de regantes (Águilas, Fuente Álamo, Lorca, Mazarrón, Mula, etc.) que operan la mayoría en la zona de regadíos de la cuenca del Segura próximas a la costa. Todos ellos explotan decenas de miles de hectáreas de regadío del medio millón que tiene la cuenca segureña”, continúa el citado medio.

“El nuevo plan de cuenca del Segura legalizará los usos ilegales del agua que tantos ríos de tinta han hecho correr en los últimos veinte años. Una verdadera ley de punto final que beneficia a grandes empresarios agrícolas, a costa, como siempre, de la teta castellana"

Mientras, y esto es importante destacarlo, “las explotaciones de pozos del Segura de menos de 7.000 metros cúbicos al año para regadío siguen totalmente prohibidas en el proyecto que está en información pública”, no así de los grandes pozos, lo que da idea de otra de las intenciones del plan: beneficiar a los grandes grupos agro-industriales murcianos y alicantinos. Es decir, que la idea original de CCOO y UGT de Murcia, o bien se pensó para los grandes terratenientes o han servido de tontos útiles. “El nuevo plan de cuenca del Segura legalizará, si llega a ser definitivo en los términos descritos en el borrador, los usos ilegales del agua que tantos ríos de tinta han hecho correr en los últimos veinte años. Una verdadera ley de punto final que beneficia a grandes empresarios agrícolas”, a costa, como siempre, de la teta castellana a la que se puede exprimir sin límites y sin compensación económica alguna. Para un servidor, la conclusión es clara: el Estado no nos trató ni nos trata por igual, Castilla vuelve a perder y la periferia vuelve a ganar. Y Cospedal, como antaño Barreda y Bono, en el guindo.

¿Jaque mate al Corredor Central ferroviario?

Por Javier Martínez.

La nueva ministra de Fomento, Ana Pastor (PP), no consigue recuperar el Corredor Central ferroviario de mercancías tumbado y mutilado por Zapatero a petición de los peris mediterráneos unos días antes de perder las elecciones. Por el contrario, los corredores ferroviarios Mediterráneo y Atlántico continúan su andadura y si figurarán en la lista final de proyectos prioritarios de la UE, lo que les permitirá acceder a financiación comunitaria extra, según el compromiso ratificado el 10/06/2013 por los ministros de Transporte de los Veintisiete y difundido un día después (Europa Press). La lista final de proyectos prioritarios no incorpora el corredor ferroviario central, que pretende conectar España y Francia a través de un túnel de baja cota por el centro de los Pirineos, y que había sido reclamado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, y por los eurodiputados del PP y del PSOE, éstos últimos solo tras perder las pasadas elecciones generales. No obstante, este proyecto si podrá beneficiarse en los próximos años de financiación para más y más estudios previos. Si se ha incluido el AVE a Galicia, que hasta ahora no había recibido financiación de la UE, excepto en el tramo Olmedo-Zamora, así como la interconexión del Ebro Castejón-Logroño-Miranda. Ese es el pobre resultado de lo conseguido para Castilla y el interior español. Por cierto, el puerto de Almería lo dejan fuera, así les pagan el haber pedido a Andalucía el apoyo al corredor Mediterráneo frente al Central. La abiertamente secesionista Cataluña sigue siendo la niña bonita del Estado. ¿Ustedes lo entienden? Si cuando yo digo que lo mejor es darles una patada en el culo y expulsarles de España…